Matanzas en Jalisco con cuatro muertos; en Oaxaca otros cuatro fallecidos y en Villa Unión, Coahuila, 24 muertos y 10 heridos en enfrentamiento frente a Presidencia Municipal. Cártel del Noreste (escisión de Los Zetas de la “Vieja Guardia”) pretende expandirse de Tamaulipas a Coahuila, señala el periodista y escritor Diego Enrique Osorno. El multihomicidio contra la comunidad LeBarón en Sonora sigue sin resolverse, pero ya hay tres sospechosos detenidos de la célula criminal La Línea para su investigación
La falta de una verdadera política antidroga, el fortalecimiento de viejos grupos criminales y la consolidación de nuevas organizaciones delictivas, mantiene el grado extremo de violencia que se registra en el país. Y las masacres continúan sin que las autoridades estatales y federales pongan freno o resuelvan los hechos registrados con anterioridad.
Mientras se investiga a tres presuntos integrantes del grupo criminal La Línea, detenidos por su posible relación con el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en Sonora; en Villa Unión, Coahuila, el sábado 30 de noviembre se registró un enfrentamiento entre policías y sicarios, con saldo de 24 personas muertas, entre estos cuatro uniformados, 17 presuntos delincuentes y dos civiles ajenos a los hechos.
En esta última agresión se presume la participación de la organización criminal llamada Cártel del Noreste (CDN), fundada por miembros de la familia de Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40” y cuyo líder visible es Juan Gerardo Treviño Chávez “El Huevo”, sobrino del antes mencionado, en un intento por expandirse de Tamaulipas hacia territorios coahuilenses, de acuerdo con la versión del periodista norteño Diego Enrique Osorno.
Después de la publicación de las 53 matanzas registradas en los últimos once meses en México, hasta el 22 de noviembre de 2019 (edición 2382 de ZETA), habían ocurrido por lo menos otras tres. La madrugada del día 24, en el fraccionamiento Valle Dorado en Tlajomulco, Jalisco, fueron ultimados a tiros tres hombres y una mujer, quienes estaban en el exterior de una vivienda. El sábado 30 se dio la cruenta balacera de 24 muertos en Villa Unión, y el 2 de diciembre, otro enfrentamiento dejó cuatro personas fallecidas y cuatro detenidos en San Juan Lalana, Oaxaca.
Armando Ríos Piter, ex senador de la República, destacó que la violencia que vive la nación va más allá del tráfico ilícito de drogas, “lo vemos porque hay huachicol, trata de personas, extorsión y otras distintas vías delincuenciales que significan vías económicas para estos grupos. Las drogas no son el único elemento, se debe ajustar el enfoque del gobierno -que no tiene la confianza de la ciudadanía- en dos sentidos: primero, fortalecer el tejido institucional, tan desgastado en su imagen y limitado en su respuesta; y segundo, recuperar el tejido social”, reflexionó.
24 ASESINADOS
El sábado 30 de noviembre, en la Presidencia Municipal de Villa Unión, Coahuila, miembros de una célula del crimen organizado se enfrentaron a tiros contra policías y militares. El fatídico resultado fue de 24 personas fallecidas, la mayoría presuntos delincuentes. Otros dos fueron detenidos ilesos, aunque después la cifra de arrestados aumentó a diez. Además, se aseguraron 25 camionetas en las que viajaban los agresores, identificados como miembros del Cártel del Noreste.
El Gobierno del Estado de Coahuila atribuyó el ataque a dicha organización criminal, en plena expansión de Tamaulipas hacia las entidades vecinas, en una lucha por el control de territorios y trasiego de drogas con los cárteles Del Golfo y Los Zetas. La fachada de la alcaldía quedó completamente agujerada por la acción de cientos de balas, y se incendiaron algunas camionetas incendiadas.
Para el lunes 2 de diciembre, el Gobierno de México dispuso enviar a un grupo de cien elementos de la Guardia Nacional para resguardar el sitio e instalar una base de operaciones que garantizara la seguridad de policías y pobladores. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la pérdida de vidas, entre estas, las de dos civiles que no participaron en el enfrentamiento y cuatro policías.
“Quiero comentarles que no había pasado esto en Coahuila, ya llevaba tiempo, el gobierno de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública, es de los gobernadores el de Coahuila, el que más atención le dedica al tema de seguridad”, dijo el mandatario, quien no recordó que el 27 de abril del año en curso hubo una balacera con once muertos, nueve de ellos civiles y dos policías, en Saltillo. El 19 de mayo, otro tiroteo, en Múzquiz cobró la vida de seis civiles y un policía.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió en defensa del Ejecutivo federal tras la ola de críticas que ha recibido el Gobierno de México por los altos índices de violencia e inseguridad que se viven en el país, asegurando que el tema es de responsabilidad compartida: “Nos señalan al Gobierno Federal por la inseguridad, okey, pero ¿qué hacen los gobernadores, o cada gobernador dentro de sus entidades federativas? Y no sólo los gobernadores, ¿qué hacen los presidentes municipales y el Municipio, teniendo un modelo de policía que deberían tener?”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó la violencia registrada en Villa Unión y solicitó a las autoridades el pronto y efectivo esclarecimiento de los hechos para dar con los responsables y presentarlos ante la justicia, pues el ombudsman considera fundamental avanzar con las indagatorias. En tanto, el Gobierno del Estado de Coahuila anunció la construcción de un cuartel militar en esa municipalidad que se encuentra en una zona estratégica para el trasiego de drogas por su conexión directa con Nuevo León y Tamaulipas.
El CDN se hizo visible por primera ocasión en febrero de 2016 en Nuevo León, cuando aparecieron una serie de narcomantas firmadas por ese clan criminal, asegurando que Los Zetas se desgastaron y ahora tendrían esa denominación, desligándose de Los Zetas de la “Vieja Guardia”, con quienes entraron en conflicto. Desde entonces trascendió que la nueva facción estaba compuesta por familiares de los encarcelados capos Miguel y Omar Treviño Morales, “Z-40” y “Z-42”. Los líderes son Gerardo “El Huevo” Treviño, otro sujeto apodado “Cucho Boss” y “Kiko” Treviño.
Diego Enrique Osorno, periodista y autor del libro “La Guerra de los Zetas”, aseguró en entrevista con ZETA: “El Cártel de Noreste quiere expandirse de Nuevo Laredo hacia Coahuila, que es punto importante, y creo que los envalentonó el operativo que hicieron en Nuevo Laredo hace una semanas. Entonces, creo que están tanteando, están midiendo, mandando mensajes, pero es precisamente porque ven el vacío, la confusión, y se aprovechan para avanzar territorios”.
El comunicador originario de Monterrey, Nuevo León, atribuyó el incremento de la violencia en esa frontera con Estados Unidos, a la falta de una estrategia gubernamental. “Este impasse que hay hoy en día, el gobierno dice ‘no vamos a aplicar la misma política antidrogas’, okey, pero no hay una nueva política antidrogas. Simplemente hay una negación a la política anterior y no se ha construido una nueva. Entonces, hay un impasse, que evidentemente las organizaciones criminales aprovechan.
“Yo esperaría una estrategia integral como la que se hizo, por ejemplo, con el robo de hidrocarburos. Ahí uno notó, con fallas y todo, que había una estrategia, un plan, había medidas, había una voluntad materializada en una serie de acciones debatibles, pero en algo concreto. Y ahora, pues no. Ahora no tenemos nada y eso por supuesto que lo ven las organizaciones criminales. Por eso este grupo, después de haber sitiado Nuevo Laredo hace unas semanas, ‘ahora voy a tantear, a ver si puedo incursionar en Coahuila’, ¿no? Y estamos en esa incertidumbre. Los vacíos de autoridad, todos lo sabemos, los llenan los grupos criminales”, concluyó Osorno.
LOS LEBARÓN
Miembros de la comunidad mormona LeBarón que habitan en Sonora y Chihuahua, han presionado a las autoridades federales a esclarecer el multihomicidio ocurrido el 4 de noviembre, cuando nueve integrantes -tres adultas y seis menores- de las familias Lanford y LeBarón fueron asesinados y otros tres niños resultaron lesionados, cuando viajaban a bordo de tres camionetas Suburban por la sierra de Bavispe, entre los límites de ambos estados.
Al no observar resultados iniciales, los mormones, que ostentan nacionalidad mexicana y estadounidense, hicieron un llamado al Presidente Donald Trump para que declare como terroristas a los cárteles de las drogas en México, lo que fue capitalizado por el mandatario norteamericano para enviar un mensaje a las autoridades de este país, en insistencia, de que se debe combatir el narcotráfico de forma frontal.
Lo anterior movió al canciller Marcelo Ebrard a informar el viernes 29 de noviembre que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene avances significativos en la investigación de la masacre en Sonora, mismos que dará a conocer la dependencia cuando lo considere pertinente. Eso no frenó a parte de la familia LeBarón que el lunes 2 de diciembre cumplió su promesa y encabezó una marcha en Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, para exigir seguridad y justicia.
Esa mañana, una comitiva de la comunidad fue recibida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Ahí hablaron sobre los avances en la investigación del cobarde ataque armado contra mujeres y niños. Las autoridades dijeron que durante el fin de semana previo, fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con los hechos. La FGR reveló que entre los capturados se encuentra Mario H. “El Mayo”, jefe de plaza del grupo delictivo La Línea, vinculado al Cártel de Juárez.
Al concluir la reunión, los familiares de las víctimas se dijeron satisfechos con el encuentro. Adrián LeBarón se declaró contento porque no les dieron “atole con el dedo” sobre las investigaciones del asesinato y acordaron tener otro diálogo en enero próximo. Por su parte, Julián LeBarón advirtió que no son enemigos de las autoridades y aceptó de buena gana los avances que les presentaron: “Los nombres no, nomás nos dijeron que había algunos, no nos dan esa información, creo que es positivo porque estamos ya estableciendo que nosotros queremos ayudarle a la autoridad, pero también le vamos a exigir”, advirtió.
Durante la visita a Palacio Nacional, los dolientes entregaron a López Obrador una serie de propuestas para crear de manera conjunta lo que denominaron Municipios de Paz. En el documento se sugiere que Galena, Chihuahua y Bavispe, Sonora, donde está asentada la comunidad mormona, sean los primeros municipios de paz, con agentes del Ministerio Público, jueces y policías confiables.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la FGR atrajo la investigación sobre el multihomicidio y garantizó que los crímenes serán esclarecidos y habrá justicia. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada es la encargada de las pesquisas y de indagar a los tres sospechosos.
Pero los LeBarón no terminaron con esa visita. Adrián y Julián reclamaron a senadores de oposición y autoridades la falta de acción ante la violencia. Al reunirse con los legisladores el 3 de diciembre, con lágrimas en los ojos, Adrián LeBarón les dijo: “Ustedes deben ayudarnos, por favor es su trabajo, no es hacer leyecitas y a ver quién chingados las cumple. No, cualquier crimen que se comete en México debe recibir el mismo tipo de atención y movilización que el que estamos recibiendo las familias Miller, Johnson, LeBarón, Lanford. La justicia no puede ser selectiva, ni de capricho”.
La mañana del miércoles 4 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que el Gobierno de México actuó de inmediato tras enterarse del ataque en la sierra de Bavispe. Reiteró que su gabinete no se quedó paralizado ante los hechos y garantizó que su gobierno dará resultados en el caso. Por último, reconoció que los afectados están en su derecho de exigir justicia.
La otra cara de la moneda se presentó el mismo miércoles, cuando familiares de los tres sospechosos detenidos por su presunta participación en el ataque contra la familia LeBarón, se reunieron con el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, y exigieron su liberación, al argumentar que son inocentes y fueron usados como chivos expiatorios.
