En el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, decidieron que era mejor no cabildear la mayoría de los impuestos que tenía planeado aumentar. Consideraron que lo correcto era empezar enfrentando a los empresarios, para después sentarse a platicar.
Con ese esquema, las primeras semanas de enero, el mandatario y sus secretarios han dedicado buena parte de su tiempo a “analizar” junto a los representantes de los sectores productivos algunos modelos en los que se paguen “impuestos justos” y no se afecte la productividad en Baja California.
Otros, como los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ya ofrecieron a los bonillistas hacerles el trabajo, diseñándoles un plan de emergencia para solventar la crisis financiera que vive el Estado, que no incluya los aumentos.
Además, el soez comportamiento del ingeniero Bonilla, que decidió llamarlos “puercos” y chillones”, sigue dando elementos a un tercer grupo de inversionistas que permanecen inconformes y buscando caminos legales para evitar los pagos, y de acuerdo a fiscalistas consultados, con altas posibilidades de éxito.
Resulta que la premura con la que diputados de BC aprobaron en una jornada extraordinaria -el 31 de diciembre de 2019- una serie de impuestos adicionales, votados después de aprobarse la Ley de Ingresos y cuyos recursos extras tampoco fueron considerados en el Presupuesto de Egresos, fue más que uno de tantos mayoriteos del partido en el poder.
Jorge Pickett, licenciado y defensor con especialidad en Derecho Fiscal y prevención de blanqueo de capitales, aseguró esta semana que, aparte de la mencionada sesión que violentó el proceso legislativo, algunas de las determinaciones como el alza de impuestos, son inconstitucionales al violar el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
Lo cual se traduce en que “… impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y contribuciones de seguridad social deben cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, y que todos los importes deber ser dirigidos al gasto público”.
De las inconstitucionalidades, el especialista ejemplificó:
El impuesto de hospedaje, que grava la renta de un cuarto para habitar por día, es un acto único, un solo hecho generador que el gobierno de Jaime Bonilla y su mayoría legislativa decidieron tasar de forma inequitativa y desigual, ya que para los hoteles y plataformas digitales asignaron impuestos del 5%, y para los moteles del 7%.
La pregunta del ciudadano que terminará pagando el excedente del impuesto debe ser: ¿Por qué pagar más impuesto por quedarse en un motel, que en un hotel o una casa rentada a través de una plataforma digital?
El hecho de etiquetar fondos también fue cuestionado por el abogado fiscalista, quien sin desestimar la utilidad de que los sectores tengan mayor presencia en la toma de decisiones de gobiernos que se han caracterizado por corrupción y manejo opaco de recursos, “asignar recursos desde la Ley de Ingresos a un sector específico, es una violación constitucional al principio de gasto público”, planteó Pickett.
Argumento con base en que, por principio, si los impuestos son para todos, entonces los beneficios que resulten deben ser también para todos. Básicamente es un tema de procedimiento, no debieron etiquetar en Ley de Ingresos, sino en el Presupuesto de Egresos.
Por su parte, algunos gasolineros han recordado que la Constitución es muy clara al señalar que la gasolina y gas como derivados del petróleo solo pueden ser gravados por la Federación. En tanto, la legalidad en el hecho de que el gobierno de BC pretenda un impuesto al combustible, justificándolo como un gravamen ambiental por la venta, es un tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar.
A lo anterior habrá que sumar y analizar las irregularidades cometidas durante el proceso legislativo la última noche de 2019, por diputados que prometieron cumplir y hacer cumplir las leyes. Los mismos que terminaron votando en mayoría dictámenes incompletos, sin información, con meras discusiones políticas sin análisis de fondo. Textos que se votaron con errores, se publicaron en el Periódico Oficial y después debieron ser corregidos y publicados sin pasar por sesión.
Total que, aunque los impuestos empezaron a correr a partir del 1 de enero y sus primeros pagos deberán reportarse a más tardar en febrero, a mediano plazo, la falta de información de formalidad y de pulcritud en el proceso, tiene altas posibilidades de resultar contraproducente al erario.
