En teoría, las leyes de Ingresos de los municipios y Estado de Baja California, debían ser aprobadas en la sesión del lunes 30 de diciembre de 2019, de no ser por el enfrentamiento entre dos diputados que siguieron discutiendo por los límites territoriales entre Ensenada y Rosarito -ya definidos en otra asamblea. El pleito era por cuál municipio cobraría los impuestos en el territorio que estuvo en pugna, y por el cual aún existen amparos.
La discusión provocó que la sesión continuara hasta el martes 31, cuando algunos de los diputados de minoría decidieron contra argumentar respecto al aumento de algunos gravámenes y/o servicios que ya se habían anunciado en las propuestas de los titulares de los poderes ejecutivos en BC.
El incremento al precio por metro cúbico de agua más su acumulable mensual, la reducción de las exenciones en el pago de servicio que tenían para adultos mayores, viudos, pensionados y personas en situación de pobreza, motivo de la disminución del apoyo, fue que aprendan a hacer un uso adecuado del vital líquido.
También tuvieron una leve oposición básicamente del diputado priista David Ruvalcaba y de la panista Eva María Vázquez en los temas de aumentos por pagos de licencias, actas de nacimiento y divorcios. Y el alza al impuesto de espectáculos, casinos y la sobretasa al Impuesto sobre Nómina.
Evidenciaron la falta de transparencia, explicaron que en varios casos no quedaba claro el destino del importe de los incrementos, pero no importó. En diferentes momentos de la sesión, algunos representantes de los partidos aliados a Movimiento Regeneración Nacional, como el expulsado panista Miguel Ángel Bujanda y Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México, propusieron etiquetar los recursos; también fueron mayoriteados e ignorados.
Los legisladores de Morena estaban decididos, y cada vez que la pequeña oposición hablaba de no afectar a la ciudadanía, sus compañeros les recordaban que si hubieran querido hacer alguna modificación, debieron participar en la sesiones de la Comisión de Hacienda. Hablaron de alguna que se llevó más de 15 horas.
Sesiones que evidentemente sirvieron cuando más como extendidos clubes de lectura, porque los diputados no le hicieron reformas, adendas o propuesta a los textos remitidos por el gobernador y los alcaldes.
Por si existían dudas, tan no les importaba el análisis, detalles o la falta de claridad en los destinos del dinero en la propuestas de Ley de Ingresos que recién habían aprobado por mayoría, que horas más tarde de votarla y ordenar su publicación, decidieron sorprender con más incrementos e impuestos a los bajacalifornianos, a los legisladores de oposición, a miembros de sus partidos aliados, e incluso a algunos de Morena que aseguraron no haber sido informados. Aunque eso no evitó que votaran por las alzas en bloque.
Como si fuera una idea de último momento, diferente a los documentos que los integrantes morenistas de la XXIII Legislatura ya habían tenido en su poder por las últimas dos y tres semanas. Ese partido que prometió consultar con el pueblo, se sacó de la manga una serie de dictámenes con temas que no incluyeron en la Ley de Ingresos
El rumor que después se confirmó y se votó a favor, fue el aumento de impuestos a la gasolina, al gas, al hospedaje y a las casas de empeño. Evidentemente los documentos existían con anterioridad, pero decidieron actuar de manera clandestina, furtiva, como si estuvieran cometiendo un delito.
Por urgente y obvia resolución, sin analizar, sin números, sin ver estudios de impacto, sin detalles, sin considerar que esos aumentos se pueden pasar al consumidor final ni establecer medidas para que no suceda.
En cuanto a las cancelaciones o reducciones de exenciones, tampoco hicieron adendas ni exhorto para establecer criterios o sistemas para que, por ejemplo, las verdaderas organizaciones no gubernamentales que luchan por causas sociales reales y durante años han hecho el trabajo que le corresponde al gobierno, puedan comprobar su legitimidad y sigan siendo apoyadas.
Con estas acciones e inacciones, ejecutivos y legisladores evidenciaron su incapacidad para negociar con un sector empresarial al que evidentemente consideran enemigo y para los que no creen tener obligación de gobernar. Y el desdén hacia la opinión de los ciudadanos, los que le dieron su voto y los que no. Amén de la falta de profesionalismo, la aparente y sospechosamente conveniente para ellos ausencia de planeación.
Respecto a los argumentos para el mayoriteo de los morenistas expresados la mayoría de las veces por quien parecía ser el vocero, el diputado Juan Manuel Molina García -ex panista, ex Movimiento Ciudadano-, cierto, es justo que los dueños de casas de empeño y casinos aporten al erario; que los políticos que han inventado organizaciones civiles para aprovecharse del erario, como lo han hecho los que inventan sus empresas fantasmas, dejen de ser favorecidos,
También es verdad que el Estado necesita mayores recursos, pero no se vale que los quieran tener sin definir los usos de manera clara, que pretendan tratar a todos los favorecidos con exenciones como delincuentes sin diseñar procedimientos para separar a los buenos de los malos. Y de nuevo, que pretendan ampliar el recurso sin ampliar la base de contribuyentes ni considerar recuperar lo robado, y sin reducir sueldos.
Sin que los legisladores recuerden que están para generar un equilibrio, no se habla sin una razón opositora, pero como mínimo están obligados a recordar que se les paga por representar los intereses de los gobernados. Tienen el compromiso de analizar, proponer, observar lo que los ejecutivos pasan por alto y puede afectar a los ciudadanos de bien. Y los votos negociados por bancada de urgente y obvia resolución en temas tan importantes, son tramposos e invariablemente gravosos para la gente en muchos niveles.
