Empresarios de Baja California, congregados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), rechazaron rotundamente la creación de nuevos impuestos así como el incremento de gravámenes, avalados por el Congreso local, el pasado 31 de diciembre.
Durante una reunión, celebrada este lunes 13 de enero, en Tecate, representantes de más 60 organismos empresariales anunciaron que procederán con acciones legales (juicios de amparo) en contra de las medidas fiscales, y pidieron al gobernador Jaime Bonilla Valdez “respeto a quienes generan empleo y contribuyen al desarrollo económico” de la entidad.
Esto último en referencia a lo manifestado por el mandatario el sábado pasado, cuando arremetió contra representantes de la iniciativa privada al decir que los empresarios que cuestionan el alza en los gravámenes “chillan más que un puerco atorado en un cerco”.
Durante el cónclave empresarial, que duró tres horas, el sector empresarial se dijo “unido y en la mejor disposición de sacar adelante a Baja California”, debido a que “sin lugar a dudas” los nuevos impuestos y el aumento en los gravámenes afectan no sólo a los patrones, sino a la población en general, ya que los impuestos son a la gasolina, el gas LP, servicio de hospedaje, moteles y plataformas digitales como Airbnb.
Coincidieron en que la administración actual establezca medidas adicionales para recaudar más recursos, con el fin de evitar incrementar la carga fiscal a quienes ya pagan impuestos.
Algunas de esas propuestas son: realizar censos para conocer con precisión quiénes no se encuentran contribuyendo y establecer mecanismos para incorporar a la formalidad a dichos negocios.
Otra propuesta es que el gobierno aplique una multa por la falta de circulación y de licencia de conducir a aquellos usuarios con autos de procedencia extrajera introducidos ilegalmente al país, también conocidos como “autos chocolate”.
Además de reducir la nómina del gobierno, así como generar ahorros de gasto operativo e indebido, y ahorros en el sistema de jubilaciones, detalla el comunicado.
Destacaron la falta de metodología del gobierno de Bonilla Valdez y del Congreso, ya que “no han presentado” estimaciones en cuanto al costo-beneficio, cálculos econométricos, ni información precisa referentes a cuánto se terminará pagando y de qué manera se verá afectado cada gremio.
Finalmente, resaltaron, el gobierno mantiene una “indiscutible falta de claridad” del destino de los recursos que se recaudarían con los nuevos impuestos.
