Lo negó durante un año, pero el 3 de diciembre de 2019, la palabra culpable salió de los labios de Duncan Duane Hunter en la Corte Federal de San Diego, cuando se declaró en ese estatus tras ser acusado por la Fiscalía del “robo de 150 mil dólares de fondos de campaña (2010 y 2016), que él y su esposa usaron para su disfrute, en compras de zapatos, vacaciones en el extranjero y boletos de avión”.
Hunter, de 42 años, aún es representante republicano por el Distrito 50 en el Congreso de California. Los abogados del pueblo acusaron al político de “desviar cientos de miles de dólares”, de usar “el poder de su posición para financiar un estilo de vida fuera de su alcance”, y de “abusar de la confianza de los electores y los contribuyentes”.
Además de enterrar su carrera política por estos delitos, la máxima sentencia es de cinco años de prisión y 250 mil dólares de multa. Será hasta el 17 de marzo de 2020 cuando el juez decida el destino del republicano, lo importante es que fue descubierto, investigado, juzgado y será castigado.
Los delitos admitidos por Hunter, son similares a los contenidos en el expediente iniciado para investigar los presuntos actos de corrupción de Cynthia Gissel García Soberanes, secretaria de Integración y Bienestar Social, y de Jesús Demián Núñez Camacho, oficial mayor, hoy con licencia -ambos- del Gobierno del Estado de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez.
De acuerdo a la indagación en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública por la presunta elaboración de irregulares preacuerdos para contratos con el Gobierno del Estado a cambio de aportaciones económicas, los ex funcionarios recibieron alrededor de 24 millones de pesos que supuestamente serían usados para programas sociales, pero no fue así.
La información fue revelada en la edición 2383 de ZETA, en la que también se menciona la posible implicación del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. En este tenor de señalamiento de corrupción en el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional en Baja California, lo primero que destacó después que los hechos se hicieran públicos, fue el silencio del mandatario que tanto ha hablado de honestidad y transparencia, sobre todo a sabiendas que él conoció -desde sus primeros días de administración- del problema denunciado contra estos funcionarios de primer nivel.
Evidentemente Bonilla no quiere ver su imagen relacionada con temas negativos. Los tijuanenses ya lo habían visto huir ante los conflictos apenas el 4 de noviembre, cuando evadió escuchar a manifestantes y dejó plantados a vecinos del fraccionamiento El Rubí afectados por derrumbes (fueron atendidos personalmente por el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz).
Esta vez, frente a las denuncias de corrupción interna, pese a iniciar la investigación, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez tardó casi un mes en remover a solo dos de los funcionarios señalados, dejándolos permanecer en sus puestos de poder hasta que el tema se destapó y ellos mismos solicitaron licencia.
Luego, cuando el tema se hizo público, Bonilla tardó tres días en reaccionar y lo hizo con declaraciones en video que duraron poco más de un minuto, después se negó a hablar, evidenciando que su concepto de transparencia es diferente al del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien responde de manera directa los cuestionamientos en las conferencias mañaneras.
También fue evidente la reacción del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, al intentar victimizar al gobierno y defender a los funcionarios de la gestión morenista señalados de corrupción, con argumentos de ficción, responsabilizando a empleados que ellos admitieron en su gobierno y que anteriormente militaron en el Partido Acción Nacional.
Lo tercero que no puede dejarse de notar, es la similitud del discurso del gobernador con la versión del secretario Rodríguez Lozano, con eso de que “…el gobierno anterior trata de infiltrar gente en este gobierno como han estado haciéndolo, lo vamos a detectar…”, lo que no deja de ser un mensaje inquietante, considerando que supuestamente Amador también está siendo investigado.
Aunque al interior de Morena y del gobierno se conoce que la fidelidad de Bonilla con Rodríguez está relacionada con la promesa del segundo de conseguirle al primero la ampliación de su gobierno de dos a cinco años, el evidente espaldarazo con el que el Ejecutivo estatal parece haber tomado partido, es preocupante y podría afectar el trabajo de Vicenta Martínez Espinoza, secretaria de la Honestidad y la Función Pública, y del fiscal general del Estado y compadre, Guillermo “Titi” Ruiz.
De vuelta con el ejemplo de Duncan Duane Hunter, de quien existe la certeza de que será sentenciado después que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) enfatizó que investigará “… a todo el que descaradamente haga caso omiso de estas leyes y abuse de la confianza de los electores y contribuyentes, convirtiendo las arcas de campaña en un fondo personal”, los bajacalifornianos estamos esperanzados en que localmente, el fiscal Ruiz y la secretaria Espinoza hagan lo propio. A que el gobernador Bonilla cumpla su palabra empeñada en video, esa de que “no hay vacas sagradas” ni “favoritismos”, “caiga quien caiga”.
Que los responsables asuman las consecuencias de sus malas conductas, y, como declararía la asistente del fiscal estadounidense Emily Allen en el juicio de Hunter, se entienda que “… nadie está por encima de la Ley, independientemente de las alturas que hayan alcanzado, cuánto hayan contribuido o qué oficina ocupen”.
