El representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Tijuana, Ricardo Esteban Zurita López, mencionó que “los famosos moches” que presuntamente recibieron colaboradores del gobernador Jaime Bonilla Valdez, a cambio de contratos de proveeduría no se van a investigar en materia penal en tanto no se nombre fiscal Anticorrupción.
En declaraciones para los medios de comunicación, refirió que uno de los actos ilícitos atribuibles al caso sería el cohecho en tanto que otro, la asociación delictuosa.
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“Esos delitos según decreto del año pasado del Código penal no entran en aplicación o en vigencia si no se nombra al fiscal Anticorrupción”.
Aclaró que en materia administrativa, las indagaciones sí se están llevando a cabo, “porque eso es de otra naturaleza”, siendo en este caso la instancia competente la Secretaria de la Función Pública.
Sobre la terna para nombrar fiscal Anticorrupción expuso que es sabido que el gobierno del estado a través del secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y del mismo gobernador, ha informado que ya la va a enviar aunque “hasta ahorita no sabemos que ya lo haya hecho”. Consideró que los nombres de los tres abogados que pudieran ser candidatos a ocupar el cargo y deberían de haber sido remitidos” al Congreso de Baja California, lo cual “urge para cubrir esa materia de investigación de los delitos presuntamente cometidos por funcionarios públicos”.
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Fotos: Eduardo Andrade
En cuanto al caso de las supuestas aportaciones hechas por empresarios, en el que figuran como presuntos involucrados por parte de la administración estatal la ex secretaria de Bienestar, Cynthia García, el ex Oficial Mayor, Jesús Núñez, y el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, el representante del SEA, estimó que “lo que se sepa por los medios tiene que bajarse, hacerse pruebas plenas”, toda vez que de lo contrario “no hay forma de cómo consignar a un presunto responsable”.
En ese sentido agregó: “Lo que sabemos de que se señala es una referencia y eso no es prueba plena, tendría que declarar a la persona que lo nombró y con otras pruebas corroborar su dicho. El hecho que se filtró ese diálogo (conversaciones en las que supuestamente Cynthia García habla con un colaborador suyo sobre la entrega del dinero) no es más que una referencia que no hace ni indicio siquiera”.
Por otro lado sostuvo que con la investigación que a propósito emprendió la Secretaria de Honestidad en dado caso habrán de sancionarse faltas graves administrativas, con base en la ley de responsabilidades administrativas del estado, la cual “también aplica a particulares presuntamente involucrados y también en la sanción”.
En ese contexto, añadió que “en el caso de los funcionarios públicos” podría proceder una inhabilitación harta por 20 años y tratándose de los empresarios, un impedimento de participar como proveedores del gobierno y la obligación de resarcir el daño.
Ricardo Esteban López Zurita participó en la ceremonia conmemorativa por el Día Internacional contra la Corrupción, con un acto de inicio de la Campaña Jurídica Permanente de la Cultura de la Denuncia Ciudadana por Ilegalidades y Corrupción, evento que tuvo lugar en el Centro de la Cultura de la Legalidad.
