El gobierno morenista de Jaime Bonilla Valdez quedó verdaderamente aturdido por la denuncia de “moches” que se hizo pública a través de las páginas de ZETA y que tuvo un severo costo político, pues dos de sus funcionarios de primer nivel, Jesús Núñez Camacho y Cynthia Gissel García Soberanes, Oficial Mayor y Secretaria de Bienestar, respectivamente, quedaron fuera del gabinete al solicitar licencia en lo que transcurre la investigación que por presuntos actos de corrupción lleva a cabo la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. De manera inmediata, ambos fueron relevados. Bonilla los sustituyó con los ex diputados locales Héctor Mares y Laura Torres, con lo que se pretende dar vuelta a la página. Sin embargo, se encontraba tan aturdido que no se dio cuenta que el nombramiento de Torres no corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo del Estado, sino que debe contar con la venia del Congreso local, donde se vota después de enviada una propuesta. Ni Amador Rodríguez Lozano ni el jurídico, menos aún Bonilla Valdez, se preocuparon por cuidar las formas y considerar al Legislativo, que si bien está adjudicado al de Morena, la realidad es que el nombramiento del titular de la Secretaría de Bienestar es facultad constitucional de los diputados. Por lo menos eso consta en la reforma al Artículo 27, apartado 23, el cual determina que es facultad del Congreso:
“Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba, los nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Integración y Bienestar Social y del Secretario de la Honestidad y la Función Pública. Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto”. Pero nada, Bonilla y Rodríguez le tomaron la protesta a Torres de manera unilateral en sus prisas por deshacerse de Cynthia García y sus presuntos actos de corrupción.
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