Novelo amañó contrato con Iberparking, Ensenada sufrirá las consecuencias

Fotos: Enrique Botello
 
Edición Impresa lunes, 20 enero, 2020 01:13 PM

Pese a la información de que la empresa ganó un fallo al Ayuntamiento, la batalla legal apenas inicia. Gobierno municipal está consciente de que los efectos podrían ser económicamente catastróficos, debido a que la administración anterior negoció con desventaja para la ciudad

Una decisión unilateral de los ediles del XXII Ayuntamiento de Ensenada, de aprobar un contrato de concesión con la empresa Iberparking, SA de CV, dejó a la ciudad sumida en un largo litigio que prevén se resuelva en 2023, estimó el jurídico del actual gobierno municipal.

A casi un año de firmado el contrato de concesión y de que se hablaba de una situación crítica de movilidad urbana, la Zona Centro se encuentra “en relativo orden”, manifestó Noé Espinoza, vendedor de equipos electrónicos en la calle Castillo.

“Si funcionara de manera eficiente lo usaría, para mí esa es una solución eficiente, debe ser inmediata”, consideró.

En tanto que el alcalde Armando Ayala, considera que el contrato signado en 2019 es injusto para la ciudad, y asegura estar consciente de que hubo un fallo por parte del juez, sin embargo, la administración seguirá interponiendo los recursos legales pertinentes, ya que las consecuencias para la ciudad podrían ser económicamente catastróficas.

De no acatar los resultados, el Ayuntamiento pagaría hasta 400 millones de pesos porque en la anterior administración municipal “algunos cuantos” hicieron provechosas negociaciones.

“Es corrupción que se heredó, porque cuando no se hacen las cosas justas, pasan estas cosas”, calificó.

La instrucción que dio fue realizar una revisión a fondo de dicho contrato, una de las cláusulas que sobresalió fue la del porcentaje de ganancia (70% a la empresa y 30% para el Ayuntamiento).

Mientras se resuelve el problema legal, el funcionario planteó la posibilidad de concluir con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y la modernización catastral.

Estima que el gasto entre ambos programas es de 19 millones de pesos, de los cuales 14 millones serían para actualizar Catastro, a la par de ir desarrollando circuitos para tránsito fluido en próximos días, desde El Sauzal hasta Maneadero, a través de la sincronización de semáforos.

 

DIPUTADOS IGNORAN SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO

Iberparking, empresa ganadora de la licitación, acordó con el ex alcalde Marco Antonio Novelo Osuna; la oficial mayor Mónica Vargas Núñez; la jefa de Recursos Materiales, Sandra Melgoza y el secretario general del Ayuntamiento, Iván Barbosa, que las ganancias obtenidas por el uso de estacionómetros se dividiera 70-30 para el gobierno municipal.

Con las ganancias del Ayuntamiento, este se obligaba a invertir un porcentaje a la vigilancia de equipos, servicio de arrastre e infracciones en un perímetro que abarcaba no solo la zona comercial donde está el mayor problema, sino en zona habitacional.

Matilde López Chávez, directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, fue la encargada de levantar un estudio para justificar el problema. En aquel momento declaró que el déficit era de 2 mil 333 cajones. La propuesta fue colocar 195 estacionómetros para operar 3 mil 500 cajones.

Con esos argumentos donde califican un contrato “ventajoso” para la empresa, los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), representados por el abogado, José Antonio Bustamante Arvizu, presentaron un histórico juicio político.

El trámite se hizo contra el entonces presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna; la síndico procuradora Laura Karina Castrejón; los regidores priistas Ricardo Medina, Samuel Albestrain, Bertha Martínez, María Rosa Guzmán; el regidor Orlando Toscano (ex petista); el diputado independiente Rodolfo Mellado; así como los regidores Norma Silva (de Partido Nueva Alianza) y David del Moral (Partido de la Revolución Democrática).

Al no tener un pronunciamiento por parte del anterior Congreso del Estado, asumieron un comportamiento omiso. Los diputados de la actual Legislatura también han dejado pasar el asunto, por lo que fue necesario promover el juicio de amparo 36129, concedido el 11 de diciembre de 2019.

Diagnóstico en dos zonas

Zona Turística y Centro Histórico

Desde las calles Ryerson, Juárez y Miramar, hasta Virgilio Uribe, donde hay 684 espacios en la vía pública. Se han detectado 546 cajones de estacionamiento.

 

Zona Centro

Ryerson, Séptima, Castillo y Bulevar Costero, donde estiman 3 mil 883 cajones con mil 320 estacionamientos privados. La suma de espacios arroja 5 mil 203, con un déficit de mil 655 cajones.

Bustamante Arvizu sigue en espera de que los diputados hagan caso de la instrucción, sobre todo aquellos que resultaron electos por un distrito en Ensenada.

 

ANTERIOR CABILDO SE QUISO APROVECHAR

En noviembre de 2018, el cuerpo de ediles aprobó el Reglamento para el Servicio de Estacionamientos en la Vía Pública y la modificación al Reglamento de Tránsito Municipal.

Tres meses después (febrero de 2019), Oficialía Mayor lanzó la convocatoria a la que solo respondió una empresa: Iberparking, SA de CV. Otras dos, cuyo nombre nunca se dio a conocer, al parecer no cumplieron con los requisitos.

Una vez firmado el contrato y sin socializar el asunto, surgieron las manifestaciones por parte de organismos empresariales y locatarios, quienes comenzaron a elaborar denuncias penales y juicios políticos.

Antes de concluir la administración, la Sindicatura Municipal a cargo de Karina Castrejón Bañuelos, así como el entonces alcalde Marco Novelo Osuna, interpusieron una demanda de revocación del contrato de concesión, que en palabras del abogado Antonio Bustamante, está mal planteada porque ambos ex funcionarios carecen de legitimación o facultades para interponer tal recurso legal.

Los integrantes del pleno de Cabildo debieron actuar. “Se trataba de un acto de Cabildo, ellos debieron mediante una acción, revocar actos”, sentenció el litigante que ha dado seguimiento y ventilado la cadena de supuestos errores.

“Pero hay más para evitar que se coloquen los parquímetros, en caso de que el Ayuntamiento pierda la demanda, se podrá presentar una denuncia de manera colectiva entre los afectados”, expuso.

Se trata de agrupar a cierto número de personas con objeto de revocar el contrato bajo un juicio de amparo indirecto donde se demuestre que son residentes del área donde se instalarán los parquímetros y cómo les afecta.

Esta herramienta se presenta ante un juez de Distrito federal y se encuentra en el Código Federal de Procedimiento Civiles.

“Nuestro reclamo es cómo se hicieron las cosas, los costos que se acordaron y el daño económico a un sector de la sociedad. De entrada, por la licitación donde Iberparking comparece presentando todos los requisitos, la segunda empresa al final no compra las bases y la última no se presenta”, argumentó Bustamante.

Federico Luna Serrano, director del departameto jurídico de Ensenada.

 

JUICIO APENAS COMIENZA

A consideración de Federico Luna Serrano, jurídico del Ayuntamiento, el Tribunal de Justicia Administrativo en Baja California, a través de la Tercera Sala en Ensenada, no entró al fondo del asunto en la demanda contra Iberparking. Sobreseyó el asunto  porque “no es un acto definitivo”, subrayó.

No obstante, la sentencia definitiva del magistrado con fecha 10 de diciembre de 2019 será impugnada mediante el recurso de revisión administrativa contemplado en el Artículo 94, fracción IV, de la Ley Estatal del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que no ha quedado firme (no ha causado ejecutoria).

De esta forma, al no haber concluido el juicio, el XXIII Ayuntamiento de Ensenada plantea la interposición del recurso administrativo dentro del plazo legal de diez días siguientes a la notificación de sentencia en el juicio de lesividad 138/2019 contra Iberparking.

Uno de los argumentos por el cual se demanda la lesividad, es que no se cumplió con el procedimiento para la expedición del contrato de concesión. El contrato sí es un acto definitivo porque puede crear derechos y obligaciones a favor de la empresa.

Luna mostró una serie de jurisprudencias o criterios para asuntos similares, en los cuales, en cuestión de amparo, sí se consideran actos definitivos, y estimó, el procedimiento podría tomar de dos a tres años.

“Es el término que en un momento dado pudiéramos tardar, pero tenemos el recurso de revisión y el amparo indirecto si no fuera favorable”, advirtió.

 

“NO ES CAPRICHO”: CANACO

Desde 2018, los comerciantes estaban intranquilos porque meses antes del proceso de licitación, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo recibieron la visita los empresarios de Iberparking, presentándose como futuros inversionistas.

Jorge Menchaca Sinencio, dirigente de Canaco Ensenada, aclaró que no se trata de un capricho suyo o de los agremiados contra Iberparking.

“Estamos conscientes de que se trata de una empresa seria, que emite facturas y tiene domicilio legal, incluso cumple todos los requisitos para ser un agremiado más de Canaco”, aclaró.

“Lo mismo consideramos que fue la manera en que se concedió la entrega de estos parquímetros, porque sabemos que no fueron lo más transparente y forman parte de un plan de movilidad”, complementó.

El plan fue colocar estos equipos en un perímetro que abarca desde Calle Séptima al Bulevar Costero, y de Ryerson al Arroyo Ensenada, generando problemas en varias áreas consideradas residenciales. Para ello se contemplaba el trámite anual de un tarjetón donde se demostrara que quien se estaciona es el propietario del inmueble o arrendatario.

Para los vendedores organizados, lo justo es que se lleve a cabo un plan de movilidad donde se considere la instalación de estos equipos, de preferencia con un cien por ciento de ganancia para el gobierno.

“Que generemos un círculo virtuoso donde la gente llegue se estacione y al mismo tiempo aporte el recurso de recuperación para la manutención de esa calle, seguridad, alumbrado o pintura”, no como se tenía definido, con la ventaja a un consorcio donde nadie sabría adónde iría ese dinero,  y “definitivamente el anterior gobierno no pretendía ofrecer una distribución  equitativa”.

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