Identifican a los culpables

Abogado civilista, Gustavo Alemán Salazar, Mirna Ledesma y su hija de nombre Natalia fueron privados de la libertad en diciembre 2018.
 
Edición Impresa lunes, 11 noviembre, 2019 01:00 PM

Carpetas iniciadas por delitos de privación ilegal, con víctimas de las que se presume el homicidio, serán reorientadas. Los presuntos responsables serán investigados por el crimen de “Desaparición Cometida por Particulares”. Casos públicos, como el de la familia Alemán Ledezma y la chica preparatoriana Diana Gómez Piggeonountt, en Tijuana, así como Luis Falcón y Misael Díaz, jóvenes residentes de Mexicali, se reconfiguran para llevar a sus victimarios tras la rejas. Las penalidades van de los 25 a los 50 años

Con apoyo de familiares y amigos, los casos Piggeonountt, Alemán y Falcón-Díaz tuvieron avances en la Procuraduría General de Justicia del Estado; los investigadores ministeriales lograron la conjunción de una serie de pruebas circunstanciales para determinar quiénes fueron las personas con las que convivieron las víctimas:

* La última vez que se les vio con vida.

* El hecho de que algunos victimarios conservaron objetos propiedad de las personas no localizadas.

* Las comunicaciones con los delincuentes que desaparecieron los restos mortales.

Pero sin una víctima localizada, viva (en el mejor de los casos) o muerta en avanzado estado de descomposición (que también sería un funesto escenario), para la fiscalía resulta complicado avanzar.

Camino vecinal, Baja Malibú sobre el barranco, Delegación Playas de Tijuana, localizan en el lugar restos óseos de la familia Alemán Ledezma, dentro de un hoyo a la altura de un barranco, sobre area despoblada.

 

Las evidencias circunstanciales muestran -pero no corroboran al 100 por ciento- que estas personas desaparecidas fueron privadas de la vida. Al no poder fincar cargos por homicidio, se explora la factibilidad de imputar a los presuntos responsables por haberlos desaparecido.

Esto basados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017 y que en su Artículo 34 establece:

“Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa”.

Además, este y otros delitos incluidos en la misma ley son “imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza”.

Y “a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y de mil a mil quinientos días multa”, de acuerdo a lo que ordena el Artículo 37.

 

José Luis Falcón

LOCALIZAN A LOS ALEMÁN

El 9 de octubre de 2019, alrededor de las 11 de la mañana, fueron localizados en un predio sobre el camino vecinal en Baja Malibú, en Playas de Tijuana, los restos óseos del abogado civilista Gustavo Alemán Salazar, su esposa Mirna Ledezma Cázares de Alemán y su joven hija Natalia.

El descubrimiento de los cuerpos sucedió diez meses después de haber sido desaparecidos, y la condición de los restos indica que fueron asesinados casi de manera inmediata a su desaparición. Dadas las condiciones de los cuerpos, las autoridades aún no determinan la causa de muerte.

Los tres integrantes de esta familia fueron víctimas de una privación de la libertad, alrededor de las 5 de la tarde del lunes 3 de diciembre de 2018. El delito se cometió en el estacionamiento de la tienda Home Depot en la delegación La Mesa, frente a decenas de empleados y consumidores del lugar.

Los testigos describieron cómo alrededor de seis hombres encapuchados -y con ropa táctica en apariencia- llegaron a bordo de tres pick-up con vidrios polarizados y se llevaron a las tres víctimas con violencia. Hubo otra versión de un abogado, que asegura estaba al teléfono con el padre victimado y escuchó cómo los sujetos lo engañaron con una supuesta orden de aprehensión.

Al iniciar la indagatoria, los agentes obtuvieron varios videos que les permitieron darse cuenta que los criminales siguieron a la familia desde que estaban en la casa de la madre de la señora Ledezma, y que por lo menos participaron dos autos más tipo sedán.

48 horas después del ataque, en una de las oficinas del negocio de los Ledesma recibieron una llamada preguntando si era cierto que ellos eran propietarios de un determinado terreno de varias hectáreas en Rosarito; respondieron que sí y colgaron. Durante meses, las autoridades siguieron al posesionario del teléfono (un mecánico) hasta que este estableció comunicación con sus contactos mafiosos.

La misma táctica se utilizó en uno de los autos sedán involucrados en la privación. Varios meses después, estuvo implicado en un accidente automovilístico. Sin la confirmación de que fuera el mismo auto al 100 por ciento, lo siguieron; semanas después confirmaron que pertenecía a la misma célula criminal.

Se tenían algunos elementos circunstanciales para imputar a los autores materiales, pero judicialmente requerían más pruebas para implicar al autor intelectual. Para entonces, diversas pruebas recabadas les habían dejado claro que se trataba de un triple homicidio, pero se verían imposibilitados de confirmarlo porque no habían encontrado los cuerpos.

La carpeta se les complicó el 3 de septiembre de 2019, cuando el cabecilla de los autores materiales -en compañía de uno de sus socios- fue asesinado en la Plaza Mundo Divertido criminales. Un policía se llevó los teléfonos de los delincuentes asesinados.

Se trataba de Marco Antonio Farías García, “El Dos”, sobre quien se desarrollaba una intervención telefónica judicial; el delincuente murió en el lugar del conductor de la camioneta. Su historial criminal contenía averiguaciones previas: una por homicidio en grado de tentativa y otra por abuso sexual. En 2012, la Policía Municipal lo detuvo por posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Farías también fue operador y escolta de Octavio Leal Hernández, “El Chapito Leal”, primero con el cártel Arellano Félix y después con Sinaloa; y al final se alió con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

Farías murió acompañado de su cómplice Andrés Pacheco Contreras, identificado años atrás como integrante del Cártel Arellano -operador de Juan Sillas-, ambos detenidos en noviembre de 2011. Pacheco estaba en el asiento atrás de su cómplice; fue detenido por secuestro en 2010, incluido el de la hermana de Raydel López Uriarte, alias “El Muletas”.

Aunque no han identificado al homicida de estos delincuentes, las autoridades determinaron que llegó al lugar del crimen acompañando a Farías.

 

ALFREDO AMENAZÓ A SU HERMANA MIRNA LEDEZMA DE MUERTE

Los Ledezma tienen muchas propiedades en Tijuana, Rosarito y Ensenada; oficinas, plazas comerciales y departamentos valuados en millones de pesos. Al ser entrevistados, algunos miembros de la familia fueron cuestionados respecto a las versiones extraoficiales que ligan su fortuna con el tráfico encabezado por los hermanos Arellano Félix y su relación con Fabián Martínez González “El Tiburón”.

La respuesta fue que en los años 70s y 80s se dedicaron a la fayuca -introducir mercancía para venta en México sin pagar impuestos- y después compraron y vendieron terrenos.

Iban por “El Chispis”, logra huir y matan a tres adolescentes

La tarde-noche del sábado 2 de noviembre, frente a un domicilio sobre la calle Palomas en la colonia Anexa Sánchez Taboada en Tijuana, se encontraban reunidos los jóvenes Jorge Jiménez Bernardino, de 14 años; Alexis Rodríguez Fuentes y Ángel Eduardo Contreras Reyes, ambos de 16; y el de apodo “El Chispis”, de 17, cuando fueron agredidos a balazos. Los dos primeros murieron en el sitio, el tercero en un hospital y el último, el objetivo de los sicarios, logró huir ileso del ataque.

Información obtenida por ZETA refiere que la agresión iba directa contra el joven de 17 años, un narcomenudista que forma parte de la célula del “Cabo 30”, del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que meses antes había tenido problemas con “El Teto” al “voltear bandera” y dejar de “colaborar” con David López “El Cabo 20” o “El Lobo”, traición que desató la ira de los delincuentes.

Hace unas semanas, abundó un investigador, “El Chispis” fue víctima de otro atentado, del que también logró salir a salvo.

Pero la noche del 2 noviembre, “El Teto” y otros sujetos que circulaban por la calle Palomas visualizaron al “Chispis” y a tres adolescentes más. Desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones.

En la escena del crimen quedaron los cuerpos de Jorge Jiménez y Alexis Rodríguez, mientras que Ángel Eduardo resultó gravemente herido y se le trasladó a un nosocomio de la localidad, donde pereció alrededor de las tres de la tarde del domingo 3 de noviembre.

Datos de inteligencia indican que “El Teto”, presunto orquestador del ataque, es un menor de edad que hasta el cierre de esta edición, no había sido localizado.

Hasta la mañana del jueves 7 de noviembre, Tijuana registraba mil 899 asesinatos cometidos durante 2019, 35 solo en el mes en curso.

 

¿Quién es “El Cabo 20”? 

Autoridades policiacas de Tijuana consideran a David López Jiménez “El Cabo 20” y/o “El Lobo” como uno de sus principales objetivos en el combate a la delincuencia en la ciudad. Lo ubican como uno de los responsables de los asesinatos cometidos como parte de las pugnas territoriales entre narcomenudistas que delinquen en los distritos Sánchez Taboada y Los Pinos.

Áreas de Inteligencias de las diversas corporaciones definen a López Jiménez como un operador criminal que en más de una ocasión ha cambiado de cártel, pasando de Sinaloa a Jalisco y como parte de los grupos aliados al Cártel de Arellano Félix, respondiendo a las órdenes de Pablo Huerta “El Flaquito”. Ahora trabaja “independiente”.

En febrero de 2019, “El Cabo 20”, fue detenido por elementos de la entonces Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional durante un operativo especial en la colonia Vistahermosa de Mexicali. En una de las audiencias acusó ante el juez que agentes estatales le habían sembrado droga y querían cobrarle derecho de piso para permitirle continuar con la venta de vehículos, negocio por el que -asegura- se mantiene él y toda su familia.

Los hijos recibieron parte de su herencia en vida. Cuando Mirna se fue a vivir a Estados Unidos, su hermano Alfredo Ledezma -quien tiene antecedentes de alcoholismo y consumo de cocaína- fue puesto por su madre como administrador de todos los bienes, pero sus adicciones se complicaron y fue internado; entonces la madre pasó el control de la fortuna a manos de la mujer, quien regresó con su familia a Tijuana.

Al salir de rehabilitación, Alfredo se enteró de los cambios y amenazó tanto a su hermana como a su madre; les dijo que las iba a matar. Por eso y por su relación con los grupos delictivos que le proporcionan la droga para su adicción, fue considerado desde el inicio de la investigación como el principal sospechoso. Ya antes había sido interrogado por el asesinato de uno de sus socios comerciales, pero no fue imputado. Sus familiares incluso le pidieron que hablara con sus amigos del mundo delictivos para que los apoyara, y pagarían por la liberación de los tres; sin embargo, no han conseguido pruebas judiciales para vincularlo.

Como las víctimas son ciudadanos norteamericanos, en Estados Unidos se lleva una investigación paralela; primeramente por desaparición y ahora por homicidio.

A la fecha, las autoridades solo han detectado la existencia de un tercer presunto implicado, un hombre que tiene relación con Gustavo Ledezma y conexión con el fallecido Marco Antonio Farías García, “El Dos”, cabecilla criminal de la célula que privó de la libertad al hombre y las dos mujeres. Además, unas semanas antes del 3 de septiembre -cuando “El Dos” fue asesinado- Gustavo Ledezma fue víctima de un atentado, el cual se registró como intento de robo, pero que incluyó un ataque armado en sus contra.

 

EL TAXISTA, EL ÚLTIMO EN VER A DIANA

Aquel viernes 8 de junio de 2018, Diana Gómez Piggeonountt, la joven estudiante de 15 años quien cursaba el segundo semestre en la Preparatoria Lázaro Cárdenas en Tijuana, llegó en taxi al sitio en calle Primera y Miguel F. Martínez, en la Zona Centro, alrededor de las 11 de la mañana. Luego, en la calle Tercera abordó un taxi que la llevó a la escuela, donde practicaba natación en las inmediaciones de “la Lázaro”. A las 12:24, en lugar de acudir a presentar un examen, abordó un camión que la regresó a su casa en la colonia Divina Providencia.

Cámaras de vigilancia la captaron hablando por teléfono. Su novio en la escuela informó que le marcó a él; le pidió que hiciera la prueba por ella y le aseguro que la razón de su inasistencia era “porque una amiga tenía un problema”. La misma versión fue referida por otra de las amigas de Diana.

Después de abordar el camión, ya no se le observa más. Pero la última llamada de su teléfono celular -antes de quedar inactivo- se registró a las 4 de la tarde de ese viernes en el área dónde se ubica su vivienda; aunque ni familiares ni vecinos la vieron llegar a su casa, ni salir de nuevo.

Como parte de las investigaciones, los agentes hablaron con personas que se ofrecieron como testigos; tres hombres y una mujer refirieron haberla visto ese último día con uno de sus amigos, que se dedica a manejar un taxi. Una prima con quien Diana mantenía comunicación a través de redes sociales, también hizo referencia a que las autoridades hablaran con Juan Manuel M. Uribe, trabajador del volante.

Se mencionó una posible relación romántica entre la adolescente y el hombre mayor de edad, la cual el taxista rechazó al ser entrevistado por los investigadores; incluso, al inicio de la indagatoria las autoridades refirieron que la esposa le dio una coartada para las horas en que se presume desapareció Diana.

Sin embargo, existen otros testigos que identifican y ubican a Juan Manuel M. Uribe en compañía de la joven Diana Gómez Piggeonountt en el lapso que las autoridades no pudieron localizarla en las cámaras de video vigilancia de la ciudad. Además de los testimonios, existen pruebas electrónicas de que el taxista fuera el último en verla con vida, después que negara haber estado con ella.

Diana Piggenautt / Adrián Misael Díaz Mundaca.

De acuerdo al reporte entregado a la ministerial por las compañías de teléfono, a las 4 de la tarde del mismo viernes fue la última vez que la joven usó el teléfono antes de apagarlo. A esa hora, el aparato celular estaba ubicado cerca de la casa de la menor.

Por eso, el 22 de junio del mismo 2018, como ha sucedido en otras fechas desde entonces, la unidad canina y elementos de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas han barrido -en repetidas ocasiones- algunos cerros, cañones y terracerías en la colonia Divina Providencia y la colonia Corona del mar, aún sin éxito.

 

DÍAZ Y FALCÓN ANDABAN ENFIESTADO CON “EL CHITO”

“Ya ni pregunten, ‘El Chito’ se los llevó”, le dijo un vendedor de droga a un familiar de los desaparecidos en Mexicali, Adrián Misael Díaz Mundaca y José Luis Falcón Millán.

El testigo aseguró que estuvo departiendo con los tres mencionados y otros muchachos en una fiesta, la noche del sábado 17 de agosto de 2018 en el Ejido Islas Agrarias.

Ramón Aguilera Díaz, “El Chito”, tiene 33 años de edad y, de acuerdo a los reportes de inteligencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, está vinculado a investigaciones por robo de auto y la venta de droga en la zona de Islas Agrarias, al servicio del Cártel de Sinaloa.

Aguilera Díaz fue detenido a bordo de un auto robado en 2017; entonces su padre Miguel Aguilera Raygoza, líder transportista, declaró ante la prensa en Mexicali que temían por la integridad de su hijo y su familia, que no tenían ligas con cárteles y que la PEP acosaba a su vástago. En febrero de 2019, “El Chito” fue detenido y liberado después de ser sorprendido en otro auto robado; iba acompañado de un policía municipal activo, Yoan López González.

“‘El Chito’ anda diciendo que no le va a pasar nada, que está protegido desde el área de narcomenudeo en la Procuraduría”, les dijeron a las familias de los desaparecidos. Esa área estaba entonces encabezada por Esteban Berrelleza Sánchez, recién llegado después de haber cumplido un encargo en Ensenada.

De acuerdo a testimonios recabados la madrugada que desaparecieron, los jóvenes estaban con “El Chito” y por lo menos alguno lo conocía. Todos andaban enfiestados y traían unas muchachas. Estas mismas versiones ubican a Díaz y a Falcón en la casa de Ramón Aguilera Díaz y después en un hotel, al que llegan en compañía de “El Chito” y varias mujeres a pasar la noche. Después ya no encontraron más rastros de ellos.

La noche del sábado 17 de agosto de 2019,  Misael Díaz, estudiante de criminología, y José Luis Falcón, chofer de Uber, empezaron su diversión en el bar El Relajo en la colonia Cuauhtémoc; estuvieron en medio de una riña que los hizo salir del local y “dos vehículos tipo pick-up salieron detrás de ellos”.

La información del GPS del auto Uber en el que circulaban reveló que antes de aparecer volcado y calcinado, en el ejido Islas Agrarias, había estado varias horas estacionado frente a la Hacienda Karey, propiedad de Miguel Aguilera Raygoza, la cual habita su hijo “El Chito”.

Obtenida una orden de cateo, en el inmueble aseguraron cargadores de arma de fuego, cartuchos, carátulas de oro con la leyenda “CH”, envoltorios de heroína, un cachorro de tigre de Bengala hembra, restos de sangre en paredes y, en las inmediaciones, una camioneta Tahoe sin placas, con sangre en las puertas.

Aún sin orden de aprehensión en su contra, actualmente Aguilera Díaz duerme en diferentes domicilios en la ciudad de Mexicali; en sus traslados es apoyado por policías municipales y ministeriales que laboran para él.

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