En la tarea de inhibir las conductas antisociales que laceran el patrimonio de los sudcalifornianos, juega un papel muy importante la participación de las unidades de seguridad pública que realiza los recorridos por las calles, ahuyentando a delincuentes.
La inversión que se ha hecho en el municipio de La Paz es de más de 35 millones de pesos en el rubro de seguridad, tres veces el valor de lo que se ha invertido en las pasadas dos administraciones.
“Esta entrega de 19 patrullas más, con recursos de estos programas (Fortamun y Fortaseg), suman hoy con esos 6.5 millones de pesos adicionales que hemos recibido del Gobierno Federal, y que viene a fortalecer la estrategia de seguridad para que los municipios participen en la prevención del delito. Estas unidades se suman a las 13 que ya entregamos al inicio a nuestro gobierno, a las 19 unidades para la formación de los batallones de motocicletas, a las 15 bicicletas eléctricas de la Policía Turística, a los once millones de pesos que entregamos para recategorizar a la policía y mejorar sus prestaciones laborales”, celebró Rubén Muñoz Álvarez, alcalde de La Paz.
Pero no solo se trata de invertir en equipamiento para que haya mayor seguridad. Se requieren nuevos lineamientos que endurezcan la procuración de justicia y que el sistema sancione con el mayor peso de la ley a los delincuentes.
La diputada del Partido Humanista, Daniela Rubio Avilés, dio a conocer la reforma que se ha establecido en el Código Penal de Baja California Sur, con la cual se pretende que el delito de robo sea menos atractivo para criminales. Esto solo se logra elevando las condenas para quien sea detenido.
“El robo es el delito que más lastima a los ciudadanos, al lesionarles el patrimonio; por ello se actualizaron los criterios para la determinación de las penas, con base en la cuantía de lo robado, y se tipificó el delito robo de partes de instalaciones de servicios básicos e industrias (es decir, el robo de cableado de energía eléctrica o hidráulicas, partes de medidores de energía eléctrica y gas, así como equipamiento industrial y de la construcción de obras), en el que las penas serán de uno a cinco años de prisión y de 50 hasta 200 días multa”, comentó la diputada.
Los robos más comunes en Baja California Sur, sin duda, son los de casa habitación y partes automotrices; sin embargo, los daños al patrimonio familiar, a instalaciones eléctricas e hidráulicas han aumentado, por lo que se espera desalentar a delincuentes con penas más severas.
Ahora las sanciones van desde los seis meses hasta los 14 años, así como penas económicas de los 100 a los 500 días de multa.
“Antes de las reformas, el delito de robo simple tenía una penalidad única de seis meses a seis años de prisión, y multa hasta por cien días; ahora las penalidades serán de seis meses hasta 14 años de prisión”, explicó Rubio Avilés.
*Robo simple: la pena es de seis meses a tres años de prisión y hasta 100 días multa, cuando el valor de lo robado no exceda de 80 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
*Cuando exceda de 80 y hasta 250 veces, será de tres a seis años de prisión, y de 100 a 200 días multa.
*Si excede de 250 veces el valor diario de la UMA, las penas irán de seis a 14 años de prisión y de 200 hasta 500 días multa.
En los detalles agregados a las sanciones, “en caso robo con violencia, a la pena de cada hipótesis del robo simple, se agregarán de tres a seis años de prisión; si la violencia en las personas constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. En cuanto al robo calificado, dependiendo de las 23 hipótesis contempladas, se pondrán alcanzar penas de prisión de cinco a 15 años y de cinco a 10 años, a las cuales se le podrán agregar de tres a cinco años de prisión cuando en las hipótesis contempladas se cometan con violencia”, finalizó la legisladora.
Además, en el robo en terreno rústico -que entra en el robo simple- la pena podría ir de uno a cinco años de prisión y multa de hasta 200 días de multa. El objetivo es “sacar de la jugada” a delincuentes y que se pueda disuadir su actuar con penas elevadas.
La Paz, Los Cabos, Comondú y Mulegé cuentan con semáforos en rojo en cuanto a delitos de robo, por lo cual estas medidas habrán de representar una oportunidad para disminuir los índices con que BCS cerró 2019.
