Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arrasó en las elecciones y ganó la presidencia de México en 2018, trajo consigo a personajes que alcanzaron posiciones políticas que no habrían obtenido solos. Uno de ellos era un amigo del presidente que, en unos cuantos meses, se ha convertido en un lastre para él y su partido, Morena.
Gracias al “efecto tsunami” de AMLO, Morena ha ganado, desde 2018, seis de las 32 gubernaturas que hay en el país. La última que obtuvo, en 2019, fue la de Jaime Bonilla en el norteño estado de Baja California.
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AMLO apostó por la amistad para elegir al candidato a gobernador de ese estado: no se realizó un proceso de selección ni encuesta alguna para colocar en la candidatura a Bonilla, un empresario que residía en San Diego, California, donde llegó a tener un cargo público como Comisionado del Agua del distrito Otay Mesa.
Bonilla, quien es dueño de medios de comunicación, expandió sus negocios en el estado en la década de los 80, cuando el Partido Revolucionario Institucional era hegemónico en México y a Baja California la gobernaba Xicoténcatl Leyva Mortera, un priista que representaba el abuso y la corrupción, y que fue retirado en el quinto año de su mandato. Leyva Mortera abrió la puerta de Baja California a los hermanos Arellano Félix, conocidos líderes del narcotráfico, y despertó tal hartazgo social que, en 1989, se convirtió en la primera entidad federativa en ser gobernada por un partido distinto al PRI. En 2019 fue expulsado de su partido tras hacer público su apoyo a la candidatura de Bonilla.
Previo a la fundación de Morena, en 2014, Bonilla ya presumía una relación cercana con AMLO: decía ser uno de sus mecenas y haberlo invitado en diversas ocasiones como huésped distinguido a su casa en Bonita, California. Los unía su pasión por el beisbol, y ahora los separa la responsabilidad del gobierno. Bonilla pasó de ser amigo del presidente a un peso muerto para su proyecto.
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El punto de partida del rompimiento fue el capricho de Jaime Bonilla de quedarse tres años más, adicionales a los dos para los cuales fue electo, como gobernador de Baja California. Esta intentona reeleccionista se dio en el Congreso del estado, a iniciativa de un diputado de Morena y con mayoría panista, al aprobar de manera unilateral una reforma a la Constitución estatal para ampliar de dos a cinco años el periodo de gobierno.
La Constitución local había sido reformada en 2014 para determinar un periodo de gobierno de dos años con el objetivo de empatar las elecciones estatales a las federales intermedias en 2021. Tanto Bonilla como los integrantes de Morena tenían conocimiento de ello. Por esa razón él había señalado su intención de no ser candidato en 2019, sino en 2021 para poder ser gobernador por seis años. Sin embargo, AMLO lo eligió y tuvo que participar en la elección.
Desde ese momento Bonilla intentó en tres ocasiones —dos con el Tribunal Electoral local y una con el Tribunal Electoral federal— cambiar la convocatoria para elegir gobernador y ampliar a cinco años el periodo de mandato. Fracasó sistemáticamente y ya como gobernador electo, los diputados locales cambiaron la Constitución para hacer realidad los deseos de Bonilla. El caso hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia y la controversia se resolverá en las siguientes semanas.
Este ánimo reeleccionista de Bonilla ha tocado a AMLO: ya hay opiniones que señalan que Baja California es un laboratorio político para la propia reelección presidencial de 2024. Si la Suprema Corte avala el intento de Bonilla, nada le impediría a los congresos estatales seguir el nefasto ejemplo del mandatario estatal y manipular los períodos de gobierno.
AMLO no presentó ante la Corte una controversia por el caso de Baja California —como está en su facultad— pero sí declaró que nadie debería estar por encima de la ley al referirse al tema. Esta declaración ha alejado a los otrora amigos cercanos.
El presidente no ha recibido de manera pública al gobernador desde el 1 de noviembre de 2019, cuando tomó posesión. Redujo en más de mil millones de pesos la asignación de presupuesto federal al estado —como lo hizo con otras entidades— y Bonilla, falto de recursos y de creatividad financiera, creó impuestos y aumentó los ya existentes, cuando una de las promesas de gobierno de AMLO fue no aumentarlos. El gobernador, además, entró en una crisis con los empresarios de su estado cuando se quejaron de los incrementos. Les dijo: “Chillan como puercos atorados en un cerco”.
Por sus acciones, pero particularmente por su ánimo reeleccionista, Jaime Bonilla es un lastre para el presidente. A estas alturas, lo que más conviene a AMLO es que la Suprema Corte de Justicia invalide la ampliación de mandato. Así acabaría con este supuesto laboratorio político en Baja California y alejaría el fantasma de la reelección. El presidente ya debe saber que tiene al enemigo cerca, acechando desde el oportunismo en Baja California.
La opinión de Adela Navarro para el @washingtonpost
