El Ayuntamiento de Los Cabos pasó por alto las violaciones a la Ley de Adquisiciones cuando la empresa USSYALE Uniformes incumplió con las especificaciones y fecha de entrega pactada en las licitaciones públicas LA-803008998-E03-2019 y LPA-000000026-001-2019 para adquirir uniformes de la Policía, entregados hace meses con mala calidad y tallas erróneas
La molestia es visible en algunos agentes de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, quienes cumplen con su labor y capacitación constante, pero sus uniformes no han llegado en tiempo y forma. Además, sospechan de corrupción en la compra de dicho equipamiento.
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Pese a dos licitaciones públicas nacionales, una en junio y otra en septiembre, ninguna ha concluido con la entrega oficial de los uniformes.
Contrato de más de cinco millones de pesos para USSYALE Uniformes, no era la propuesta más económica, pero sí la preferida de la administración
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“Nos los trajeron y los entregaron a los compañeros para que se los midieran, cuál es la sorpresa que no nos quedaron, aparte la calidad no era muy buena, la empresa debió reintegrar los uniformes, no los hemos recibido y el evento de entrega se canceló”, afirmó a ZETA un agente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Los Cabos.
La empresa USSYALE Uniformes, a nombre de Gloria Esperanza Cháidez Villanueva, no cumplió con las especificaciones y fecha de entrega pactada en las licitaciones públicas LA-803008998-E03-2019 y LPA-000000026-001-2019, consistentes en la adquisición de uniformes para personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, cuyo titular, Juan José Zamorano confirmó a este Semanario que la entrega inició en noviembre, pero no ha concluido.
“En este (mes) se empezaron a entregar, aunque aún no se ha terminado, pero se entregarán dos uniformes nuevo tanto a elementos de Tránsito y Policía Preventiva y Turística. Cada año se entregan uniformes, por ejemplo el pantalón pie tierra con manga corta; el de operativo, que es camisola y pantalón de cargo, cada uno con sus respectivos zapatos. La entrega inició a mediados de noviembre y aún están en espera de la entrega de los proveedores, que sean las tallas correctas”, declaró el funcionario.
Ambas licitaciones suman un aproximado a 9 millones de pesos, y, según el contrato en poder de ZETA, la empresa debió cumplir con la entrega de los uniformes en un periodo de treinta días naturales. Pero a la fecha, sigue sin resolver la situación.
El Ayuntamiento de Los Cabos, titulado por Armida Castro Guzmán, ha pasado por alto las violaciones a la Ley de Adquisiciones, contraviniendo así a los intereses de los cabeños.
No existe justificación alguna para que en el XIII Ayuntamiento de Los Cabos se solapen irregularidades, abuso de recurso público y violaciones a la Ley. En primer lugar, debe haber sanciones contra la empresa incumplida y los firmantes: la alcaldesa Armida Castro, la oficial mayor Marcela Loya López y el tesorero municipal Rigoberto Arce.
LICITACIÓN IRREGULAR SIN SANCIÓN
Las licitaciones públicas para la compra y adquisición de uniformes para el personal policial de Los Cabos (LA-803008998-E03-2019 y LPA-000000026-001-2019), son por 5 millones 70 mil 735 pesos con 84 centavos en el primer caso, y por 3 millones 991 mil 560 pesos en el segundo. Recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
La primera se cerró el 26 de junio y debió quedar concluida el 5 de agosto. La segunda cerró el 3 de septiembre, pero el primer depósito se hizo el día 6, por lo tanto, los 40 días naturales empezaron a contar y vencieron el 17 de octubre.
Aún no se ha revelado el nombre de la empresa encargada de la venta de tinacos a través del fondo de Infraestructura Social con precios inflados, más de cuatro millones de pesos en mil 183 tinacos
A 21 días de diciembre, la entrega no se ha hecho en su totalidad, como quedó estipulado en ambos contratos, cuya rescisión se daría en los siguientes casos:
Si el Proveedor:
* Sin causa justificada y por escrito, no inicia con los suministros acordados en la fecha estipulada en el contrato.
* Suspende injustificadamente los suministros convenidos, o se niega a reponer todo o en parte los productos que integran el suministro y que hubieran sido rechazados por parte del Municipio.
* No realiza el suministro de los productos convenidos o sin motivo justificado, no acata los acuerdos suscrito s entre las partes.
* No da cumplimiento a los plazos de entrega convenidos en los términos del contrato.
* Incumple cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato en forma injustificada.
En las declaraciones Cuarta y Quinta del contrato, los tiempos de entrega establecen:
Cuarta. Responsabilidades del Proveedor:
* Apegarse al cumplimiento de acuerdo con la cotización presentada.
* Atender en tiempo, forma y con la calidad requerida los suministros solicitados.
* No encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Quinta. Plazo de entrega y vigencia del contrato:
* El Proveedor se obliga y compromete a cumplir con la entrega de los bienes en un plazo de 40 días naturales, contados a partir de la firma de contrato y entrega de anticipo.
Lo raro es que en una de las licitaciones, concretamente en junio, el proveedor USSYALE Uniformes no fue la mejor opción en cuanto a economía se refiere, incluso en la Junta de Aclaraciones, las tres empresas concursantes presentaron equipos de “Buena calidad” o “Se acepta propuesta”, es decir, las propuestas fueron aceptables.
“Lo más obvio sería que, si las tres empresas cumplen con la calidad, cuentan con stock para prestar el servicio, sería la más barata, no fue así, se favoreció a un proveedor”.
En la licitación LA-803008998-E03-2019 para adquirir uniformes, las candidatas fueron:
* Army Uniformes, con monto de inversión de 4 millones 249 mil 296 pesos con 46 centavos, la oferta más baja en la licitación.
* Gloria Esperanza Cháidez Villanueva y/o USSYALE Uniformes, 5 millones 70 mil 735 pesos con 84 centavos.
* Alexis Aarón Montufas Betancourt y/o CAM Comercializadora, 5 millones 542 mil 129 pesos con 68 centavos, la más cara de las tres.
Pese a la “minuciosa” revisión que se hizo a cada una de las propuestas, repentinamente se descalificó a las otras dos, quedando únicamente la más costosa.
En una revisión de ZETA a cada uno de los productos, cotizando con otras empresas de venta y distribución al mayoreo de uniformes y equipo policial, en comparación con los establecimientos El Patriota Uniformes y El Fénix Pro se pudo confirmar que algunos de los precios fueron inflados.
Por ejemplo, las botas policiales las vendieron al Ayuntamiento por mil 500 pesos, en tanto que otra empresa de renombre en la localidad ofrece tres tipos, siendo el más caro de 795 pesos. La camisola fue facturada en mil 300 pesos, mientras que la empresa consultada maneja cuatro tipos y el más caro es de 495 pesos.
Respecto al pantalón de operativo o con bolsas de cargo, mientras la empresa cuenta con cinco tipos y el más caro es de 495 pesos, al Ayuntamiento de Los Cabos le costó mil 298 pesos cada prenda. El pantalón pie a tierra, que es el que se entregó a Tránsito Municipal, se facturó en mil 298 pesos, cuando su costo promedio es de 550 pesos.
Los artículos no encontrados en las tiendas consultadas por este Semanario, fueron la camisa de manga corta, que en otros sitios de búsqueda se encontró en 290 pesos la más cara y al Ayuntamiento le costó mil 300 pesos cada una. El zapato de choclo de marcas reconocidas tiene un costo de 845 pesos, y a la administración cabeña se le vendió en 980 pesos el par.
Ex funcionarios públicos de Armida Castro reconocen que las licitaciones públicas están apalabradas, incluso sus instrucciones fueron muy precisas, al tomar en cuenta al proveedor “favorito” aunque no sea el más económico.
“Todas las operaciones las decide Armida con Arce (tesorero municipal, ella nos dijo mil veces a todos los funcionarios: ‘Los proveedores los decido yo, no se equivoquen”, confió a este Semanario el ex servidor público.
POLÉMICA ENTREGA DE TINACOS
El 15 de diciembre, el Ayuntamiento de Los Cabos comunicó a entrega de tinacos equipados para mil 183 familias, aunque hasta el momento se pueda decir que se han entregado 763, según el padrón de beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de la Secretaría de Bienestar.
Al tratar de revisar el monto de inversión, la única información sobre los recursos del Ramo 33, refiere más de 143 millones de pesos destinados a inversión social, pero al analizar los Informes Periódicos sobre la Ejecución del Programa y sus Evaluaciones, el sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia evidencia que no existen registros sobre la información solicitada.
Solo se cuenta con los informes brindados por el Ayuntamiento de Armida Castro Guzmán, de mil 183 tinacos que se pretenden entregar de este Fondo. Faltan por entregar 420.
El dato de la inversión tampoco es exacto, sostienen que más de 4 millones de pesos por los mil 183 tinacos. Sin embargo, ZETA pudo detectar precios inflados, ya que el costo es aproximado a 3 mil 381 pesos por unidad.
Revisando el valor en el mercado y constatando el tinaco de mil 100 litros, que es el registrado en el padrón de beneficiarios, comparando en una tienda que vende marcas como Rotoplas -de alto precio comercial- el precio es el siguiente: 2 mil 365 pesos por el modelo 500019, tinaco tricapa1100 L, equipado (SKU164833).
Se puede constatar que el precio se infló en mil 016 pesos, valor que multiplicado por mil 183 tinacos, da como resultado que la inversión se infló por más de un millón 201 mil 928 pesos.
Más de una cuarta parte de los tinacos entregados fue a sobreprecio, más de un millón de pesos es el negocio de alguien, que aun sin contar con capital, pudo haber hecho la compra a tiendas como Home Depot con el depósito del 50 por ciento que se hace al firmar el contrato. Dos millones de pesos que casi cubren la totalidad de los tinacos.
El negocio está a la vista de todos y probablemente sea encubierto por alguien, prueba de corrupción e impunidad dentro de la administración municipal.
Actualmente no se encuentra pública la licitación por la cual se hizo la compra de tinacos, lo que podría significar que una empresa sin espacio físico, pudo efectuar la compra a terceros y revender al Ayuntamiento de Los Cabos.
