A lo largo del desarrollo de la humanidad se han ido conceptualizando Derechos Humanos. La evolución social poco a poco ha ido empujando la necesidad de reconocer nuevos derechos que sirvan como estándares de calidad para la vida del ser humano en este planeta, con la intención de preservar su dignidad.
En la tipificación tradicional de los Derechos Humanos se habían reconocido tres generaciones, identificadas con coyunturas históricas y sociales más o menos bien definidas; pero se considera que entramos en una cuarta generación de derechos, que surgió cuando empezamos a mudar nuestras relaciones al espacio virtual.
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Entre los derechos de esta última generación tenemos reconocidos el derecho de acceso a la informática, el derecho de acceso a la sociedad de la información en condiciones de igualdad y no discriminación, el derecho al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea (sean satelitales o por vía de cable), el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al Habeas Data y el importante derecho a la seguridad digital; este último podría considerarse también una ampliación de un derecho reconocido en otra generación, el derecho a la seguridad.
En la primera generación de los derechos se nos reconocieron los civiles y políticos, los derechos de libertad influenciados por una etapa abolicionista de la humanidad y que mucho tiempo después se plasmaron en tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esa etapa se buscaba limitar el poder del Estado frente las personas, para lograr equilibrio en las relaciones entre institución y ciudadano.
Los derechos de segunda generación tienen una de naturaleza económica y social, e inciden sobre la expresión de igualdad de los individuos, siendo relacionados con las ideas socialistas y marxistas; aquí surgen los derechos a la educación, el trabajo, la salud, la protección social, entre otros. Es una etapa de reconocimiento de derechos que promueve que el Estado tenga una participación directa para garantizar un acceso igualitario y sin discriminación a los derechos. En esa etapa se buscaba compensar las desventajas de algunos grupos sociales que hoy por hoy siguen existiendo, pese al avance en el surgimiento de los instrumentos de derechos.
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Después de los desastres ocasionados con la Segunda Guerra Mundial, aparecen los derechos de la solidaridad, la paz, el derecho a la conservación de la identidad y al patrimonio cultural y el medio ambiente sano. Además, se empiezan a hacer visibles los colectivos discriminados por edad, por origen étnico o religiosa, o por nivel de desarrollo económico, por citar a algunos.
En los momentos en que empezamos a entender la paz como un derecho, también se reconoció la justicia internacional y la necesidad de instituciones supranacionales que pudieran, de alguna manera, “intervenir” en los conflictos armados, en las guerras. Entonces surgieron instituciones como la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por reconocerles derechos en el mundo a los hombres y mujeres, las políticas públicas están aún muy lejos de hacer justiciables estos.
Sabemos que la esclavitud sigue existiendo, aunque haya tomado formas distintas, como la trata, que hay grupos sociales víctimas permanentes de discriminación, que las guerras se siguen dando en muchos territorios. La seguridad no es una realidad en los países de Latinoamérica; la seguridad digital -como derecho humano- no termina de ponerse en las leyes de nuestros países ni de armonizarse en las normas locales. No estamos seguros y seguras en las calles, pero tampoco en el espacio virtual.
Hace poco más de una semana, en el marco de un diplomado sobre el derecho a la protección de datos personales organizado por mi alma mater -la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho, Campus Mexicali- me encontraba impartiendo un curso de Derechos Humanos y analizaba los riesgos que representa la interacción en un espacio bastante carente de elementos de seguridad. Hay pocos policías en las calles, pero hay menos en el llamado “internet”, les decía. Días después me incluí en la lista de las víctimas de los llamados delitos cibernéticos; el escenario estuvo en mis redes sociales.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
