Luego de tocar las puertas de varias dependencias gubernamentales y de escuchar las promesas de políticos de la entidad por cuatro años, las familias que permanecen en la zona afectada por los derrumbes en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, no creen en los compromisos de las nuevas autoridades y exigen que estos les sean entregados en físico.
“Estamos cansados de que nos digan puras mentiras y que no nos den una garantía en papel de que en verdad nos van a ayudar. Pedimos que nos den lo justo”, expresó uno de los vecinos a Semanario ZETA.
A partir de la declaratoria de zona de desastre, se les extendió un acuerdo para ser beneficiados con un apoyo mensual de hasta tres mil 500 pesos para pagar una renta temporal, a cambio de la autorización para que la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Territorial (Sidurt) proceda a demoler las casas dañadas.
Sin embargo, al considerar que el documento está incompleto -por no incluir la garantía de la reubicación y la reposición del patrimonio perdido-, la mayoría de los vecinos se han negado a firmarlo.
“Ya se está afinando el contrato. Uno de los detalles que les preocupa es la temporalidad del apoyo. Que [el contrato] no diga seis meses o un año, sino el tiempo en el que logremos encontrar la solución, ya sea entregarles una casa o dinero para que construyan otra”, explicó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California.
Comentó que será este viernes cuando se analicen las alternativas de reubicación, considerando las propuestas del gobierno y las que entregaron los mismos vecinos. Para el próximo martes 14 se les ofrecerá las opciones definitivas a los damnificados, y así comenzar con el proceso de desalojo y demolición de las viviendas.
“Esto se debe hacer en cuestión de días, no podemos permitir que la gente siga viviendo en esas condiciones. Se va establecer una solución para que ellos puedan rehacer su vida, con las mayores posibilidades de dignidad”, dijo el funcionario federal.
Es por esto que los servicios públicos no han sido reparados como esperan los afectados, quienes compartieron a este Semanario que se sienten “presionados” por parte de las autoridades cada que les aplican un corte de luz o de agua, o cuando no acuden a reparar las fugas de drenaje, que han sido una constante en la calle Casiopea los últimos años.
“No podemos regresar el tiempo, las cosas no pueden ser como fueron en el mejor momento que estuvieron ahí. Lo que estamos tratando de hacer es una solución para que ellos puedan retomar sus vidas”, añadió Ruiz Uribe.
Ante los rumores que surgieron en la colonia de que podría suceder un desalojo a la fuerza, por la negativa colectiva de firmar el acuerdo, el funcionario advirtió que esos eran “chismes” y que no se prestaría para proliferarlos, pues la intención es continuar con las acciones de manera pacífica.
