Establecida la nueva administración estatal morenista en Baja California, en los primeros minutos del 1 de noviembre de 2019, el gobernador Jaime Bonilla Valdez tomó protesta en el Congreso y se dirigió inmediatamente a sus oficinas en Mexicali, ubicadas en el edificio frente al Poder Legislativo.
Entre las 12:30 y la 1:30 am –minutos más, menos- de ese viernes, el equipo del mandatario transmitió en vivo un video en su página de Facebook, material que ya fue eliminado de esa red social. El Ejecutivo estatal llegó acompañado -entre otros- de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Minutos después se apersonó su compadre, el licenciado Guillermo “Titi” Ruiz Hernández. Sin empacho, el ingeniero lo presenta y le dice “fiscal”, aunque la puesta en escena para elegirlo de una terna en el Legislativo, se realizaría dos horas después.
Como fiscal, Sánchez le aconsejó hacer una Mesa de Justicia Jurídica a la semana en la que se sentara con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y otros involucrados para “empatar criterios” y evitar la “puerta giratoria”. El licenciado Ruiz le comentó: “Quiero que nombres jueces especializados en homicidios y narcomenudeo”, a lo que la secretaria federal respondió: “Hagan la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Entonces Sánchez pregunta: “Gobernador, ¿vamos a regresar al Congreso?”. Bonilla dice “no” y pregunta por qué. La ex ministra replica: “Porque él (Ruiz) va a protestar”.
Sorprendido el gobernador, que evidentemente no considera a la Fiscalía como un organismo independiente y autónomo, siguió cuestionando: “¿No va a protestar aquí?”. Una voz al fondo que parece ser la de Amador Rodríguez le responde: “No, porque a él lo nombra el Congreso”.
No conforme, el titular del Poder Ejecutivo vuelve a inquirir: “¿Quién le toma protesta?”, hasta que alguien en voz baja parece explicarle y cambia de tema.
Ruiz Hernández fue nombrado fiscal a las 3:30 am del mismo 1 de noviembre, en la misma sesión que previamente habían votado la reforma que dio vida a la nueva estructura de la Fiscalía.
Aunque desde mayo de 2019, antes de ganar la elección, Bonilla Valdez declaró públicamente que “Titi” sería el abogado del Estado, justificándose en que lo había invitado personalmente el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la madrugada del 1 de noviembre armaron el circo y el gobernador envió en la terna, junto al nombre del hombre que le bautizó a una hija, el de Hiram Sánchez Zamora, que ya se había anunciado sería el fiscal central del Estado, y a Jorge Álvarez Mendoza, quien permanecería como fiscal regional de Tijuana.
No conforme y olvidando su autonomía, el fiscal decidió formar parte del acto social del 1 de noviembre en Tijuana, en el que Jaime Bonilla Valdez presentó y tomó protesta a su gabinete. Estaba en la hilera formada por los secretarios en el presídium, justo en medio, cuando el mandatario pidió a los funcionarios que no lo hubieran hecho, levantar la mano para aceptar el cargo.
El viernes 8 de noviembre, en el festejo organizado para presentar oficialmente las nuevas oficinas de la fiscalía en el World Trade Center, el protagonista de nuevo fue el gobernador, a quien Ruiz le mostró los nuevos uniformes, policías, armamento e instalaciones.
Al abarrotado convivio asistieron políticos morenistas y la clase empresarial, entre los cuales destacaron los hankistas Irma Contreras Balcázar, a posteriori designada “enlace con autoridades”; así como su marido Miguel Ángel Badiola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tijuana, que cedió su silla al joven Jorgealberto Hank, hijo de Jorge Hank Rhon, el hombre al que apenas en octubre el gobernador Bonilla acusó de haber sido vicegobernador con Francisco Vega de Lamadrid y de encabezar una campaña en su contra porque quiere ser gobernador.
Para no dejar dudas del rendimiento y la ausencia de autonomía, el fiscal Ruiz ordenó pintar el logo de la Fiscalía y las patrullas de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), que son alrededor de 200, de color guinda morenista, muy similar al usado por Autotransportes Calfia en las vagonetas que dan servicio en la Zona Este de Tijuana. Algo que ni el Presidente López Obrador y su fiscal Alejandro Gertz Manero hicieron.
Al fiscal no le importó el evidente gasto, tampoco que otras entidades de gobierno como el Ayuntamiento de Oaxaca, hayan sido denunciados por hacer lo mismo y ahora estén obligados a repintar las unidades.
También menospreció el acuerdo tomado en el Consejo Nacional de Seguridad desde 2009 para ajustar el equipamiento de las corporaciones mexicanas a las normas internacionales, criterios que se han replicado por diez años en los acuerdos para distribuir el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios establecido por el Secretariado Ejecutivo Nacional. Mismo que instruye: “El transporte terrestre para el equipamiento de los elementos de la Policía de Proximidad descrito en las fracciones I, II y III se sujetará a los siguientes colores: 1) Azul marino de acuerdo a la Norma Internacional de los Cuerpos Policiales; y 2) Metálico plata… 3) Blanco…”.
La excusa del fiscal para ponerle a las patrullas el color de Morena fue que si las pintaba con dinero del Estado, no tenía que seguir los criterios de la Federación.
Ante las evidencias de la rendición del fiscal al partido y al gobernador, de nuevo a la sociedad solo le queda vigilar para que más allá de amistades, evidentes deudas políticas, compadrazgos y colores, la nueva y poderosa Fiscalía General del Estado rinda resultados, reduzca la incidencia delictiva, procese a los homicidas, encarcele a los generadores de violencia y no se convierta en una herramienta de venganza o encubrimiento de políticos corruptos. Con la expectativa de que en dos años, al concluir el gobernador Bonilla su periodo, el fiscal Ruiz piense finalmente en la olvidada autonomía.
