Javier González Rubio Cerecer, Silvia García González, Saúl Lamas Guzmán y Luis Fernando Barajas Gámez, figuran entre los beneficiados durante la administración de Esthela Ponce en La Paz. Además, no hay registro de pago por los permisos que fueron otorgados
Sin bastar una sesión secreta y otorgar el cambio de uso de suelo para el proyecto minero Los Cardones, los ex regidores y otros ex servidores públicos de la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán, que compartió gestión con Francisco Monroy Sánchez, también se repartieron licencias de alcohol. De un total de 22 permisos entregados, 19 estaban operando sin haber pagado.
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El Regidor Pilar Eduardo Carballo Ruiz es el único edil municipal que ha repetido en tres administraciones, cuenta con tres licencias de alcohol
“Servidores públicos abusaban de su puesto para recibir licencias de alcohol, pero ahora ya no la pueden operar, porque ya no son servidores públicos, ya no tienen quién los defienda. Ahora tienen la licencia, que paguen, es lo que tienen que hacer, todos los ciudadanos tienen derecho”, externó un comerciante a ZETA.
Los ex servidores públicos abusaron de puesto para apropiarse de licencias de alcohol con un valor aproximado de 165 mil pesos cada una, algunos con hasta tres licencias de alcohol. Estas funcionan a través de prestanombres, por lo menos así aparecen en el registro. Casualmente 19 no han entregado documentación, pagado impuestos o sido reclamadas.
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Las licencias fueron entregadas entre el 18 de febrero, fecha en que se celebró el cuarto Consejo de Alcoholes, y el 5 de marzo, en la sexta sesión.
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“Como servidor público me doy la licencia, me la entrego a mí mismo y la pongo a nombre de no sé, el nombre que te parezca, yo me la entregué y simplemente nada más la cambias a nombre de un tercero, se despacharon con cuchara grande. Son mil 908 licencias en total, hay licencias que desde 2005 no refrendan, no tienen documentación o está rara”, comentó la fuente.
La inspección inició en la administración de Armando Martínez Vega, ex alcalde de La Paz, sin embargo, no actuó en contra de los ex servidores públicos, ya que lo ideal hubiera sido que las licencias se recogieran, cancelaran y se entregaran a ciudadanos, además de actuar en contra de quienes otorgaron dichos permisos.
“Son 22 licencias que se dieron en la administración de Esthela Ponce, se dieron varias licencias, 22 tienen irregularidades, de esas 22 cuando sale Esthela Ponce y entra Armando Martínez, entra Contraloría y checa todas las licencias de alcohol; de las 22, 19 nunca se pagaron, no hay un recibo de que se haya pagado por esas licencias, sólo están asignadas a personas, las otras tres sí pagaron, están completas”, expuso el denunciante.
No se ha considerado la revocación de licencias, afirman que es una competencia desleal, ya que operaron sin pagar un solo peso por esos permisos y, mientras estuvieron en la administración, tuvieron varias condonaciones.
Parte de la lista de las licencias alcohol que se autoregalaron ex regidores y ex regidoras de la XIV Administración de La Paz
ARMANDO MARTÍNEZ NO ACTUÓ
Mediante un acta circunstanciada de inspección ocular, bajo la carpeta de investigación CM/CI/024/2015, el 3 de marzo de 2016 se constató que servidores públicos del H. XIV Ayuntamiento de La Paz se entregaron licencias de alcohol.
Inspectores acudieron a los negocios para una inspección ocular que tenía como objeto “verificar y hacer constar que los negocios cuentan con el comprobante de pago que ampara a las licencias, para lo cual deberán recabar la evidencia fotográfica. Contraloría hizo el acta donde ellos dicen que existen esas 19 licencias, que nunca se pagaron, y por ende, están congeladas en este momento, no tienen validez porque se dieron en ese momento y nunca se pagaron, nadie las reclamó, pero no las pueden usar. Algunos tienen lámina, en realidad no se sabe quiénes se la entregó, quizá a través de una sesión patito. Existen los folios, se asignó a un funcionario y lo puso nombre a un tercero”, demandó el comerciante.
Se verificaron 22 comercios dedicados a la venta de alcohol en La Paz, tres cumplieron con lo establecido legalmente, pagos y permisos actualizados; en tanto 19 no demostraron haber cumplido. Incluso el inspector estableció en el acta: “No se tuvo a la vista ni siquiera copias fotostáticas simples de los comprobantes de pago que amparan las licencias inspeccionadas”.
En una consulta efectuada por ZETA sobre el estatus de dichas licencias de alcohol, se confirmó que no pueden funcionar porque están congeladas en el sistema, “en esta administración 2018-2021 se pusieron inhabilitadas, tiene que sesionar el Consejo de Alcoholes para que se determine si se deshabilitan, se cancelen, mandan llamar a los dueños para que paguen como cualquier ciudadano, o se retiren y se entreguen a personas que sí quieran operarlas”, se informó desde Comercio y Giros Restringidos del Ayuntamiento de La Paz.
Algunas de las licencias “regulares” en pagos y permisos, durante la administración de Armando Martínez Vega, entre el 27 de noviembre de 2015 y el 16 de febrero de 2016, se entregaron cantidades entre 50 mil y 137 mil pesos para efectos de que inspectores de Alcoholes les permitieran seguir operando con tranquilidad.
Diecinueve licencias presentan irregularidades en los registros, como giros de venta de alcohol, la mayoría no cuenta con permisos de cambio de uso de suelo, solo tienen solicitud para adquirir la licencia, otras no hicieron trámite alguno, de otras solo cuentan con una credencial de elector.
“Todo esto lo sabían y nunca hicieron nada, hasta ahora se sabe están inhabilitadas, pero lo que se tiene que hacer es retirar las licencias, porque hay un rezago de solicitudes que tenemos los comerciantes y no se pueden operar debido al tráfico de influencias que hicieron en pasadas administraciones”, lanzó el comerciante consultado por ZETA.
Los más beneficiados fueron los miembros del Cabildo de La Paz durante las administraciones de Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Francisco Monroy Sánchez
LOS DUEÑOS DE LOS PERMISOS
Entre los “apoderados” de las licencias de alcohol salieron a relucir ex regidores, actuales regidores y ex servidores públicos; algunas no cuentan con registro en la sesión del Consejo de Alcoholes.
“Estos servidores públicos abusaron, tienen que hacerlo como los ciudadanos normales, quieres una licencia de alcohol, paga 165 mil pesos; quieres operarla solicítala, trae documentación y que paguen los 165 mil, que no los perdonen”, afirmó el entrevistado.
Entre los beneficiados con licencias de alcohol están:
José Javier Martínez González, ex regidor, con tres (RBAR150977, RBAR140954 y CNOC140954).
Pilar Eduardo Carballo Ruiz, regidor, tres (RBAR140950, RBAR140957 y RBAR150970).
Guillermo Valeriano Beltrán Rochín, ex secretario general, dos (RBAR140969 y RBAR150973).
Norma Alicia Castañeda Quintero, ex regidora, dos (RBAR140953 y ULTR140947).
Fausto René Álvarez Gámez, ex regidor, dos (RBAR150973 y 74).
Los demás ex servidores públicos solo pudieron apoderarse de una licencia mientras se encontraban en funciones. En esta lista figuran los ex regidores Javier González Rubio Cerecer, Silvia García González, Saúl Lamas Guzmán, Luis Fernando Barajas Gámez, José de la Toba Camacho, Ana Luisa Yuen Santana, Ricardo Fiol Higuera, Alma Melissa Bernal; así como el ex tesorero municipal Rosendo Castro Orantes y la ex subdirectora de Inspección Fiscal, Martha Elena de la Peña Avilés.
Tanto Martínez González como Castro Orantes se encuentran demandados porque con una de las licencias que les fueron expedidas, solicitaron créditos a empresas cerveceras y no han pagado.
El Consejo de Alcoholes de La Paz habrá de sesionar para determinar si las licencias se activarán o serán revocadas, a fin de otorgarlas de manera legal, “primero se tiene que hacer un análisis, no nada más de las licencias congeladas, se tienen que revisar también las mil y tantas licencias entregadas, para saber sus condiciones, ese proceso se está llevando, pero de momento están congeladas y detectadas, entregadas a servidores públicos, esperemos que no pase en esta administración”, confió el comerciante que prefirió el anonimato.
Durante la administración de Esthela Ponce Beltrán se abrió la puerta indiscriminadamente a la venta de alcohol. La mayoría de los establecimientos Oxxo iniciaron durante dicha administración y otros negocios con venta de alcohol se inauguraron en los últimos cuatro años y medio de administración, cerrando repentinamente en 2015 sin que las licencias fueran retiradas.
