Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de Blue Propane, estuvo en ZETA para explicar que no ha sido requerido para declarar ni por la Fiscalía General del Estado, ni por la Secretaría de la Honestidad y de la Función Pública en el tema de los moches. Rechazó el contenido de las declaraciones de Rosendo Colorado y, aunque aseguró no haber hablado con Mario Escobedo Carignan, sí se presentó a hacer dos trámites a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo que encabeza el funcionario
“Eran unos gaseros que también le estaban poniendo dinero, apoyando para solventar algunos gastos, era la gasera Blue Propane y me dijo (Cynthia Gissel García Soberanes): ‘No me puedo pelear con ellos’, me dice, ‘porque son los que me están ayudando con lo técnico y están poniendo lana. Creo que asciende, más-menos, un millón de pesos, tendrían que verlo también con ellos. Habían puesto ellos una Suburban de inicio que luego ella regresó, y creo que después ella compró otra Suburban de los recursos que yo le entregué o de otros recursos, porque sé que también andaba pidiendo en Rosarito o en Tijuana, pero eso solo de oídas lo sé, no me consta porque yo no los entregué”.
Esto lo declaró ante la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Rosendo Colorado, ex colaborador de la ex secretaria Cynthia García Soberanes en el voluntariado “Gente como Tú, con Bonilla”, creado durante el periodo de transición del actual gobernador de Baja California. Al mismo tiempo, se cobraron cuotas de entre 20 y 24 millones de pesos a empresarios, prometiendo la entrega de contratos gubernamentales.
Colorado aseguró que Alan Jaramillo, representante de la gasera, les entregó dinero a cambio de ser asesor de la secretaría, y de un contrato de minas para la empresa.
Esta semana se hizo público que la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública recibió la denuncia anónima 130620/2019, en la que se señala a Mario Escobedo Carignan –titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo- y al subsecretario Rubén Roa de presuntamente recibir sobornos.
Acusan que las diez estaciones que pretende instalar Blue Propane son inseguras, de alto riesgo, y pagaron para que cesen las investigaciones iniciadas en contra de la empresa.
El jueves 19 de diciembre, Edgar Allan Jaramillo Pérez, representante legal de Blue Propane, se presentó a las oficinas de ZETA para ejercer su derecho de réplica y negar veracidad en las declaraciones de Rosendo Colorado.
A continuación, la entrevista con el abogado:
— ¿Usted ha entablado comunicación con el licenciado Mario Escobedo?
“No”.
— ¿Ni antes ni después de la campaña electoral?
“No”.
— ¿Tampoco se han comunicado con ellos, la gente que trabaja con ustedes?
“No. Nosotros negamos cualquier tipo de relación, cualquier tipo de hecho como lo planteó esta persona de nombre Rosendo Colorado. Y lo negamos porque no es un asunto que tenga que ver con nuestra actividad. Nuestra actividad es la venta de gas LP en estaciones de servicio con fin específico, tenemos la intención de instalar diez estaciones en la ciudad y ha sido todo un calvario, hemos pasado por un sinfín de acciones que nos han limitado y aplazado la actividad de nosotros.
“La necesidad de aclarar es que se nos está implicando en hechos que nada tienen que ver con nosotros, y no tenemos la más mínima razón y opinión en lo que está sucediendo. Somos totalmente ajenos.
“Se habla de una supuesta acción de componenda, moches y demás totalmente falsos, eso de que compramos un vehículo y demás, es totalmente falso también. Lo que sí estamos evidenciando es que debe haber otro tipo de interés, y aprovechando, queremos manifestar que somos una empresa perfectamente establecida, nuestros registros y finanzas son rastreables”.
— ¿La Fiscalía General del Estado les ha hablado?
“No”.
— ¿Los han requerido en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública?
“No”.
— La inclusión de Blue Propane en la investigación se concreta después de una denuncia anónima…
“No es anónima, todas las denuncias que se han presentado son por parte de una asociación que se llama Asociación de Logros y Retos Cumplidos, AC. La preside Juan Jaime Ojeda Domínguez”.
— ¿Habló con el subsecretario de Escobedo (Rubén Roa)?
“Sí, qué bueno que me pregunta ese dato. Resulta que la administración pasada, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente, inició diez procedimientos administrativos en nuestra contra, uno por cada estación, y determinó la clausura de las mismas por supuestos delitos ambientales. Pero estas actuaciones son ilegales porque no tienen facultades en estos casos que son de estricta competencia federal.
“No obstante esa secretaría, teniendo como titular a Luis Torres y el doctor Elías Monroy, presentaron 48 denuncias penales en nuestra contra, y diez denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Se da el cambio de administración y subsisten esos procedimientos como tales, no obstante, obtuvimos el acuerdo de cierre administrativo en el Estado.
“¿Qué hicimos nosotros? Simplemente comparecer ante la instancia, haciendo la solicitud fundada y motivada, donde hacemos del conocimiento del titular la arbitrariedad de la cual fuimos objeto por parte del ex funcionario y donde estriba la ilegalidad, porque es viable que se dejen sin efecto esas cuestiones, porque no se configura ni un solo delito del que nos imputaron. Ese es el documento que anduvo circulando”.
— ¿Con quién habló?
“Con el encargado de verificación, no recuerdo el nombre, es el encargado de inspección”.
Como parte de su versión, Jaramillo dejó a ZETA dos documentos ya hechos públicos: uno fechado el 3 de diciembre, en el que pide revisar que no es un tema de su competencia y “den por concluidos los citados procesos penales” en contra de las gaseras. El segundo, con fecha 4 de diciembre, fue para corregir y dar los números correctos de las carpetas que contienen las denuncias contra la empresa.
