El principal dolor de cabeza para los paceños, son los deficientes servicios públicos de la ciudad; desde agua potable, alumbrado público, recolección de basura, y ahora los baches que surgieron tras las recientes lluvias que azotaron el estado.
“Hay una serie de demandas y requerimientos que tenemos de la sociedad; el arreglo de caminos, por ejemplo en bacheo, en alumbrado, en seguridad; en todos los órdenes de la vida diaria, Si tuviéramos una administración financieramente más estable -que no le destinara más del 70 por ciento de sus ingresos al pago de sueldos y salarios- tendríamos una mayor capacidad de darle respuesta, pero ha sido un problema heredado a lo largo de la vida institucional; no es un problema que venga de manera reciente”, justificó Rubén Muñoz Álvarez, alcalde de La Paz.
Ante los tropiezos, Muñoz Álvarez reconoció que cuando la economía administrativa se estabiliza, vienen duros golpes, “como son laudos de ex funcionarios públicos, que en su momento ocuparon puestos de confianza; después se van y demandan, cuando a ellos les fue conferido un encargo político-administrativo. Pero vieron una oportunidad de enriquecimiento”.
“Creció la deuda porque tuvimos el pago de más de 30 millones de pesos de laudos laborales, entre los que vienen; en mi opinión, son laudos no justificados porque se está pagando a esos ex funcionarios públicos que fueron invitados a formar parte de una administración. Termina el proceso constitucional del mandato y uno debería -con toda dignidad- retirarse, no demandar a quien fue su empleador. Lamentablemente no tenemos ningún capítulo en la Ley Burocrática que restrinja eso, lo cual nos incrementó el tema de los pagos”, explicó el presidente municipal.
Añadió que lo ideal sería una reforma administrativa en la Ley Burocrática: que aquel servidor público que llegue con un proyecto, si ya no se ocupan servicios, sea dado de baja sin que signifique el pago de laudos millonarios.
Así ocurrió con algunos ex servidores públicos, tanto en las administraciones de las ex alcaldesas Rosa Delia Cota Montaño y Esthela de Jesús Ponce Beltrán.
“Tuvimos un segundo impacto con el incremento histórico del salario mínimo. A lo largo de los últimos años -estoy hablando de las últimas dos décadas- el salario mínimo había crecido en un promedio de cuatro por ciento. ¿Qué hacemos cuando elaboramos el presupuesto? Proyectamos un incremento de salario mínimo entre el cuatro y el cinco por ciento; pero el aumento fue del 16 por ciento, y eso fue un impacto en las finanzas. Más de 40 millones de pesos que no teníamos presupuestado”, concretó el alcalde.
Argumentó que una solución a las finanzas podría ser la reducción de personal, disminuir salarios a regidores e inclusive reducir el número de integrantes de Cabildo.
El edil dijo que había adeudos en la Comisión Nacional del Agua, Fonacot, Issste y Fovissste, “lo que puso el dedo en la llaga”.
“Ha llegado el momento de plantear la gran reforma administrativa que necesitan todos los ayuntamientos en Baja California Sur, que es la reducción del número de funcionarios y regidores. Creo que tenemos que revisar el exceso de burocracia que hay. Estoy hablando de una reforma de fondo y forma, tenemos que inspeccionar si tenemos que pagarles sueldos o no a los regidores. Finalmente, sobre la vocación del regidor, eran concejales municipales que deben de venir a aportar, y no tienen una responsabilidad administrativa”, dijo Muñoz Álvarez.
