91 empresas están bajo sospecha de formar parte de una estructura financiera cuyo objetivo era el desvío de -hasta el momento- mil 224 millones 562 mil 544 pesos por concepto de asesorías, consultorías y otro tipo de servicios no comprobados. Los pagos se hicieron por “instrucciones superiores” sin justificar el gasto. El gobierno de Jaime Bonilla acusa al del saliente Francisco Vega de pagos con sobreprecio, servicios no recibidos, empresas fantasma, recibos falsos y domicilios inexistentes. Un modus operandi denunciado por ZETA desde 2014 y por la Auditoría Superior de la Federación a partir de 2016, sin consecuencias legales. La denuncia se presentó sin suficientes elementos de prueba, lo que resultará en una investigación que tomará meses
Se trata de múltiples empresas que comparten nombres de socios que se cruzan entre sí, ninguna está en el padrón oficial de proveedores del Estado de Baja California, algunas no están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio nacional o estatal, y las que sí lo están, se crearon en los últimos tres años.
Muchas están radicadas en Jalisco o Ciudad de México, y en varios casos los socios y supuestos asesores no aparecen en el Registro Nacional de Profesionales. Estas son las características que resaltan en las 91empresas incluidas en la denuncia con Número Único de Caso 0202-2019-42685, interpuesta por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el 19 de noviembre contra el ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid y otros ex funcionarios.
En ese expediente, la administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez acusa el desvío de mil 224 millones 562 mil 544 pesos para pago de servicios de “Asesoría, estudios e investigación”.
Lo detectado por un equipo de diez profesionales de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) fue una relación de operaciones sospechosas en contabilidad realizadas entre 2017 y 2019:
* Empresas a las que se pagaron deudas que no existían en los registros contables.
* Acreedores que tampoco estaban registrados.
* Transferencias irregulares hechas por “instrucciones superiores” en las que no se justifica ni explica el servicios recibido.
* Contratos millonarios que no pasaron por la cotización que exige la Ley.
* Posibles empresas fantasma.
Kiko Vega de Lamadrid
Sin embargo, se trata de un expediente de “indicios” que apenas está siendo integrado. Que recién el 31 de octubre -para alcanzarlos en su último día- generó citatorios para la directora de Egresos y otros tres empleados del área de contabilidad, con la instrucción de que se presenten a declarar respecto al tema y solicitarles información adicional.
En lo que se refiere al proceso de la ASEBC, falta citar y dar derechos de audiencia a todos los implicados. La indagatoria todavía no llega a los subsecretarios, secretario y menos al gobernador. Bajo estas circunstancias existe la posibilidad que no todas las empresas y transferencias sean irregulares, o que surjan más empresas y transferencias fantasma.
Con estos antecedentes, el secretario general Rodríguez Lozano presentó el martes 19 de noviembre una investigación interna que duró siete días, ya que la iniciaron el día 13, cuando el ex auditor Carlos Montejo Oceguera se citó con el gobernador para pedirle acceso a la información de los contratos con las empresas inmiscuidas. Ahí mismo le informó que el ex mandatario Vega le habló para preguntarle de qué se trataban los citatorios que recibieron la directora de Egresos y sus colaboradores.
Mismo contexto en el que el gobernador Bonilla le pidió y entregó la renuncia, bajo la advertencia que seguramente sería involucrado, porque en el sexenio investigado, Carlos Montejo Oceguera se había desempeñado como director de Auditoria Fiscal del Estado.
En la denuncia, los protagonistas de lo que Rodríguez Lozano calificó como “La Estafa Maestra de Baja California” son:
* El ex gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid.
* La diputada y ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero.
“Kiko” y Loreto responden, pero no aclaran
El ex gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y la ex oficial mayor Loreto Quintero Quintero, respondieron públicamente a la denuncia en su contra, asegurando estar en total disposición de presentarse para aclarar cualquier irregularidad encontrada durante su gestión, pero se negaron a dar más información del caso.
En entrevista, la hoy diputada panista dijo que tiene 40 años de ejercicio público honesto y permanecerá en su cargo hasta el último día, pues tiene plena confianza en su actuar durante la anterior gestión gubernamental.
Respecto a la posibilidad de que su firma esté en los documentos relacionados con la investigación, la legisladora desconoció los señalamientos, por lo que esperará hasta ser solicitada por las autoridades.
Por su parte, Vega de Lamadrid se limitó a enviar una carta firmada, señalando que se encuentra dispuesto a solventar cualquier irregularidad que salga a la luz. Agregó que su administración fue transparente y eficiente, por lo que acudirá en el momento que sea requerido por las autoridades.
“Estoy en TOTAL DISPOSICIÓN -como siempre lo he hecho- de responder y atender a las autoridades correspondientes, con el propósito de que se esclarezcan los hechos que se mencionan en la denuncia. De la misma manera, invito a los ex servidores públicos que se señalan, a que hagan lo propio”, es parte del fragmento que el ex mandatario hizo circular a los medios de comunicación. Eduardo Villa Lugo
* El ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido.
*El ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez.
* Bladimiro Hernández Díaz, contralor por los primeros cuatro años del sexenio pasado y secretario de Finanzas por los últimos 31 meses.
* El ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, Rutilo Pérez Flores.
* Demás “funcionarios públicos que integran la administración pública saliente” (2013-2019).
Al hablar del contenido del expediente, Amador Rodríguez Lozano expuso -a grandes rasgos- la posible conformación de una estructura financiera distribuida en por lo menos 91 empresas que habrían triangulado más de mil 200 millones de pesos de las arcas estatales a negocios con domicilios inexistentes, a alguna vivienda abandonada o hasta lotes baldíos durante 2017 y 2018.
Empresas ubicadas en Tijuana, Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, servían de “fachada” para recibir sospechosos recursos justificados por servicios de asesoría y consultoría a diversas áreas de gobierno.
Bladimiro Hernández, secretario de planeación y finanzas
Aunque se trata de 91 empresas presuntamente involucradas en el desfalco de más de mil 200 millones de pesos, el funcionario destacó del contenido de las querella los nombres de cinco negocios de reciente creación, quienes recibieron jugosas transferencias de las que se desconoce la existencia de contratos.
La revisión de archivos permitió conocer que por lo menos tres de esas cinco empresas tienen historial de operaciones “dudosas”, pues dos de estas pactaron contratos con diputados priistas y panistas de la XXII Legislatura que alcanzaban el millón y medio de pesos por servicios de consultoría, los cuales nunca fueron aclarados; además, una fue boletinada por el Servicio de Administración Tributaria como empresa fantasma.
Los delitos denunciados son: abuso de autoridad, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza y coalición de servidores públicos; infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos o negociaciones lícitas.
LAS CINCO EMPRESAS
El martes 19 de noviembre, la coordinadora de Ministerios Públicos, Rosaura Reyes Cisneros, recibió la denuncia por parte de Rodríguez Lozano en las oficinas del Centro de Justicia Penal de Mexicali, donde proporcionaron algunas evidencias que servirían de punto de partida para la investigación ministerial.
Por lo menos tres de las empresas tienen relaciones entre sus socios y una más de las 91 que conforman la estructura. La primera es Servicios Administrativos Math, S de RL, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) el 16 de diciembre de 2016, la cual percibió un monto de 800 mil pesos por servicios de asesoría. Aunque no se mostró contrato, el secretario general de Gobierno compartió algunos documentos relativos a dicha consultora, a la cual se depositó el recurso en una sola emisión a la cuenta 65-50681037-5, el 23 de marzo del año en curso.
Los propietarios de esta empresa son David Valenzuela Salas y Pablo Martínez Martínez, teniendo como socio a Raúl Valencia López. Estos tres individuos no cuentan con grandes propiedades ni cédula profesional de alguna institución educativa en el país, lo que resulta extraño porque ofrecen servicios de asesoría.
Pese a ello, se les otorgaron 800 mil pesos en una transferencia para servicios de consultoría, según comentó Amador Rodríguez Lozano.
No es la primera vez que Servicios Administrativos Math, S de RL es contratada por un ente de gobierno, pues el 22 de marzo de 2018 recibió un pago bancario por parte de cinco ex diputados priistas de la XXII Legislatura: Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Patricia Ríos, Benjamín Gómez Macías y Marco Antonio Corona Bolaños Cacho por servicios de consultoría; cada aportó ese día 300 mil pesos, dando un total de un millón 500 mil pesos.
En mayo de 2018, Corona Bolaños Cacho volvió a “requerir” sus “servicios”, por lo cual pagó 175 mil pesos con cargo al erario. También la ex legisladora panista Mónica Hernández le otorgó tres cheques por 58 mil pesos los días 24 de mayo, 9 de abril y 21 de marzo.
La empresa también hizo contratos con el Ayuntamiento de Tijuana, pues DIF Municipal le contrató para brindar capacitaciones en 2017, identificando su domicilio en José María Velasco número 2789-203, Zona Urbana Rio Tijuana.
David Valenzuela Salas y Pablo Martínez Martínez también son socios de otras dos empresas que aparecen en el listado de compañías fantasma expuestas por Rodríguez Lozano. El segundo de ellos es propietario de Juper Comercializadora, S de RL de CV, fundada en febrero de 2017 y otra de las involucradas en el supuesto desfalco por el mismo monto de 800 millones de pesos. Comparte la propiedad con Alma Delia Cárdenas Bañuelos y Raúl Valencia López.
Juper Comercializadora. S de RL de CV, también ofreció sus servicios al Congreso del Estado y obtuvo otros contratos por varios cientos de miles de pesos durante marzo.
Raúl Valencia López es socio de MVR Constructora, S de RL, registrada el 12 de enero de 2017 y donde comparte acciones con Manuel Francisco Heredia Silva y Gabriel Reyes Varela. La sociedad recibió 800 mil pesos por consultorías.
Sin fiscal Anticorrupción no avanzará denuncia contra “Kiko”
En lo que parece ser una omisión, diputados de la XXIII Legislatura no presentaron las adecuaciones legales para el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción ni de la de Delitos Electorales, ya previstas en la reforma constitucional que dio vida a la Fiscalía General.
El diputado Juan Manuel Molina habló al respecto y aseguró que tanto los dos fiscales mencionados, como el auditor superior del Estado, serán electos por el Congreso del Estado, de una terna enviada desde el Poder Ejecutivo, dejando fuera al Comité Evaluador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), al que criticó por priorizar protagonismos y pleitos políticos, en lugar de trabajar por mejorar el novedoso esquema.
Molina García agregó que existe una urgencia por parte del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional para sacar adelante las adecuaciones necesarias a la Ley que creó la Fiscalía General del Estado, y poder iniciar funciones.
Aseguró que esta misma semana sostuvo comunicación con el gobernador Jaime Bonilla Valdez y con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, para tratar el tema, por lo que esperan que en cualquier momento sea enviada la terna para elegir al fiscal Anticorrupción.
A pregunta directa sobre el estatus de la denuncia contra Francisco Vega de Lamadrid y sus funcionarios, el tres veces legislador aseveró: “Sí, pero tendrían que esperar a que haya autoridad que la siga”.
Referente al auditor superior, Molina García confirmó que esperarán a recibir una terna por parte del Poder Ejecutivo, pero las indagatorias no cesarán al existir un encargado de despacho. Eduardo Villa Lugo
De ambas empresas no hay absolutamente nada de información pública, ya sean contratos de cualquier índole, página web o número de contacto.
Referente a David Valenzuela Salas, ZETA pudo documentar que participa activamente en otra sociedad llamada Promotores de Emociones Inteligentes, S de RL de CV, fundada el primero de diciembre de 2016, la cual también recibió 800 mil pesos. Esta empresa se encuentra en el listado de las 91 bajo investigación, aunque no es de las primeras cinco mencionadas.
Junto a Valenzuela Salas, Raúl Valencia López -de nuevo- y Rubén Arturo Gastélum Rodríguez, cuyo nombre fue localizado en un padrón de beneficiarios del Ayuntamiento de Tijuana, donde recibió 3 mil pesos por concepto de “Apoyo social”.
Junto a su nombre aparecen su Registro Federal de Contribuyentes y su clave de credencial de elector, es decir, documentos básicos para registrar acciones en una sociedad.
De la única empresa que no se pudo obtener mayor información fue de Edificaciones, SA de CV, al no contar con inscripción en el RPPC ni existen contratos públicos o privados; tampoco página de internet o integración a algún padrón de proveedores en ninguna entidad o Federación -esto curiosamente también ocurre con el resto de las empresas-.
La última empresa que consta en la denuncia contra “Kiko” Vega” es Bufete de Consultoría, Asesoramiento y Análisis de Laboratorio, SC, la cual recibió un contrato -a través de una adjudicación directa- de 8 millones 157 mil 044 pesos, por el mismo concepto de asesorías. El inmueble se encuentra registrado -aparentemente- en Naucalpan, Estado de México y fue boletinada por el SAT como empresa fantasma en mayo de 2018, lo que evidentemente muestra una irregularidad al realizar negociaciones con la misma.
Eva Rodríguez y Loreto Quintero
COALIGADAS
En la revisión de algunas de las actas constitutivas de las empresas del listado en los RPPC, se pudo detectar que varias de las empresas están relacionadas través de sus propietarios o representantes legales, además de que sus periodos de creación son en fechas similares y cuentan con características que las relacionan entre sí, ya sea por la nula información o porque se dedican a prácticamente todo: desde importación de alimentos, limpieza, venta de autos; cuanto giro sea posible.
Un ejemplo de ello se encontró en un grupo de empresas que juntas cobraron cheques por 29 millones 948 mil pesos.
Leviatán Solution, SA de CV, creada el 3 de mayo de 2018 y con Andrés García Tavera y Sonia Rangel Lara como propietarios, además de tener como comisario a Édgar Fernando Sánchez Soto. Dicha sociedad recibió 5 millones 800 mil pesos en 2018 por el mismo tipo de servicios. García Tavera también es dueño Servicios Sampati, SA de CV junto con una mujer llamada Amanda Méndez Sosa, de 70 años; la fundaron el 29 de mayo de 2017 y al año siguiente recibieron 11 millones 600 mil pesos del erario.
Méndez Sosa se habría asociado con Ana Karen Escamilla Lerma, joven de 22 años para formar otra empresa llamada Grupo Sufren. SA de CV, el mismo día (29 de mayo de 2017) que Servicios Sampati recibió 11 millones 948 mil 000.
La joven Escamilla Lerma aparece en un padrón de beneficiarios del Estado de México llamado Futuro en Grande, en 2014 recibió apoyo alimentario de una canasta básica; tres años después fundó una empresa que percibió millones de pesos.
Los nombres de estas tres personas convergen en dos empresas más: Constructora 227, SA de CV y Grupo Industrial Punta Málaga, SA de CV, donde se agregan más nombres como Sonia Rangel Lara y Alberto Jiménez Tello, relacionados en otros negocios, abriendo una cadena con más personajes ligados entre sí.
CONTRATOS DE 20 A 70 MDP
Del listado de empresas inmiscuidas, ZETA revisó los antecedentes de las quince empresas a las que más se les pagó sin justificar el gasto y sin que en los registros contables los auditores hayan localizado las cotizaciones. Juntas cobraron cheques por 667 millones 110 mil 204 pesos.
Destacaron tres porque no se encontró dirección, responsable, apoderado o información alguna en los registros públicos ni en la lista de proveedores del gobierno de Baja California:
- Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, SA, a la que se le pagaron 42 millones 646 mil 183 pesos.
- Ambra Consultores, SC, donde cobraron 37 millones 344 mil 670 pesos.
- Marlon Consultores, SC, 52 millones 406 mil 648 pesos.
Amador rodríguez Lozano
Las siguientes empresas aparecen en el RPPC o en la lista de proveedores de otros estados de la República o en alguno de sus municipios, pero no en el de Baja California:
* Agento Corporativo, SC, que recibió 76 millones 479 mil 417 pesos del gobierno local. Se pudieron localizar contratos con los gobiernos de Jalisco y Zacatecas en 2018, ambos en promedio de 500 mil pesos, en los que solo se menciona “Asesoría jurídico laboral” y residencia en Jalisco. La representante legal es María de Jesús Jiménez Arias, sin cédula profesional. Aparece como socia en otra empresa dedicada a la reparación y mantenimiento automotriz.
* Técnica Aplicada en Estudio y Diseño Empresarial, SC, favorecida con 69 millones 134 mil 204 pesos. Pudo ser localizada como participante en una licitación para un proyecto de “Análisis del costo beneficio del sistema integrado de transporte público en Puerto Vallarta Jalisco”, el cual perdió.
* Servicios Empresariales Aplicados Gluvitec, SA de CV. Se le pagaron 51 millones 874 mil 126 pesos, el contador Gustavo Melchor Méndez y la señora Viviana Solís aparecen como propietarios de la empresa radicada en el Estado de México, fundada en 2017. Se dedica a la compra, venta, fabricación y exportación de varias áreas, pero en cuestión de asesoría, su especialidad es “Ingeniería industrial, computación, informática, contable, fisca, financiera, bursátil, auditoria, pedagógica, jurídica laboral, corporativa”, entre otras. Ha sido proveedora en San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.
* Servicios Empresariales Alicxor SA de CV. Cobró 37 millones 073 mil 411 pesos. En este caso, uno de sus dueños tiene los mimos apellidos que el propietario de la empresa anterior y también hace de todo. Se llama Jorge Melchor Méndez, es contador y ha tenido contratos en Guerrero y Jalisco. Demandó por impago al Poder Legislativo federal.
* Servicio Yetnick, SA de CV recibió 43 millones 002 mil 716 pesos. Se pudo localizar en el padrón de proveedores de Servicios Educativos de Colima y Universidad Autónoma de Juárez, en los cuales se indica que tiene dirección en Avenida Tláhuac número 1138, interior 4ª, Loma de la Estrella, Alcaldía de Iztapalapa en Ciudad de México.
* VR-CH Expertos Consultores, SA de CV. Ganó con el gobierno local 51 millones 016 mil 280 pesos. Está domiciliada en Guadalajara, Jalisco, registrada en 2016 y se dedica a todo. Indica “Prestación, contratación, subcontratación, y promoción de toda clase de servicios administrativos, técnicos, consultivos y de asesoría”. Sus propietarios son el cirujano general Cristian Vite Rangel y la señora Jenny Castro Herrera. Tienen un registro como proveedor en Tlajomulco y Ciudad de México.
* Servicios Profesionales Empresariales Macplate, SA de CV. Favorecida con 36 millones 135 mil 302 pesos. Fundada en 2016, también asesoran en todas las ramas de contabilidad, Derecho, informática y administración. Tiene domicilio en Ciudad de México y aparece en el Padrón de Proveedores de Durango en 2016. Uno de sus dueños, Federico Lagos Aceves, tiene cédula como profesional en Relaciones Exteriores. Su socia es Adela del Rosario del Valle Bayona.
* Servicios Ridlan, SA de CV. El importe a su favor fue de 36 millones 099 mil 493 pesos. La inscribieron en 2016 con dirección en la Capital mexicana. Los dueños y socios Misael Vera Ramos y Daniela Almeida Boyzo no están inscrito en el Registro Nacional de Profesiones. Fueron proveedores en Estado de México y para la Fiscalía de Colina en 2018; sus contratos rondaron los 3 millones de pesos.
* Constructora y Distribuidora Minuit, SA de CV. A su nombre quedaron 34 millones 036 mil 048 pesos del erario bajacaliforniano. Esta empresa no está en el RPPC, pero fue localizada como proveedor del Estado de México. Braulie Vargas Maya aparece como dueña y Carla María Gómez Nieto como representante legal. Tiene dirección oficial en Avenida Churubusco en Tultitlán. En la misma ciudad, Vargas tiene inscritas en el RPPC Comercializadora Brau (2016) y Comercializadora 18Varmay (2017), ambas especializadas en lo relativo a sistemas electrónicos. En las dos tiene como socio a José Vargas Flores.
* Rubens Asesores, SC. En Baja California recibió 28 millones 154 mil 017 pesos. El programa federal Comunidad DIFerente le entregó alrededor de 400 mil pesos en 2015 por dos capacitaciones: una para instalar huertos botánicos y otra para la confección de calzado artesanal. Ha sido proveedora en Jalisco y CDMX.
* Annova Consultores, SA de CV. Le asignaron 27 millones 968 mil 946 pesos. Tiene sede en Guanajuato, asesora en temas laborales, legales y hacendarios, entre otros. La inscribieron en 2014 y sus dueños son los hermanos Adrián, ingeniero electrónico, y José Lara Lona, ingeniero civil. Tienen un contrato previo en 2018 con el Gobierno del Estado de Sonora.
* Abastecedora Comercial y de Servicios Britmor, SA de CV. Le transfirieron 23 millones 356 mil 243 pesos. Su registro data de 2016, como dirección oficial tiene avenida y colonia Presidente Masaryk. Sus dueños son Jaime Alberto Altuzar Brito, con especialidad en tecnologías de la información, y Gerardo Juárez Medina. Se dedican a la compra, venta, distribución y comercialización de equipos de cómputo. Públicamente está registrada en el Padrón de Proveedores de Durango.
* Nolcom Consulting, SA de CV. Erogaron 20 millones 382 mil 500 pesos. Tienen registro en Ecatepec, Estado de México a partir de 2016. Ofrecen consultoría en todos los temas posibles. Sus propietarios son Raúl Chávez Ramírez y Blanca Retana Manríquez.
Amador Rodríguez Lozano y Loreto Quintero, ex oficial mayor
FGE Y CONGRESO INVESTIGARÁN
Tras la denuncia presentada contra los ex funcionarios por irregularidades en las transferencias a las 91 empresas, la Fiscalía General del Estado y el Congreso de Baja California anunciaron acciones para determinar responsabilidades.
Pedro Mendivil, fiscal de Mexicali, anunció que solicitará la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, titulada por Santiago Nieto, para obtener mejores herramientas para la indagatoria.
Agregó que el fiscal Anticorrupción será el responsable de llevar a cabo la indagatoria, lo que aceleraría el proceso de investigación contra los ex funcionarios, según comentó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Por su parte, la diputada morenista Eva Gricelda Rodríguez afirmó que tienen conocimiento de la denuncia interpuesta por el Poder Ejecutivo y no descartan hacer lo propio a través de la ASEBC, que si bien tiene la titularidad vacante, existe un encargado de despacho que puede cumplir con dichas funciones.
En entrevista, la legisladora presidenta de la Comisión de Fiscalización, aseveró que dichos datos también obran en las carpetas de la ASEBC, pero ya fueron aprobados por la anterior Legislatura, por lo que solicitarán reabrir las cuentas públicas de aquel año para detectar irregularidades que pudieron ser “cubiertas” por el anterior Congreso de mayoría panista.
