Las elecciones estatales del 2 de junio, en las que Jaime Bonilla Valdez consiguió el triunfo de Movimiento Regeneración Nacional en Baja California, fueron motivo de reconocimiento para él y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien las calificó de “inéditas”.
Bonilla agradeció a los bajacalifornianos su confianza y, apelando al nombre de la coalición que lo arropó, parafraseó: “Juntos hicimos historia”.
Sin embargo, luego que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) validara el cómputo de la elección de gobernador para un periodo de dos años, el tijuanense impugnó la constancia de mayoría.
Para entonces, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había desechado dos sentencias favorables a Bonilla, consistentes en modificar la duración de la gubernatura. Finalmente, el integrante del partido en el poder se desistió de la impugnación a la consabida constancia, en vista de que estaba por publicarse la reforma con la que el mandato para la presente administración se ampliaría a cinco años.
Mientras tanto acusó que, tras haberse desechado las resoluciones a favor de la ampliación de mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) nunca publicó una nueva convocatoria en la que quedara establecido que la gubernatura sería solo de dos años.
Ante ese señalamiento, el consejero presidente del organismo público, Lorenzo Córdova Vianello, indicó que el 30 de marzo, cuando el IEEBC aprobó la inscripción de Bonilla Valdez como candidato, esta instancia puso en claro “que (el registro) se daba conforme a la convocatoria aprobada el 28 de diciembre, para el periodo 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021”.
En su momento Córdova había dicho que la denominada “Ley Bonilla” constituía “un atropello a la democracia” y que era preciso “reconocer la persistencia de quienes quieren subvertir el orden constitucional democrático”. El funcionario del INE aprovechó para invitar a las autoridades en activo y a quienes subsiguientemente fungirían como tales, “a cumplir con la Constitución”.
Tras la promulgación del Decreto 351 (17 de octubre), con el que se amplió el periodo gubernamental, el órgano electoral promovió una acción declarativa (ante el TEPJF) en aras de que determinara con claridad que el mandatario estatal electo debía permanecer en el cargo por dos años. A propósito, Córdova Vianello apuntó que tal recurso se había presentado “para salvaguardar la voluntad ciudadana en Baja California”, así como la certeza de los procesos democráticos.
En cuanto a la controvertida reforma, el Instituto descalificó haberse elaborado después de las elecciones del 2 de junio y que se hubiera publicado luego de que los comicios fuesen declarados válidos.
La demanda no prosperó y, el 31 de octubre, el organismo procedió con una acción de inconstitucionalidad (ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación) en razón de que el decreto “contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso (el cual concluyó el 7 de ese mes)”.
En declaraciones periodísticas, Lorenzo Córdova opinó que la modificación a la Ley rompió “con el principio de certeza con el que operó toda la elección”.
Pese a que el INE argumentó haber hecho “valer sus facultades constitucionales implícitas” tomando en cuenta que el recurso se inscribía en su función de mantener un Estado democrático, el medio de control también fue desechado.
Luego de los intentos de la institución para revertir la “Ley Bonilla”, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa de reforma en el ánimo de acortar el periodo del consejero presidente del INE, de nueve a tres años, pretensión que en palabras de Córdova se traduce a “una intencionalidad de establecer control político de la autoridad electoral”.
Por otro lado, legisladores afines al proyecto de la Cuarta Transformación, impulsado por el Presidente López Obrador, avalaron un recorte al presupuesto del INE, ascendente al 9% del monto total solicitado para ejercer en 2020, año en que habrán de celebrarse comicios locales en Coahuila e Hidalgo, y deberá arrancar el proceso rumbo a las elecciones de 2021. Con todo, Córdova Vianello aseguró que el Instituto no transferirá a la ciudadanía “el costo de una decisión tomada por las y los diputados”.
El 16 de diciembre, anunció que el Consejo General del organismo público aprobó ajustes a su partida presupuestal, de manera tal que el INE no tuviera que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, “porque esto mandaría un mal mensaje de que un órgano autónomo del Estado mexicano depende de instancias gubernamentales para cumplir adecuadamente sus funciones”, dijo.
Por su compromiso con los principios democráticos, al grado de pasar del reclamo a la acción y proceder jurídicamente en defensa de tales preceptos, y por su congruencia con la figura que representa al encabezar un organismo público de carácter autónomo, ZETA reconoce a Lorenzo Córdova Vianello como Personaje Destacado 2019.
