Daños a la salud por contaminación en puerto de Ensenada

Fotos: Enrique Botello
 
Edición Impresa lunes, 2 diciembre, 2019 01:00 PM

En 2015 comenzaron las quejas ciudadanas sobre emisiones tóxicas por parte de una empresa de desguace de barcos, esta vez se elevaron a denuncia formal ante Profepa y Semarnat para que analicen la emisiones que han causado enfermedad a la pequeña comunidad que desde hace 35 años vive en la zona donde desemboca el Arroyo El Gallo

Una pequeña comunidad de Ensenada que reside en el Bulevar Costero, cuyas familias se dedican al turismo con paseos en calandrias, renta y una pensión para caballos,  inició una batalla ambiental contra la empresa Infraestructura y Servicios Portuarios, SA de CV.

Los hermanos Rubén Pérez y Agustín Pérez, inconformes por las emociones de Amaya Curiel

En 2015 comenzaron con quejas ciudadanas ante medios de comunicación para señalar supuestas emisiones tóxicas que salían diario del astillero y que de acuerdo a su versión, generaban un daño ecológico al agua del mar, a la salud y en sus bienes patrimoniales.

Hace un mes, la comunidad decidió elevar la queja a denuncia formal ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que procedan con un análisis de las emisiones.

La denuncia está acompañada de una hoja con 34 firmas de personas que aseguran ser víctimas de la contaminación y residen en las viviendas ubicadas a escasos cien metros de la playa municipal y del otro lado tienen la operación de la empresa naval, solo los separa el estrecho cauce del Arroyo El Gallo.

A ciertas horas de la tarde se puede ver una neblina color café emanar del astillero, la cual se disipa en el aire, aunque hay otra familia de apellido Abarca que vive a casi un kilómetro de distancia de la playa, pero en su domicilio caen residuos de óxido similares a los detectados por vecinos  de las caballerizas.

La Administración Portuaria Integral (API) informó que no existe en Ensenada alerta de contaminación alguna por los más de siete astilleros que operan en la zona portuaria.

En el caso de Infraestructura y Servicios Portuarios, SA de CV,  personal de Ecología de la API afirmó que en septiembre llevaron a cabo una inspección y la empresa cumplió con la entrega de documentos que se le solicitaron.

La compañía pertenece a Grupo Amaya Curiel y desde hace diez años realizan el desguace de buques chatarra que llegan de otros países, como también construcción naval y mantenimiento en un dique seco que construyeron dentro del recinto.

 

ABREN EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN

Un hombre de edad adulta que vive en las caballerizas fue sometido a una operación de pulmón y tienen la sospecha de que el aire que respira -posiblemente contaminado- es el motivo del padecimiento.

A pesar de tratarse de un área turística con la más alta plusvalía en la ciudad, este grupo de personas proyecta una imagen humilde. Sus casas son construidas con materiales como madera, lámina y lonas, en apariencia se trata de una invasión.

Roberto Curiel representante de la empresa Amaya Curiel

“Hemos ido a la puerta de la empresa para que nos atienda, pero cada vez nos niegan la entrada porque no está el ingeniero”, mencionó el hijo del enfermo, al tiempo que mostraba los ventanales de su casa y automóvil llenos de un material que “brilla como aluminio”.

Lo mínimo que esperan es que la autoridad haga su trabajo y confirme que las partículas que salen del astillero son inofensivas.

En el documento de denuncia, los afectados refieren que en los trabajos de samblasteo usan microfibras y cortes con acetileno, así como químicos de pintura. Consiste en lanzar material arenoso a presión sobre una superficie para remover óxido, escama de laminación, pintura vieja u otro recubrimiento para la aplicación de pintura nueva.

“Todos esos químicos nos han afectado en lo personal, material y económicamente debido a la contaminación de la que hemos sido víctimas”, acusan, a la vez de pedir de manera urgente una solución al problema de contaminación del que han sido víctimas por obras de desmantelamiento de embarcaciones, que consta de residuos de óxido, pintura y desechos desconocidos que constantemente usan y se encuentran en el aire libre y caen directamente a los vecinos del lugar.

“En ocasiones se observan manchas de humo color café que al llegar al contacto con nosotros se sienten como partículas arenosas que pican, dan comezón”, indicaron los afectados.

Otro perjuicio es el deterioro de la carrocería de los vehículos, ya que el polvo se pega y hace áspera la superficie.

“La contaminación en ocasiones despega olores desagradables y ocasiona alergias, así como una persona operada a causa de una infección pulmonar debido a esa contaminación”, reiteraron los ciudadanos.

 

AMAYA SE DESLINDA

Cuestionado por la situación arriba descrita, el directivo de la empresa respondió: “Somos una empresa seria”.

Respecto a la situación que guarda el astillero, añadió que ellos siguen operando dentro de la normatividad existente, “con nuestras autorizaciones vigentes sin ningún problema”.

Y agregó:

“No sabía de ese escrito presentado a Profepa. Insisto, el astillero lo operamos cumpliendo la Ley y normatividad existente. Como toda empresa estamos en la mejor disposición de atender cualquier inspección de la autoridad. Nos dedicamos principalmente a la reparación y mantenimiento de embarcaciones, trabajos de soldadura, acero, pintura. El año pasado también construimos una barcaza”, apuntó el empresario.

Aunque no mostró documentos, aseguró a ZETA tener un resolutivo ambiental, también autorización de la Marina Mercante y los permisos de la API.

“Somos una empresa seria, bien establecida con responsabilidad social”, subrayó.

El astillero visto desde las caballerizas

“LLEGAMOS PRIMERO”: AFECTADOS

Un argumento que ofreció la comunidad  de las caballerizas para exigir su derecho fue que ellos llegaron primero a vivir al sitio ubicado en la colonia Carlos Pacheco, a unos pasos de la playa.

Fue hace más de 35 años y con el tiempo las familias quedaron en un predio en medio de la zona turística, aunque también conviven con la actividad industrial como el astillero, una gasolinera, el edificio de la Armada de México y una terminal de Cementos Mexicanos.

Además, el crecimiento urbano los alcanzó en la zona operan agencias automotrices, hoteles, restaurantes y un casino.

Por las noches han detectado que dentro del astillero hay emisiones de polvo con una consistencia arenosa con colores cafés o rojos, el cual se adhiere a las superficies.

En un recorrido de ZETA se pudo constatar que los vehículos, pisos y fachadas de las viviendas están cubiertos con ese residuo, sin embargo, no hay una prueba de laboratorio que respalde si se trata de un material tóxico.

“Todos los días convivimos con el ruido, las grúas y las máquinas”, expresaron los habitantes hace unos años, a la vez de señalar que los niños de la comunidad presentaron síntomas de enfermedades respiratorias.

En el lugar puede verse cómo los pobladores han lidiado con la situación cubriendo con plástico o lonas la carrocería de los vehículos que resultan dañados por el polvo que se fija al metal por acción de la brisa marina.

 

DEPENDEMOS DE SEMARNAT: API

La gerencia comercial de la API en Ensenada, a cargo de Francisco Rodríguez Navarrete, informó que la compañía ha demostrado que tiene lo necesario para operar como un astillero y recicladora de barcos chatarra, no obstante, se le solicitó una evidencia del cumplimiento del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), la instalación y programa de vigilancia.

La regulación de estas empresas se encuentra dentro de la legislación ambiental de México y tiene como eje rector la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

La dependencia federal trabaja en coordinación con Semarnat y Profepa, por lo que si las instituciones de gobierno emiten un dictamen en el que se compruebe que la empresa violó una cláusula del contrato, se puede iniciar un procedimiento para la revocación de la concesión.

Como dependencia, Rodríguez aclaró que no tienen evidencia de un daño ecológico hasta el momento, pero sí preocupa debido a que la API tiene tres certificaciones: Puerto Verde, otra más ISO 14000 y Nivel de Desempeño Ambiental, la cual deberán refrendar en 2020.

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