Seis denuncias penales, incluyendo una por usurpación de funciones, fueron interpuestas por el Ayuntamiento de Tijuana en contra del ex alcalde Juan Manuel Gastélum, a quién señalan de haber liberado 566 permisos de taxi cuando se encontraba de licencia; el gobierno municipal que encabeza Arturo González Cruz, por la misma vía acusó -por los delitos de corrupción, daño patrimonial y omisión- a otros 15 ex funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana, entre ellos al presidente municipal suplente, Eduardo Alejandro Terreros Martínez. En los próximos días presentarán dos querellas más
Siendo candidato a la alcaldía y con licencia al mismo cargo, el 24 de mayo de 2019 Juan Manuel Gastélum Buenrostro liberó 566 permisos de taxis, documentos que firmó ostentándose como presidente municipal de Tijuana, razón por la que el gobierno de Arturo González Cruz lo denunció penalmente por el delito de usurpación de funciones públicas.
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La liberación de licencias para la instalación de gaseras a Blue Propane y la adjudicación de contratos directos a El Burro Loco y Consultores Asociados Tristar, fueron denunciados en cinco querellas más, sumando un total de 16 ex funcionarios señalados en seis querellas.
Las denuncias se presentaron en conjunto por el equipo de Consejería Jurídica del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Salvador Gómez Ávila, la mañana del jueves 19 de diciembre, ante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
El abogado abundó que en algunos de los casos denunciados se afectó el patrimonio del Ayuntamiento, pero “será la Fiscalía la que tendrá que actuar. Vamos a ser respetuosos del proceso legal que se siga; por respeto al principio de presunción de inocencia, no estoy en libertad de dar a conocer los nombres porque eso violaría el proceso a seguir”.
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Gómez Ávila adelantó que actualmente se integran los expedientes de dos casos más, los cuales serán denunciados la próxima semana.
Por su parte, el alcalde Arturo González Cruz dijo que todas las irregularidades detectadas fueron notificadas a la Sindicatura Procuradora “para efecto de que se revise y se haga lo conducente”.
Y advirtió: “nosotros estamos cumpliendo con lo que dijimos, nos vamos a dedicar a gobernar; los asuntos de las situaciones que hicieron las autoridades anteriores, ellos las tendrán que resolver ante las autoridades competentes”.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Salvador Gómez Ávila
CANDIDATO “USURPADOR”
Juan Manuel Gastélum Buenrostro solicitó y obtuvo licencia como presidente municipal del XXII Ayuntamiento de Tijuana del 6 de abril al 3 de junio de 2019, periodo en que Eduardo Alejandro Terreros Martínez, su suplente, lo reemplazó como alcalde.
Los permisos de taxis liberados se registraron del número económico TIJ-TS-8433 al número TIJ-TS-8999, todos con fecha de alta del 24 de mayo de 2019. En cada uno de ellos se lee: “El ejecutivo a mi cargo […] otorga el presente permiso […] para prestar el servicio público municipal de transporte […] del municipio de Tijuana…”.
Pero en los 566 documentos presentados por la administración municipal, no se asentó ni el nombre ni la firma del Doctor Terreros Martínez -entonces en funciones como alcalde suplente-, sino la de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quién en esa fecha buscaba reelegirse como presidente municipal, siendo postulado candidato para ese cargo por el Partido Acción Nacional (PAN).
El hecho se notificó el 14 de noviembre de 2019 a la Consejería Jurídica del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a través del oficio 0757/2019, entregado por la Dirección de Transporte Público Municipal.
El jueves 19 de diciembre se presentó denuncia penal asentada con el Número Único de Caso 0204-2019-59088, en la que se señalaron como cómplices a Daniel Eduardo Rivera Basulto y Edgar Francisco Castillo Fraga, entonces secretario de Movilidad Urbana y Sustentable y director de Transporte Público Municipal, respectivamente, quienes avalaron los 566 permisos irregulares enlistados con la firma de “El Patas”.
IGNNORANDO A CABILDO, GASTÉLUM Y TERREROS FIRMARON PERMISOS
En los archivos de la Dirección de Transporte Municipal fueron localizados 92 permisos de taxis dados de alta por Juan Manuel Gastélum Buenrostro y Eduardo Alejandro Terreros Martínez, en calidad de presidente municipal y presidente municipal temporal de Tijuana.
Los permisos, con número económico del 8340 al número 8432, se liberaron estando en funciones los dos ex alcaldes señalados, pero sin la aprobación del Cabildo de Tijuana, contraviniendo el Reglamento de Transporte Público.
En la denuncia 0204-2019-59092 también fueron acusado los siguientes ex funcionarios: Leopoldo Guerrero Díaz, secretario de Gobierno; Francisco Javier Palacio Bórquez, director de Transporte, y Edgar Francisco Castillo Fraga, quien lo sucedió en el cargo a finales de noviembre de 2018; así como Daniel Eduardo Rivera Basulto, secretario de Movilidad Urbana Sustentable. Todos fueron denunciados por violar “el mismo precepto legal en cada otorgamiento de permisos”.
“EL PATAS” PRETENDIÓ QUE CABILDO APROBARA PERMISOS IRREGULARES
Dos semanas antes de entregar la administración, Juan Manuel Gastélum Buenrostro pretendió que el listado de los 566 permisos ilegales fuera aprobado por el Cabildo del XXII Ayuntamiento de Tijuana.
Los permisos, del número TIJ-TS-8340 al número TIJ-TS-8999, fueron agregados en el Anexo A del punto de acuerdo presentado por “El Patas” en la 52 Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el sábado 14 de septiembre.
Argumentó que el objetivo del punto de acuerdo era “emitir medidas tendientes a solucionar el problema de saturación del servicio de transporte público”.
De su antecesor, “El Patas” recibió un padrón de siete mil 447 taxis y un listado de 986 unidades en circulación y con permiso vigente, pero sin empadronar.
Lejos de investigar y depurar los nombres añadidos al listado pendiente de registrar, buscó incrementarlo para que el padrón oficial llegara a un total de ocho mil 999 permisos de taxi.
Derrotado en la contienda electoral de junio de 2019, y a punto de dejar el cargo de presidente municipal, “El Patas” no contó con quórum suficiente, por lo que retiró el tema del orden del día.
FAMILIAS COMPLETAS EN LISTADO ILEGAL
Entre los beneficiados con permisos de taxi firmados de manera ilegal por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se observan nombres de integrantes de familias completas y múltiples apellidos repetidos.
Érika Guadalupe, José David y Ana Isabel Fuentes Chavarría, así como Guadalupe Chavarría Vaquera; Hedilberto Meza Aguirre y María Elisa Jiménez García, sumándose Nidia Mercedes, Edilberto, Marco Antonio y Erick Alejandro Meza Jiménez.
Irvin Ernesto Berumen Gamboa y Ramona Acosta Saucedo, así como Manuel Ernesto y Alma Lidia Berumen Acosta; Adriana Yolanda y Luis Manuela Hernández Echeverría, además de Obdulia Echevarría Firman; Araceli, Lucero Sandibel y Julio César Cano Rodríguez, así como César Cano Elizalde. También están incluidos Christian y Jorge Alberto Vázquez Vaal, Yolanda Vaal Rodríguez, como también Jesús Manuel y Edgar Gerardo Guerrero Vaal.
CORRUPCIÓN Y DAÑO PATRIMONIAL POR CASO DE EL BURRO LOCO
Por el contrato adjudicado en forma directa por la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro a la empresa EBL, S. de R.L. de C.V. (El Burro Loco), fueron denunciados por los delitos de corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades y daño patrimonial, cinco ex funcionarios: Ricardo Chavarría Morales, tesorero Municipal; María de los Ángeles Olague Contreras, Oficial Mayor; María Guadalupe Ochoa Saucedo, directora de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor; Ish Rafael Bojórquez Nieblas, representante de la ex regidora Elvia Rangel; y Juan Francisco Torres Márquez, quienes conformaron el comité que aprobó el convenio ADQ-2019-AD-037, a favor de El Burro Loco.
El convenio, de un monto de nueve millones 860 mil pesos, no se licitó; “por tal motivo, causaron un daño al patrimonio del municipio”, se asentó en la querella 0204-2019-59097.
Documentado por ZETA, para la firma del acuerdo con el gobierno de Gastélum, EBL estuvo representada por Omar Alberto Ramos Sierra, quien comparte sociedad en varios negocios con Jorge Topete Calvario, ex presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, quien hasta junio de 2018 representó a El Burro Loco.
La empresa contratada para la “prestación de servicios de consultoría en materia de organización para la revisión documental de la Cuenta Pública Municipal”, en su constitución tuvo como objeto la elaboración y distribución de productos alimenticios y la venta de abarrotes, carnes, miscelánea, cerveza, licores, frutas y verduras; sin embargo, al ayuntamiento de Tijuana “le prestó” servicios de asesoría fiscal y financiera.
RECUPERACIÓN DE ISR…
El mismo comité que adjudicó en forma directa el convenio con El Burro Loco, avaló el contrato con la moral Consultores Asociados Tristar, S. de R.L. de C.V., empresa a la que se le pagó el 23 por ciento (más IVA) de 134.5 millones de pesos.
En la denuncia 0204-2019-59091, por los delitos de daño patrimonial, corrupción y uso ilícito de atribuciones y facultades, se estimó un daño patrimonial de cinco millones 77 mil 516 pesos.
Nuevamente, los ex funcionarios implicados son Ricardo Chavarría Morales, María de los Ángeles Olague Contreras, María Guadalupe Ochoa Saucedo, Ish Rafael Bojórquez Nieblas y Juan Francisco Torres Márquez.
La firma se contrató por dos años para timbrar la nómina del Ayuntamiento de Tijuana y recuperar ante la Secretaría de Hacienda el Impuesto Sobre la Renta (ISR), labor que efectuó el propio personal del XXII Ayuntamiento.
…Y LIBERACIÓN DE LICENCIAS A GASERAS DE BLUE PROPANE
Por la expedición ilícita de licencias, permisos y constancias en favor de 10 estaciones de carburación de gas LP, de la empresa Es Blue Propane, S.A. de C.V., se registró la denuncia 0204-2019-59098 en contra de cinco ex funcionarios, por los delitos de corrupción, omisión, uso ilícito de atribuciones y facultades, y lo que resulte.
Siendo director del Instituto Metropolitano de Planeación (Implan), Daniel Eduardo Rivera Basulto emitió su opinión técnica, en la que dictaminó como alto riesgo las zonas en las que se ubicaron las gaseras; pero no impidió su instalación, pese a estar vigente una moratoria que suspendía la expedición de uso de suelo para la instalación y operatividad de estaciones de carburación de gas LP.
Corina López Zúñiga, jefa del Departamento de Uso de Suelo -inhabilitada por el propio gobierno de Gastélum-; Ricardo Alfonso Guereña Castro, jefe del Departamento de Acciones de Edificación; Haydee Martínez Espinoza, directora de Administración Urbana; y Alejandro Ricardo Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUyE), son los otros acusados.
CULPAN DE OCULTAR INFORMACIÓN A EX DIRECTOR DE INFORMÁTICA
Por hechos de corrupción, ejercicio ilícito y abandono del servicio público, así como por infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, se denunció al ex director del Informática, Héctor Hugo Gutiérrez Villa.
Gutiérrez Villa “ocultó la información relativa a entrega de los asuntos públicos”, al no dar a conocer, en el acta de entrega-recepción, el contrato de compra venta y servicios celebrado con Sigob, S.A. de C.V., empresa representada por Julio César Velarde Meza.
El convenio se signó para la implementación de una aplicación de procesos gubernamentales e implementación de firma electrónica, plataforma que el XXIII Ayuntamiento la encontró sin funcionar.
Por esa aplicación, el gobierno de “El Patas” pagó 28 millones 500 mil 200 pesos, misma cantidad en la que se estimó el daño patrimonial denunciado en la querella 0204-2019-59090.
“¡ES FALSO DE TODA FALSEDAD!”, RESPONDE “EL PATAS”
Al hacer pública la presentación de las seis denuncias en contra de 16 funcionarios del XXII Ayuntamiento de Tijuana, el ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro expuso a ZETA que contrademandará al gobierno de Arturo González “por el delito de abuso de autoridad”.
“Ellos están en su derecho de hacer lo que consideran es correcto, y por supuesto nosotros estamos en nuestro derecho de hacer las defensas y acciones necesarias para acreditar que lo que ellos afirmen o afirman… ¡es falso de toda falsedad!”.
“Haremos lo necesario para acreditar la falsedad de su dicho; iniciaremos las gestiones necesarias para proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, al valerse de falsedades para -con dinero público- denunciar falsamente y el empleo de dinero público para publicitar las acciones dolosas (sic)”, advirtió.
Finalmente, el ex alcalde sostuvo que “esperaremos los tiempos, los citatorios y asistiremos en términos de la ley”.
