El 23 de octubre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma a diversos artículos de la Constitución local para crear la Fiscalía General del Estado, que es la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado y a su vez absorbe las facultades, infraestructura, personal y presupuesto de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
También desaparecen la Policía Estatal Preventiva y la Policía Ministerial del Estado, aunque en realidad estarán cambiando de nombre. La primera será Guardia Estatal de Seguridad, y la segunda, Guardia Estatal de Investigación.
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Con los mismos recursos, los mismos policías, los mismos vicios y sin una limpia hasta el momento, las corporaciones estatales ahora tendrán nuevo nombre y serán coordinadas por una sola persona, en este caso el comisionado estatal de Seguridad.
La Súper Fiscalía que los diputados de Movimiento Regeneración Nacional aprobaron en el Congreso del Estado, la encabezará el compadre del gobernador Jaime Bonilla Valdez: el abogado Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, con lo cual pierde toda autonomía o independencia, al existir un lazo afectivo familiar -quien será fiscal bautizó a una de las hijas del gobernador- con la cabeza del Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las reformas a la Ley publicadas el 23 de octubre, a partir de ese momento quien se encontrara en el cargo de procurador general de Justicia del Estado, en automático era designado fiscal general del Estado. Sin embargo, como entre el gobierno saliente y el entrante hubo -por decir lo menos- algunos acuerdos, Cristian Colosio Lule, quien suplió al frente de la PGJE a la magistrada Perla Ibarra Leyva, nunca fue juramentado procurador. Fue nombrado encargado de despacho y, por tal cuestión técnica, la Fiscalía permanece acéfala, para que el primer fiscal sea, efectivamente, el compadre del gobernador.
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El jueves 31 de octubre, sin una terna enviada por el gobernador al Congreso del Estado, como corresponde en el proceso de selección del fiscal general del Estado, los funcionarios de Morena y sus diputados pretendieron tomarle posesión a Guillermo Ruiz Hernández, pero la intentona se frustró. En un momento consideraron que podían nombrarlo encargado de despacho, pero igual, será hasta que Jaime Bonilla Valdez ya esté hoy viernes 1 de noviembre en pleno uso de sus facultades constitucionales, para que pueda proponer y hacer al respecto.
Lo que sí, la Ley se la dejaron a modo previo a la toma de posesión. Primero porque el panista y kikista Miguel Ángel Bujanda presentó la iniciativa que presentaría Morena para modificar las reglas y fusionar la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría en la Fiscalía; y segundo, porque de paso le retiró el tope máximo de edad para ser fiscal, dado que el compadre excedía el número de años propuestos en la Ley.
La nueva Súper Fiscalía tendrá las siguientes funciones:
* Investigar y perseguir delitos.
* Ejercer la acción penal.
* Procurar la reparación del daño de las víctimas.
* Adoptar y en su caso promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales.
* Intervenir en el proceso de ejecución penal.
* Intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva.
* Intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversial constitucionales.
* Ejercer sus funciones en materia de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal y estatal correspondiente.
* Coordinar el Centro Estatal de Inteligencia.
Tales funciones las hará con la siguiente infraestructura:
1. Fiscalía Regional en cada una de las cinco ciudades: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.
2. Fiscalía Especializada de Delitos contra Mujeres por razón de género.
3. Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida.
4. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.
5. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
6. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.
7. Fiscalía de Unidades Especializadas.
8. Unidad de Inteligencia Financiera.
9. Unidad de Procedimientos de Extinción de Dominio.
10. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
11. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
12. Fiscalía de Contraloría y Visitaduría.
13. Guardia Estatal de Seguridad e Investigación.
14. Oficialía Mayor.
15. Dirección Estatal de Ciencias Forenses.
16. Centro Estatal de Inteligencia.
17. Centro de Evaluación, Control y Confianza.
18. Dirección del Sistema Estatal de Justicia Alternativa.
19. Dirección de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia.
20. Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Institucionales.
21. Dirección del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria.
22. Consejería Jurídica.
23. Unidad de Investigación Financiera Estatal.
Como está en la Ley, el fiscal general de Baja California lo mismo deberá prevenir el delito que investigarlo y emprender el ejercicio de la acción penal. Además, investigará no solo la comisión de delitos producto de la inseguridad que inunda al Estado, también aquellos de corte electoral, contra partidos políticos y candidatos, y los de corrupción contra funcionarios y ex funcionarios. Tendrá facultad para hacer investigaciones financieras para sancionar no solamente a funcionarios corruptos, también a empresarios, profesionales y ciudadanos en general.
Para que el Lector se dé una idea, la Unidad de Investigación Financiera nacional no está en la Fiscalía General de la República, sino en la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En Baja California los diputados le dieron todo el poder al próximo fiscal y a los que siguen después de él, y aunque la Ley dicta que su encargo será por seis años, es acuerdo no tan secreto que al finalizar el periodo de Jaime Bonilla Valdez, quien fue electo para dos años pero insiste en ejercer durante cinco, el fiscal compadre renunciará, y entonces legará todo el poder a su sucesor. Porque así son los políticos en los partidos: reforman las leyes a su conveniencia pensando que estarán para siempre en el poder.
Un fiscal que tiene facultades para investigar delitos de la inseguridad y la violencia, del orden común y del narcomenudeo, financieros, de corrupción y electorales, es por demás un funcionario súper poderoso. Y con la íntima cercanía del compadrazgo con el gobernador y la mayoría calificada en el Congreso del Estado, la mezcla se ve hasta peligrosa.
Esa es la realidad en Baja California ante la llegada de Morena al poder público. Habrá que estar atentos.
