Como temas irresueltos del Ejecutivo sudcaliforniano, sus gobernados plantean que en seguridad, tiene pendiente invertir en prevención y mejorar la atención a víctimas. En lo económico, generar empleos pese a la reducción de las participaciones, fomentar la inversión en coparticipación con empresarios y buscar formas novedosas de inversión en pesca, agricultura, acuacultura, cuyos presupuestos fueron impactados por el recorte federal. También demandan invertir en servicios de agua, luz y caminos en zonas de mayor crecimiento hotelero como Los Cabos y La Paz
El panista Carlos Mendoza Davis llegó a su cuarto año de gobierno sin cumplir con la totalidad de sus promesas de campaña.
“Diría que de las promesas de campaña, tenemos cumplidas más del 95% y lo tenemos perfectamente cuantificado. Los principales logros sin duda alguna han sido el mantener la calma y la tranquilidad en Baja California Sur, después de que pasamos varios meses con violencia. El crecimiento económico y la generación de empleo formal muy bien remunerado, la disminución de la pobreza…”, enlistó el gobernador de BCS.
“Fuimos líderes nacionales en crecimiento económico, con una tasa anual promedio superior a 10% en los cuatro años que lleva esta administración”, recalcaría.
Según encuestas de opinión, en 2019 Mendoza se ubicó como el gobernador que más incrementó su aceptación en México. Solo entre septiembre y octubre pasó de 45.9 a 55.3%, creciendo 9.4% en las preferencias. Sus bonos subieron a partir de la inversión en la Villa Deportiva y el Malecón de La Paz, después que en 2018 fue duramente criticado.
“Estar entre los tres gobernadores del país mejor evaluados, de acuerdo con Mitofsky, es un gran honor, solo puedo corresponder con más trabajo y resultados para las y los sudcalifornianos. De corazón, gracias por su confianza”, celebró el Ejecutivo del Estado.
Pero sabe aún tiene una serie de pendientes: no ha podido consolidar la atención a las víctimas del delito, de desaparición forzada; brotes de violencia ante la relajación de seguridad; falta de igualdad laboral en los agentes de seguridad pública, falta la rehabilitación de las instalaciones de los Centros de Reinserción Social; bodegas de certificación para el sector pesquero y, aunque la brecha de desarrollo social y pobreza se ha reducido, aún hay familias sin servicios.
De hecho, para muchos no ha quedado clara la postura del gobernador respecto a la instalación de proyectos mineros que atenten contra el medio ambiente, aunque ha sostenido que “es un rotundo no” a la minería tóxica.
Mendoza ha sido criticado por la inversión que ha destinado a la comunicación social, con la advertencia que debería invertir menos en imagen y más en prevención.
“Debe enfocarse en el próximo año en invertir más en campañas de prevención para bajar ciertos índices, como el de violencia familiar, violaciones y delitos que ocurren más en casa”, asegura Santiago Roel, director de la asociación civil Semáforo Delictivo.
INSEGURIDAD, EL PENDIENTE
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, la percepción de inseguridad disminuyó de 61.5% ciudadanos de 18 años o más que pensaban que vivir en BCS era inseguro en 2015, a 48.2% el año que recién concluyó. La sensación de mejoría en seguridad fue de 13.6%.
Sin embargo, en la opinión del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal, Carlos Mendoza Davis ha quedado a deber en una verdadera política de prevención del delito, “que se contara de manera alternativa, evaluación de programas de prevención para la efectividad de la implementación; no debemos omitir que si bien la seguridad ha mejorado, es por la presencia de las Fuerzas Armadas que vinieron a reforzar las corporaciones”, indicó Silvia Lupián Durán.
También hablaron de reducir los tiempos de atención a las víctimas del delito y de apoyar a los afectados, no revictimizar al ofendido.
“Eso ocurre a diario al hacer esperar a una víctima de violación, pasan muchos mundos por su cabeza y no hay atención”, externó a ZETA Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Los procedimientos para la reparación
De promesas y avances
En su Informe de Gobierno, Carlos Mendoza Davis habló de sus compromisos cumplidos, algunos en proceso, como generar un programa de proveeduría interna, en valor agregado con centros de acopio de productos en el sector primario, y dotar al Instituto de Transparencia con autonomía y mayores herramientas de sanción a servidores públicos, que tiene un recorte del 40% en sus recursos.
Se ha cumplido con las declaraciones de servidores públicos del gabinete legal y ampliado, al igual que con la entrega de útiles y uniformes escolares a primarias y nivel secundaria, así como becas de transporte a estudiantes.
De igual forma, el involucrar a la sociedad y observatorios ciudadanos en la transparencia, buscar esquemas de financiamiento para acciones de vivienda, brindar atención a personas con discapacidad y oportunidad para adquirir una vivienda. Apoyo en transporte y adecuación de infraestructura urbana, incentivos fiscales para patrones que opten por contratar personas discapacidad y jóvenes.
Por último, el turismo como sector estratégico-económico y el relanzamiento de Loreto, son otros logros consolidados por el Gobierno del Estado de Baja California Sur. No obstante, la Ley de Movilidad sigue paralizada.
del daño son tardíos, atender a víctimas ocurre a medias, algunas deben salir del Estado para recibir verdadera atención, “de verdad, nos gustaría que la estructura de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas contara con un presupuesto, que se desvincule la Procuraduría, que no tiene por qué ser juez y parte. Esta Comisión debe ser autónoma, contar con sus propias instalaciones, vehículos y áreas para atender a los ciudadanos, y no seguir simulando que tenemos atención a víctimas”, complementó Silvia Lupián Durán.
En contraparte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) celebró el número de personas afectadas atendidas durante 2019: 2 mil 527 en la Dirección de Atención a Víctimas, donde personal especializado proporciona orientación jurídica, atención psicológica y de trabajo social de forma gratuita.
“Se recibe a las víctimas, directas o indirectas de un delito, una vez que se interpuso la denuncia ante el agente del Ministerio Público. Los principales delitos que se atienden son violencia familiar, delitos sexuales, amenazas y desaparición de personas. Esta área de la PGJE cuenta con personal capacitado para brindar atención de calidad y calidez a toda aquella persona que lo necesite”, dijo Denisse Guadalupe Acosta Romero, directora de Atención a Víctimas.
“La Procuraduría cuenta con un área específica para atención a víctimas, pero el presupuesto es muy mínimo y no alcanza para atender verdaderamente a quienes lo requieren, ya que la institución destina prácticamente lo que le sobra, y no como debiera de ser, una atención prioritaria. La Dirección está rebasada”, reconoció la representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal.
Los compromisos de seguridad
Elaborar un Plan 6×6, eje y acciones específicas e inmediatas para garantizar el regreso de la tranquilidad Baja California Sur.
Primer Eje Rector. Prevención del delito:
– Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
– Obligar a instituciones y gobiernos a implementar estrategias para prevenir el delito, antes de que se cometa
Acciones para la seguridad coordinada entre ciudadanos y servidores públicos:
– Programa de eliminación de las calles al 100%, poniendo en marcha alumbrado público con apoyo de municipios
– Rescate de espacios públicos
– Cinco Observatorios de Seguridad Pública
– Programa Integral de Control de Adicciones
Segundo Eje Rector. Tener Policía Honesta y Comprometida:
– Garantizar condiciones laborales y operatividad de cuerpos policiacos
– Capacitar en la Academia Estatal de Seguridad Pública, reconocer y estimular a buenos elementos
Tercer Eje Rector. Combate Frontal a la Delincuencia:
– Diseñar estrategias y tácticas y evaluar la estrategia
– Centro Estatal de Política Criminal y Mesa de Seguridad Pública
– Mapa delictivo y semaforización criminal
– Filtros de seguridad
Cuarto Eje Rector. Justicia Rápida y Expedita:
– Instalación de Centros de Justicia Penal
– Mediación a través de justicia alternativa
Quinto Eje Rector. Reinserción Social de Internos:
– Educación de reclusos
– Inserción laboral
– Modernización de penales
Sexto Eje Rector. Combate a la Corrupción:
– Modificaciones a la legislación para castigo a servidores públicos corruptos
– Declaraciones 3de3 como condición para servidores públicos de gabinete legal y ampliado
– Transparencia
No se ha cumplido:
– Modernización de penales; solo el de La Paz ha recibido atención, en tanto que el de Loreto fue cerrado
– Inserción social y laboral, justicia laboral para oficiales.
Asimismo, la justicia alternativa es lenta, la atención a víctimas del delito retardada y en ocasiones nula; y la prevención del delito no cuenta con medición o evaluación visible.
La inseguridad por delincuencia organizada pasó a segundo término, pues se encuentra en estatus de contención, pero se descuidó la parte social.
En Semáforo Delictivo, BCS tiene focos encendidos en Rojo por delitos como violencia intrafamiliar, violaciones, narcomenudeo y robos en sus diversas modalidades.
Los activistas coincidieron en que la aplicación de la justicia sigue arrasando el nivel de impunidad, pero en materia social hace falta inversión o redirigir la comunicación social a informar sobre mecanismos y delitos.
ESPERAN DESACELERACIÓN DE BCS
“Más allá de lo que el Presidente de la República ha dicho en sus conferencias mañaneras, hablando otros datos que él tiene, la realidad es que la economía mexicana, y también de Baja California Sur, ha tenido una desaceleración; hemos visto cómo el crecimiento económico del país está en ceros, algunos hablan de punto uno negativo y eso se ha convertido en un retraimiento del consumo, una falta de confianza de las inversiones”, opinó Fabricio González, presidente del Comité de Innovación y Estandarización de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Para los empresarios de BCS, 2019 fue un año complicado, pero gracias a los proyectos económicos y de inversión, se generó cierta riqueza, empleos y un Producto Interno Bruto estable, a diferencia del escenario nacional.
No obstante, ven 2020 como un año difícil, pues el presupuesto aprobado no contará con recursos para inversión en infraestructura, “los recortes presupuestales han provocado que el sector empresarial tengo un impacto negativo y no deseable, vemos 2020 muy complicado para nosotros, el gobierno nuevamente genera un presupuesto federal que no contempla infraestructura, sigue
apostando al reparto del dinero a los programas sociales. La sociedad necesita más recursos, pero el camino es recuperar el consumo y la confianza en las inversiones”, advirtió el representante de la Coparmex nacional.
Al respecto, el gobernador Carlos Mendoza Davis reconoció que el recorte dejará mal parada a su administración: “No estamos en contra de que se vayan grandes cantidades a programas sociales pero la mejor política social es el empleo mejor remunerado”.
El coordinador de Programas Federales, Víctor Castro Cosío, defendió la postura del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluso que no es tal y como lo mencionó el Gobernador Mendoza: que BCS no se quedará sin recursos, que será suficiente para seguir con el crecimiento de la entidad.
“Lo más importante es que ningún Estado de la República, en ningún proyecto de los más importantes que el Gobierno Federal ha priorizado, van a quedar sin recursos, todas las entidades federativas, de acuerdo al pacto federal, se han mantenido, se mantiene el presupuesto. Hasta el día de hoy el país está tranquilo en torno al presupuesto, creo que en 2020 habrá crecimiento, va a haber bienestar”, concedió Castro Cosío.
Aunque fue claro al precisar los programas que “el Gobierno Federal ha priorizado”, solo lo que el Gobierno central ha decidido, es lo que recibirá, no lo que se requiera.
Para evitar un duro golpe por la recesión económica a nivel nacional, BCS debe seguir el mismo camino de inversión, con coparticipación de empresarios y sostenimiento de ciudadanos en situación de pobreza extrema. “Para eso necesitamos que nuestro Estado siga su propia ruta y evitar caer en una recesión franca y abierta; que podamos nosotros, seguir la ruta del crecimiento”, expuso el gobernador Mendoza Davis.
“Necesitamos un presupuesto, que ocupe detonar empleo, detone desarrollo y de esta manera, como se ha presentado y autorizado el presupuesto, nos pone en una condición muy difícil a Baja California Sur”, remató Isidro Jordán Moyrón, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.
INCIERTO PANORAMA DE DESARROLLO
“En estos cuatro años, el estado ha sido el de mayor crecimiento en Producto Interno Bruto, es uno de los estados con mayor crecimiento, ha tenido mayor abatimiento de la pobreza laboral, que es uno de los de mayor nivel de ingresos per cápita de su clase trabajadora, y por consiguiente, todos esos logros se han visto en un impacto en la vida diaria de los sudcalifornianos”, refirió Fabricio González desde la Coparmex.
“Vemos muchos logros en el sector salud, un sistema de salud más robusto, con mayor infraestructura e inversión; vemos un sector educativo que le ha apostado a generar una mejor estructura escolar, vemos también en la parte de infraestructura deportiva”, agregó.
Pero temas como el Centro Estatal de Oncología, prometido en campaña por Carlos Mendoza Davis, que se ven lejanos tras el recorte presupuestal.
El secretario de Administración y Finanzas de BCS, Isidro Jordán, aclaró algunos de los golpes en el presupuesto:
“Toda la inversión en los programas recurrentes para la pesca, agricultura, acuacultura, presenta recortes muy fuertes, así que estamos revisando de nuevo cómo vamos a hacer frente y correr 2020 sin sobresaltos”.
Pero antes de pensar en mayor inversión en obra pública, se debe atender la necesidad de los ciudadanos, y si hay crecimiento en obra y mayor inmigración -principalmente Los Cabos-, carecerá de servicios básicos para familias que llegaron a trabajar.
“Vemos que esta gran inversión y crecimiento turístico y económico, genera una gran necesidad de servicios, y obviamente tiene mucho que hacer, no solamente cobran relevancia para el Estado, también para los municipios y el Gobierno Federal, porque toda esta inmigración está generando alto crecimiento en Los Cabos y demandas de servicios públicos. Evidentemente es uno de los pendientes”, concluyó por su parte Fabricio González.