El ex candidato del PAN al gobierno de Baja California, Óscar Vega Marín, interpuso un Juicio de Protección de Derechos Políticos por la pretensión de extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez con la reforma al artículo octavo transitorio.
El recurso fue presentado en el Congreso del Estado con fines de remitirse al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Vega Marín optó por proceder con el juicio ante la aplicación de la enmienda constitucional, la cual se consumó durante la toma de posesión de Bonilla Valdez, una vez que Catalino Zavala Márquez, en carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de BC, mencionó que el gobierno del político tijuanense sería de cinco años, cuando el artículo reformado apuntaba a una administración de dos años.
Según refirió Vega Marín, con el medio interpuesto el 5 de noviembre, pretende combatir lo que consideró como “la inconstitucionalidad del acto de aplicación de la multicitada ley”, lo que se traduce a la emisión del bando solemne emitido por el Congreso y la toma de posesión de Bonilla.
Sobre la denominada ley Bonilla, aprobada y publicada en el ánimo de modificar el periodo gubernamental una vez que se celebraron las elecciones correspondientes, Vega Marín arguyó que atenta contra el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, del cual México es país firmante.
También explicó que está consciente de que el Trife no puede conocer de la constitucionalidad de una ley, lo cual es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; aunque entre las facultades del Tribunal Electoral está la de conocer sobre los actos concretos de la aplicación de una norma, en este caso la emisión del bando solemne en cuestión y la toma de protesta a Bonilla Valdez, actos que a decir de Vega Marín violaron “la declaratoria original de la elección de la autoridad electoral para un periodo de dos años”.
Agregó que la aplicación de la reforma igualmente viola su derecho “a votar y ser votado como candidato a gobernador en el proceso local electoral de 2021”.
Por otro lado, el 30 de octubre la SCJN admitió a trámite un escrito denominado amicus curiae (Amigos de la Corte), interpuesto por Vega Marín así como por los también ex candidatos Jaime Martínez Veloz, Enrique Acosta Fregoso e Ignacio Anaya Barrigute, mediante el cual los interesados solicitaron una audiencia con miras a manifestarse en contra de la “ley Bonilla”.
