Peter Tiger, CEO de la empresa Imperial Toy, quién dejó sin pago de liquidación y aguinaldo a 433 empleados en la ciudad de Tijuana, deberá ser demandado penal por el delito de fraude específico, para dejar un antecedente y no vuelva a instalar una empresa en Baja California, opinó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López.
“En el artículo 222 Bis del Código Penal de Baja California, se establece que se puede tipificar como delito a aquella persona que se declare en estado de insolvencia para eludir su responsabilidad y su obligación con sus acreedores; y aquí es lo que está sucediendo, porque aún no se tiene conocimiento de que la empresa haya promovido un concurso mercantil para declararse en quiebra y suspensión de pagos”, detalló el titular de la STPS.
La denuncia penal se deberá presentar directamente en la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California, ante la petición de los empleados que están siendo representados. Así explicó Daniel Pérez Escobar, secretario general del Sindicato de Trabajadores en General de Baja California. “De lo contrario, la instalación de otra empresa por parte de Peter Tiger podría pasar desapercibida”, aclaró.
Cabe recordar que fue el pasado jueves 19 de diciembre cuando los empleados -tanto administrativos como operativos- de la empresa Imperial Toy, ubicada en el Parque Industrial Pacífico, fueron informados que la empresa había dejado de operar en la ciudad, sin que recibieran el pago de liquidación y solo el 70 por ciento del aguinaldo.
Desde entonces, los empleados tomaron las instalaciones para reclamar su derecho. Entrevistados por ZETA informaron que algunos de los empleados ya tenían poco más de 25 años laborando para Imperial Toy.
Asesorados por el sindicato antes mencionado, buscaron una audiencia el lunes 23 de diciembre; pero ni el dueño ni el representa legal se presentaron, por lo que se anunció un emplazamiento a huelga para el 30 de diciembre a partir de las tres de la tarde.
Según lo informado por la STPS, el dueño o representantes legales de la empresa tienen como fecha límite el 30 de diciembre para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, actuarios se encuentran inventariando el mobiliario y equipo, para una futura subasta que ayude a subsanar la liquidación de los empleados afectados.
