En opacidad se encuentra el manejo de más de 3 mil millones de pesos que serán generados por los impuestos extras a gasolina, gas, casas de empeño, casino y hospedaje que se cobran en Baja California a partir del 1 de enero y a propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez, luego que no fueron etiquetados para su uso e inversión. La mayoría no se consideraron en el Presupuesto de Egresos, lo cual indica que funcionarios de Morena podrán gastarlos discrecionalmente, incluso pagar los millones de pesos que dejó en deudas el gobierno de Francisco Vega, o cubrir el faltante de mil millones de pesos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les quitó de las participaciones federales
No hay información oficial pública de lo que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, espera recaudar con los nuevos impuestos a gasolina-gas, casinos, casas de empeño, hospedaje y sobretasa al Impuesto sobre Nómina. Menos aún existe claridad en la forma en que el Estado tiene contemplado invertir o gastar esos recursos. Tampoco constan garantías de que estos incrementos no sean trasladados al consumidor final: el ciudadano común.
En diversas entrevistas, funcionarios estatales han hablado de que lo generado por el impuesto a gasolina serían mil 500 millones de pesos, 551 millones de pesos por el del gas y mil millones por casinos. No han mencionado cifras por el impuesto de hospedaje, ni el de casas de empeño.
“No hay documentos que los sustenten, o por lo menos no los han circulado”, informaron tres diputados de minoría del Congreso de Baja California el 9 de enero, diez días después que la mayoría morenista aprobara los incrementos, sin información, a manera de cheque en blanco para el gobernador Bonilla.
El secretario de Hacienda, Adalberto González Higuera, declaró al portal de noticias AFN que esperan recaudar mil millones. Mientras el secretario de Economía y Medio Ambiente, explicó a ZETA que solo por el impuesto de gasolina y gas esperan 2 mil millones.
El mismo jueves, en su transmisión mañanera en vivo, el ingeniero Bonilla comentó respecto al tema: “Vamos adelante con las iniciativas de este nuevo gobierno, los tan platicados impuestos, que están gravando a gran parte del empresariado, porque realmente los impuestos no deben impactar al ciudadano, pero nosotros como decía el gran filósofo: el carro tiene reversa, en caso de que sea contrario, creemos que no; nos podemos equivocar, pero creemos nosotros que sí podemos sanear las finanzas de este Estado, vamos a poder proveer los servicios que tanto ha necesitado la ciudadanía…concretizar lo que se le prometió a la ciudanía”.
Pero ante la falta de papeles y formalidad, la realidad es que a diez días que los gravámenes entraron en vigor, no hay ningún documento publicado que avale, certifique o sancione el uso de esos miles de millones de pesos en obra nueva.
En ese contexto, los miles de millones de pesos adicionales se pueden utilizar para pagar el gasto corriente y tapar los baches que dejó el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Una deuda de 2 mil 500 millones -sin especificaciones- mencionada por la diputada morenista Monserrat Caballero Ramírez, o 32 mil millones en compromisos, como declaró el secretario de Hacienda a AFN. O para soportar los mil 600 millones de pesos que no se incluyeron como parte del ajuste de inflación.
EL PASO ATRÁS QUE DIO LA FEDERACIÓN
Pero el gobierno de Jaime Bonilla tuvo un descalabro que no esperaba. El Gobierno Federal, en el cual tanto confió cuando fue candidato y le haría llegar recursos, redujo en mil millones de pesos las participaciones federales para Baja California. El incremento de impuestos y la recaudación de los mismos por arriba de los 3 mil millones de pesos, sería también para cubrir este nuevo boquete.
En reiteradas ocasiones, desde el domingo 5 de enero hasta el jueves 9, ZETA buscó de manera directa, a través del departamento de Comunicación del enlace de Adalberto González, e incluso con Bonilla Valdez, conocer la proyección del monto de lo recaudado con el alza y la creación de nuevos impuestos, así como el destino de tal recurso, pero la petición no fue atendida.
El funcionario que sí aceptó una entrevista fue Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, quien amablemente acudió a las oficinas de este Semanario para despejar algunas dudas, no todas, puesto que dijo, la información completa la tiene el secretario de Hacienda.
— Qué es lo que más les impactó en las finanzas que encontraron, ¿el cochinero y deudas que dejó Francisco Vega, o que el Gobierno Federal les quitó mil millones de pesos de participaciones, y aparte reculó en encabezar los proyectos en que había dicho el gobernador que participaría?
“El Gobierno Federal no ha dicho no va a haber aportaciones extraordinarias. Lo que sí ha dicho el Presidente y se lo comentó al gobernador, es que en la medida que tengas un programa de austeridad, que el Gobierno Federal realmente vea que pretendes ser un gobierno austero, que tengas ingresos propios y puedas ampliar tu padrón de contribuyentes, te va a apoyar con aportaciones extraordinarias. El gobierno no ha dicho te quito mil millones y no te quiero ver hasta el año que entra, no”.
— Pero hay un cambio de discurso, porque durante la campaña como candidato, el ahora gobernador nos lo dijo en entrevista, aquí en ZETA: “Vamos a hacer el Segundo Piso con dinero de la Federación, vamos a hacer la desaladora con dinero de la Federación, el tren…”.
“Este año las participaciones federales bajaron mil millones de pesos, sí, seguramente esperábamos que iba a haber más recursos de la Federación, y bueno, la Federación está ocupando esos recursos en otros términos de infraestructura y otras inversiones.
“Nomás para aclarar, el Segundo Piso siempre fue planteado y aprobado por el Congreso como una APP donde no entraba el Gobierno Federal, Seguimos cuestionando y analizando desde su viabilidad financiera, hasta su fuente de reparo, que son impuestos. La desaladora siempre fue APP, nunca se habló de que el Gobierno Federal fuera a invertir”.
Quieren impuestos para quienes viajen en avión
El 30 diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Baja California presentó al Congreso la iniciativa de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado.
En el Artículo 4 estiman “necesario y prioritario para esta administración generar nuevas opciones de ingreso al Estado que fortalezcan su economía, brinde nuevas opciones legales, que siente las bases firmes para el saneamiento de las finanzas”.
Igualmente, exaltan la necesidad de aprovechar la condición de ser “la frontera más visitada del mundo” para generar mayores ingresos y destinarlos a programas sociales y proyectos de infraestructura, así, genérico.
Y consideraron agregar en el Artículo:
“QUINTO.- Que el ingreso de más de 3 millones de personas por vía aérea Baja California, abre la posibilidad de proponer un reforma a la Ley de Hacienda del Estado para establecer un impuesto al Servicio de Transporte Aéreo, que generara ingresos frescos y nuevos, que beneficiara a la sociedad de nuestro Estado”, tema que no se ha discutido públicamente.
IMPUESTOS, LO PUBLICADO
En el tema de casinos, en la modificación a la Ley de Hacienda de Baja California, presentada a mediados del mes de diciembre de 2019, se eliminó un impuesto general y se crearon tres nuevos gravámenes:
- Impuestos a las erogaciones por participar en juegos y apuestas, 10%.
- Impuestos por la realización de juegos con apuestas y sorteos, 10% para la empresa.
- Impuestos por la obtención de premios, 6% para el jugador.
Antes solo se cobraba impuesto a lo que ganaba el jugador, ahora se está cobrando al momento de apostar y al momento de ganar.
De acuerdo al proyecto de Ley de Ingresos, plantean recaudar 630 millones de pesos por estos tributos.
Posteriormente, en la iniciativa de decreto presentada el 23 de diciembre para reformar la Ley de Desarrollo Urbano y retirar el la prohibición de construcción de casinos, el motivo oficial fue “previsiones para generar la sana competencia en rubros de economía (…) a fin de que el principal beneficiado sea el ciudadano común y corriente”.
Para Mario Escobedo, la recaudación de los impuestos a casinos, “nos debe representar más o menos un ingreso de más de mil millones de pesos al año, y luego la apertura, ya no hay moratoria. Se hace un análisis con base al reglamento de la moratoria”.
DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
El Decreto 40 indica que se causará una tasa de 5% en general, otros 5% a los que presten el servicio a través de plataformas digitales, y 7% a quienes hospeden en la modalidad de moteles.
En el Periódico Oficial se indica que lo recaudado por este impuesto “…será destinado en un 70% a la promoción y difusión de la actividad turística. No se incluyen en esa recaudación, los ingresos que se obtengan derivados del ejercicio de las facultades de cobro o de comprobación por parte de las autoridades fiscales”. No se especifica el destino del otro 40%.
Escobedo explicó: “El 70% se va al fideicomiso encargado de promover turísticamente el Estado de Baja California, el 29% se va a los municipios para promover el turismo y el 1% que siempre ha sido, que digamos es la parte que maneja el Estado para administración de recursos, pero volvemos a lo mismo: aquí es el sector empresarial, a través de los comités de turismo, quienes definen lo que se va a hacer en materia de promoción”.
Los modelos de campaña se definirán en el consejo estatal que titula el entrevistado.
IMPUESTO AMBIENTAL SOBRE VENTA DE PRIMERA MANO DE GASOLINA Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Lo mencionaron en los decretos 39 y 40, en ambos ordenan que se gravarán las operaciones de venta de gasolina y sus derivados, pero solo en el 39 especifican que será “en la primera venta” que se realice en el territorio del estado
“Serán sujetos del presente impuesto quienes realicen operaciones y perciban los ingresos”. Gravarán el monto total de los ingresos que los causantes reciban por mes. El impuesto será de 5% al gas y 2.5% a la gasolina.
De acuerdo a cifras oficiales, en Baja California cada gasolinera genera un promedio de 350 mil pesos de ganancias mensuales. El Estado estima recaudar mil 500 millones de pesos por el impuesto de gasolina y 500 millones de pesos por el gas.
“El pago por este impuesto se hará los días 15 del mes siguiente ante la Secretaría”, y están por aclarar y corregir si se cobrará a las gasolineras o a proveedoras como Petróleos Mexicanos (Pemex).
Si las empresas deciden pasar el incremento del impuesto al consumidor final, este aumentaría 50 centavos por litro de gasolina y 50 centavos por litro de gas.
Se desconoce el destino que se dará a esos recursos recaudados. Escobedo Carignan estimó que una parte será utilizada para temas de contaminación y medio ambiente.
IMPUESTO A CASAS DE EMPEÑO
El Decreto 39 no informa del destino que se contempla para los recursos captados por el impuesto a casas de empeño, solo explica que se calculará aplicando la tasa del 20% a la diferencia entre el monto del avalúo del crédito prendario y el monto de la posterior venta.
Están obligadas a pagar este impuesto “… personas física y morales que en el territorio de Baja California, en forma habitual o, profesional realicen u oferten al público, contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras”. Se aplicará respecto a los recursos económicos obtenidos cuando los bienes no sean recuperados y después sean venidos.
Lo que sí aclaran es que se debe pagar cada día 17 de mes; personal de la Secretaria de Hacienda será capacitado para cobrarlo.
LA AUSTERIDAD
Mario Escobedo Carignan -como lo hicieron los diputados de Morena- justificó el aumento de impuestos con el déficit encontrado en el gobierno. En segundo término, habló de la necesidad de hacer obra, asegurando que el Estado hace su parte con la austeridad.
“El Estado debe tener ingresos propios. Hoy el presupuesto del Estado lo integran las participaciones federales, y el 10% son ingresos propios. Estos nuevos impuestos que se están generando y los incrementos, nos van a permitir llegar apenas a un 13% de ingresos propios y 87% de participaciones federales. Y este Estado, como seguramente muchos otros, dependía de las aportaciones extraordinarias del Gobierno Federal para sacar sus problemas de infraestructura y todos esos temas.
“Traemos el tema de San Quintín, por ejemplo, simplemente meter las redes hídricas va a costar 2 mil 500 millones de pesos, entonces, alrededor de mil 500 millones son del Gobierno Federal, pero sí 400-500 millones de pesos es la inversión que debe hacer el Gobierno del Estado. Todo gira alrededor de recursos, y bueno, no tenemos suficientes”, de ahí que la dinámica financiera optó por dos caminos:
Uno, implica un programa de austeridad agresivo, “como el que está planteando el gobernador Bonilla, donde estamos recortando mil millones de pesos del presupuesto de 2019 sin tomar en cuenta la inflación del 3% (2 mil 600 millones menos de presupuesto). Y dos, “generar ingresos propios”.
IMPUESTOS POR GAS Y GASOLINA, AÚN EN NEGOCIACIÓN
En lo referente al gas, Escobedo habló de combatir monopolios: “Se trata de facilitar que estas inversiones y la competencia nos ayuden a controlar precios, inflación, servicios. El gas es un buen ejemplo donde hay un grupo de empresas de familia gasera equis, que representan el 82% del mercado en el Estado, y una modificación a la Ley de Desarrollo Urbano que establece una serie de limitaciones para poder operar una gasera -una moratoria- ¿qué es lo que genera? Que Tijuana tenga 2 millones de habitantes y tenga 30 gaseras, mientras Hermosillo, que tiene un millón, tiene 90 gaseras y su precio por litro de gas es 2 pesos más barato.
“Todo eso implica que si nosotros gravamos el gas, pero permitimos y promovemos la competencia, con todo e impuesto, el gas en tres o cuatro meses va a estar más barato de lo que está ahorita; es una realidad, por un lado”.
— ¿Y en Sonora cómo están los impuestos para el gas?
“No hay un impuesto local en el Estado, lo hubo y lo absorbió la Federación, es el dato que tengo”.
— ¿No es una ventaja para Sonora que ellos no están tasados por el Estado?
“No están tasados por el Estado y hoy es más barato que nosotros”.
— Tal vez el factor es que no los tasa el Estado.
“No, el tema es la competencia, o sea, los márgenes de utilidad…”.
En cuanto al impuesto de la gasolina, detalló que aún analizan el tema con los gasolineros, “una vez que estableces en la Ley, pudieras -no estoy diciendo que se vaya a hacer-, puedes bajarlo. Puedes analizarlo y ahí los gasolineros pretenden hacer unas propuestas. Los dos grupos de gasolineros con quienes nos hemos reunido en Tijuana, en principio reconocen la problemática que vive el Estado, la necesidad de generar nuevos impuestos, y bueno, están de acuerdo en llegar a un acuerdo en base a una temporalidad, de que dejemos el impuesto a uno o dos años. Van a hacer una propuesta, tenemos una reunión de acuerdos”.
— ¿Cobrar ese impuesto no es un ilícito? Porque los impuestos a la gasolina son federales…
“Sí y no, porque lo que estamos gravando es para efectos de un tema ambiental”.
— Y justificarlo con un tema ambiental sobre un impuesto, ¿les permite aplicar un impuesto estatal?
“Sí, obviamente algunos empresarios han mostrado su inconformidad y seguramente habrá quien considere que tiene algún recurso administrativo y lo deberá utilizar. La verdad es que el Estado requiere el ingreso, el tema ambiental tiene que estar en la mesa de todos los programas del gobierno.
“Sin soslayar la parte del ingreso, ambos impuestos al gas, a la gasolina y al gas LP, deben representar ayudas al Estado de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. El impuesto del gas anda como en 551 y la gasolina como en mil 500 millones de pesos, pero eso es lo presupuestado, no tenemos seguridad de cuánto ingrese”.
— ¿No temen que esto afecte a los gasolineros y veamos estaciones cerradas por esto?
“No. Ha crecido la presencia de gasolineras en el Estado de Baja California en 300% en los últimos 15 años, estamos buscando que sean competitivas, que no se vean en la necesidad de incrementar obviamente el precio al público”.
— Pero lo pueden hacer.
“Claro que lo pueden hacer. Es una situación que estamos analizando, lo comentamos en una reunión con diputados y gasolineros, hablan ellos efectivamente de que este impuesto podría representar el .50 y se está analizando la posibilidad de que sea algo temporal. La propia Ley hoy habla de primera venta, si es primera venta, es la venta de distribuidor, y la posibilidad de que efectivamente pudiéramos generar el impuesto en el distribuidor y no en la venta final. Es parte de lo que estamos analizando ahorita”.
LA LICUADORA, LAS DEUDAS Y LAS APP PENDIENTES
Cuando se le preguntó al secretario de Economía en qué invertirían los poco más de 2 mil millones de pesos generados por el impuesto de gas-gasolina, refirió obras relacionadas con medio ambiente.
— Pero el problema financiero de Baja California no es porque no han invertido en el tema ambiental. Ahí están hablando de que se trata de un problema financiero y el Gobierno del Estado requiere de mayores ingresos…
“Lo que no puedes hacer es usar tu presupuesto para pagar deuda y dejar de competir en infraestructura. En el momento que puedas utilizar tu presupuesto, producto de los ingresos que tienes para pagar deuda y llevar a cabo inversiones de infraestructura, esa es la idea. Tú le demuestras a quienes manejan tu deuda que estás siendo austero, como es el caso de reducir el gasto de 2 mil 600 millones de pesos, y estás generando ingresos propios, eso te va a bajar la tasa porque tus niveles de confianza se elevan, entonces, la deuda vamos a pagar menos por ella”.
— Pero sería un refinanciamiento.
“Independientemente, lo primero es que pides prestado y te dicen cuánto gastas, enséñame tu flujo y cuánto ingresas. Entonces, a mí me ingresa poco y gasto un chorro, ¡ah, canijo!, entonces tu nivel de riesgo es altísimo. Te voy a otorgar el 15. Gasto menos en este porcentaje y tengo más ingresos, tu grado de…”.
— No contestó específicamente, ¿en qué gastarán ese dinero?
“No tengo el Presupuesto de Egresos ni los programas, sé que los recursos que vienen por el concepto de lo que es el gas y la gasolina, van a rubros para resolver los temas ambientales. Hay que organizarnos con diputados y con el gobernador, el tema ambiental abarca todo…”.
— ¿No están definidos?
“Al día de hoy no tenemos información de que se tenga definido adónde se va a ir, de lo que vamos a recaudar”.
NINGÚN GOBIERNO QUIERE AUMENTAR IMPUESTOS
— ¿Por qué esperar hasta el final y de última hora para proponer estos impuestos?
“La verdad fue el plazo o periodo que nos tocó para darnos cuenta de la deuda, de la problemática que tenemos, fue parte que nos dimos cuenta de las obras de infraestructura que están al 20 o 30%, que hay que terminar o perder ese recurso. Fue el tiempo que nos tomó darnos cuenta de la cantidad de proveedores a los que se adeuda, y realmente fue un ejercicio que se hizo en dos meses, luego hacer un análisis sobre posibles impactos, generar reuniones. Sí te puedo decir que el tiempo vuela…”.
— ¿El 30 de diciembre se dieron cuenta de que tenían que hacer otros impuestos adicionales para poder salir adelante?
“No, el 30 se tomó la decisión”.
— Pero el gobernador se había comprometido a no ponerlos.
“Claro, y nadie los quiere poner, pero un impuesto te genera algún tipo de costo como gobierno. Nadie va a salir a aplaudirte cuando se genera un impuesto, pero bueno, se llegó a la conclusión que no teníamos otra opción que no fuera esa. El compromiso aquí es ser tan transparentes como podamos, un ejercicio de gobernanza con los diferentes sectores, informar qué es lo que vamos a hacer con los recursos, no imponer obras de infraestructura ni políticas de promoción de la inversión, sino en un ejercicio de gobernanza junto con la comunidad estar tomando decisiones”.
Muchas gracias.