Una disminución de 21% en los ingresos ha significado la modernización del sistema de estacionómetros de Tijuana concesionado a Copemsa, contrato que el gobierno de Arturo González Cruz negociará en los próximos días para reducir horario, eliminar penalidades y la instalación de reductores a automóviles con placas de Baja California.
Antes del convenio, con el 60% de los estacionómetros de moneda funcionando, el Ayuntamiento tenía ingreso superior a 18 millones de pesos por año; hoy día se recauda poco más de un millón de pesos al mes y el 60% es para la empresa.
Con cuatro meses de operación, la empresa de los 2 mil 498 parquímetros instalados en la primera etapa, la cual comprende Zona Centro, Garita El Chaparral y la primera etapa de Zona Río, solo ha captado un ingreso promedio mensual de 1 millón 031 mil pesos, cantidad de la cual un 40% corresponde al municipio de Tijuana y el 60% se queda en manos de la empresa.
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De acuerdo al reporte financiero de la concesionaria, el ingreso por el uso de parquímetros registró una reducción de un 21% con relación al ingreso captado cada mes durante 2018, cuando el sistema funcionaba con un equipo obsoleto y menos aparatos, pero era administrado por el municipio.
En aras de mejorar las condiciones del convenio de invitación restringida fallado a favor de Copemsa por la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el gobierno de Arturo González Cruz busca modificarlo, sin que ello signifique cambios en las zonas previamente pactadas para la ampliación del sistema a un total de 9 mil 834 estacionómetros, entre las que se encuentran: Zona 5 y 10, Otay-Universidad y Playas de Tijuana.
Para ello negociará en los próximos días con Mauricio Ramsés Gómez Roquero, apoderado de Copemsa, el reducir 3 horas los horarios de funcionamiento de los parquímetros, no colocar inmovilizadores a vehículos con placas de Baja California y eliminar la penalización de 30 millones de pesos por derogar o suspender temporalmente la concesión.
De no acceder a estas peticiones, el contrato con Copemsa “se buscará revocarlo”, advirtió el Concejero Jurídico del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Salvador Gómez Ávila.
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