200 FEDERALES. Es la suma de agentes que será enviada a Baja California para reforzar los trabajos de la Fiscalía General del Estado. Llegarán ya equipados y sus sueldos serán pagados por el Gobierno de México, según resume el fiscal que sin una estrategia definida por el momento para el combate a la inseguridad y la disminución de los índices delictivos en BC, se ocupa de la remodelación y cambio de oficinas de lo que fue la PGJE. “Estamos dando un servicio deprimente, no digno para nadie, eso es lo que tiene que cambiar, dignificar para exigir”, sintetizó Guillermo RuizHernández. Preocupado por ahora con las instalaciones físicas, los programas y metas de la Fiscalía General del Estado se definirán hasta la primera semana de enero de2020, entonces comunicará el rumbo de la seguridad en Baja California cuando presente la estrategia de trabajo, la cual contendrá la información de dónde está, a dónde va y en cuánto tiempo se verán resultados positivos. Por lo pronto,promete un plan de acciones de 60 días, digitalizar carpetas para proteger la confidencialidad de los expedientes y un plan integral de obra y servicio digno en el edificio que fue el World Trade Center y se estrena como Fiscalía hoy viernes 8 de noviembre
De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía de Baja California, en Tijuana solo existe un rezago de 83 mil 975 carpetas. En el panorama nacional de inseguridad, el Estado ocupa el tercer lugar en impunidad, el segundo en mayor rezago de carpetas de investigación, y el primero en saturación de trabajo. Existen únicamente 1.98 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes dedicados a atender exclusivamente “lo urgente y relevante”.
Estos datos aportados por la organización Impunidad Cero y la Universidad de las Américas Puebla, son parte del diagnóstico que apoya el plan de trabajo que Juan Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, designado fiscal general de Baja California, presentará hoy viernes 8 de noviembre “una visión completa de qué nos encontramos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos”, enfatizó.
Las acciones estarán encaminadas a resolver cuatro problemas:
* La elevada carga de trabajo y atención ineficaz.
* El personal insuficiente, la asignación de plazas que tarda de seis meses a un año.
* Recursos materiales en mal estado.
* Unidades de investigación en ubicaciones poco estratégicas.
“Son parches tras parches, en esa medida no tenemos un plan integral de crecimiento, desarrollo ni de imagen. No podemos traer a la sociedad que reclama una violación de local en local, un día te atiendo aquí, mañana en el Matamoros, pasado te vas a Otay y el mes que entra te voy a mandar al Bulevar 2000”, ejemplificó el fiscal general de Baja California en un recorrido que hizo con ZETA por las instalaciones de las unidades de Robo, Narcomenudeo, Periciales y Atención a Víctimas.
En las unidades y direcciones de la Fiscalía, localizadas en la Avenida Murúa Martínez del fraccionamiento Chapultepec Alamar en Tijuana, el común denominador fue el hacinamiento de personal, la ausencia de espacios dignos para los usuarios, las cajas de expedientes en descuido y sin organización, equipo viejo en desuso arrinconado, edificios viejos y sin mantenimiento.
En Servicios Periciales, la carencia de áreas decorosas de trabajo está agravada por los fétidos olores emanados de los refrigeradores instalados a medio pasillo que contienen las muestras biológicas.
“Quiero poner atención muy especial en Narcomenudeo,hemos detectado un gran número de muertes en menores de edad. Es algo que se tiene que atacar, inmediatamente buscar cómo se resuelve. Miren”, comentó el fiscal cuando el recorrido llegó a las instalaciones de la Unidad de Investigaciones Especiales. Aludió a un hombre esposado con las manos atrás que estaba sentado en el suelo, a un costado de la puerta de entrada. “Esto es lo que tenemos”, dijo.
“¿Nada está digitalizado, todo está fuera de sistema?”, preguntó con tono de afirmación el fiscal a uno de los funcionarios, quien empezó a responder: “En sistema tenemos parte de…”, pero interrumpió cuando su jefe siguió caminando.
“Después de cinco años, la mejora más importante que se ha hecho en estas instalaciones fue poner una tabla ahí- el piso- porque se estaba cayendo el personal, remodelaron el piso de madera. Estamos dando un servicio deprimente, no digno para nadie, eso es lo que tiene que cambiar. En un ilícito que debe ser prioritario para la comunidad, lo estás viviendo en estas condiciones”, agregó.
El Fiscal Estatal Guillermo “Titi” Ruiz
CANCELAR APP PARA TENER RECURSOS
Con un presupuesto de 3 mil 194 millones de pesos, el plan inicial de Ruiz Hernández para optimizar el recurso económico implica cancelar el contrato de Asociación Público Privada (AP) asignado en 2016 a Relogar, SAPI de CV para “diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificio de la PGJE y usos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana”, que debió iniciar operaciones en noviembre de 2018.
Se trata de la construcción a medio iniciar ubicada a un costado de las oficinas de la Fiscalía, sobre la Avenida Sánchez Taboada en la Zona Río de Tijuana. El decreto aprobado por el Congreso refiere que la obra tendría un costo total de 154 millones 346 mil 584.49 pesos, y a partir de abril de 2018, la empresa recibiría pagos mensuales por un millón 852 mil 521.58 pesos, durante 25 años. Pero se desconocen las cifras totales porque la información del contrato se clasificó como Reservada mediante el acuerdo AR/PGJEBC/DSA/01/2017.
“Como estado pongo el terreno y el financiamiento, son 5 mil metros cuadrados y todavía debemos pagar 2.5 millones de pesos de renta por mes, más menos, no tengo la cantidad exacta, pero por 25 años. Con un pago mensual de esa naturaleza, si lo cancelo me permite tener un flujo”, explicó Ruiz Hernández.
“Estamos buscando cómo con el mismo presupuesto, cambiamos…con mayor presencia dignificar las instalaciones, te da tristeza ver cómo se encuentran. Supuestamente somos la quinta entidad más importante del país, y que los abogados y los funcionarios trabajen en esas condiciones…”, lamentó.
— ¿Cuál es la penalidad por cancelar el contrato?, cuestionó ZETA.
“Pues no sé cuál sea, pero hay una serie de incumplimientos y una investigación”.
— ¿Está parada la obra?
“Estaba semi-parada porque pretendían aparentemente que el gobierno les entregara por adelantado el pago de 300 rentas, no me hagas caso, no tengo todavía las constancias, estoy tratando de tenerlas, porque lo estaban haciendo vía Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Yo apenas tengo cuatro días”.
Respecto al edificio que alberga la Unidad de Homicidios en la Vía Rápida Poniente y Diego Rivera en Zona Río, se cuestionó al fiscal:
— ¿Este edificio es suyo?
“No, no es mío, es de mi… de la licenciada Patricia McFarland, pero para evitar intereses también lo vamos a desocupar”.
— –¿Pero fue suyo?
“De mi esposa”.
— ¿Todavía es de su esposa?
“Sí es de ella, lo vamos a desocupar”.
— ¿Cuánto cobraba ahí de renta su esposa?
“No más de 100 mil pesos, aparte nos conviene hasta desocuparlo”.
Nuevo edificio de la FGE
NUEVAS OFICINAS
Ruiz Hernández reiteró sus planes de reubicar las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California en las instalaciones del World Trade Center, en Paseo del Parque número 18025 de la Tercera Etapa del Río Tijuana, por el cual un empresario de la región, no le cobrará renta durante seis meses.
— Si va a sacar las direcciones de las instalaciones de la Fiscalía, ¿qué pasará con los edificios propiedad del Estado?
“No quiero sacar nada, lo que quiero es que cada instalación que se adecue sea digna y tenga la infraestructura necesaria para un buen desempeño”.
— ¿Cuáles áreas se instalarán en el nuevo edificio?
“Vamos a tratar de que el servicio a la sociedad sea digno, real, no esté contaminado en corrupción, en eficiencia y de olvido. Tenemos que trabajar con esquemas más modernos, carpetas digitalizadas para que el papel no circule por toda la comunidad. Vas ahorita y pides un expediente, das una cantidad equis y te lo van entregar completo, ya es lo que se acostumbra. El nuevo esquema tenemos que hacerlo ya, que las instalaciones puedan tener un sistema, que todo esté digitalizado, que de todo haya controles de quién y cómo se solicitan los documentos, que deben ser de carácter confidencial”.
PLAN DE ACCIÓN
ZETA abordó al fiscal respecto a sus metas, y asegura que habrá resultados desde el principio, luego se apoyó en su consultor, Pablo González Manterola, ex coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la anteriormente conocida como PGR, hoy Fiscalía General de la República.
“Por esa misma seriedad no vamos empezar aventando números alegres ni ligeros. Vamos a empezar diciendo que en los próximos 60 días vamos a hacer estas cosas, al final vamos a tener una visión perfectamente clara de dónde estamos, hacia dónde vamos, más o menos cuánto nos tardamos. Y un mecanismo de comunicación permanente con ustedes- la prensa- para ir haciendo ese avance y que lo vayan ustedes verificando. Esa es básicamente la lógica que está queriendo hacer el fiscal, lo que está diciendo ‘esta es una organización que tiene que producir un servicio público de calidad’ y que satisfaga a los usuarios”.
— En esa transparencia, ¿cómo medirán los avances?
“Todos los indicadores de incidencia delictiva, con una mejora esperada en todos ellos gradual, ¿qué tanto será? No podemos ser alegres porque echamos a perder el ejercicio el primer día, porque cualquier desviación, sobre todo, porque no lo hayamos pensado con calma, nos condena todo el plan.
“Lo que no vamos a hacer, es mentir sobre la situación en que nos encontramos y la forma en que prevemos avanzar. Al paso de ese avance, una comunicación intensísima con ustedes porque la necesitamos, porque esta es una bronca muy compleja, que va a tomar tiempo, hay una resolución absoluta en lograr. Vamos a pedir comprensión y a garantizar comunicación”, comentó González Manterola.
200 NUEVOS AGENTES
Tras admitir que el personal de la Fiscalía está rebasado y puntualizar que capacitar a un agente lleva por lo menos dosaños, el fiscal general Ruiz Hernández dijo que su acción inmediata para fortalecer la operación, fue buscar elementospreparado.
“Estamos buscando tener los mejores perfiles en cada una de las áreas, gente no experimental, no es una Fiscalía de amigos, de gente que tenga la experiencia, la capacidad para lograr atacar el área que le corresponde. Mi éxito personal en todo lo que he manejado es rodearme de gente que tanga la capacidad para poder sostener el cargo”, expuso el abogado del Estado.
Ejemplificó con Carlos Alberto Flores, comisionado de Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California, quien previamente se desempeñó como titular de la División Antidrogas de la Policía Federal.
“Para no pasar por toda la curva de contratación-capacitación, el fiscal se está trayendo a los mejores Ministerio Públicos, se los está robando de todo el país. Con la cooperación interinstitucional que tiene, se está trayendo a un grupo de policías para que hagan una diferencia de entrada, etcétera”, indicó el asesor Pablo González Manterola.
El plan inicial contempla el apoyo de la Federación con la llegada de 200 elementos federales equipados con chalecos y armas, cuyos sueldos serán pagados por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Cincuenta se dedicarán a labores de inteligencia, cien harán trabajo de investigación y cincuenta tendrán trabajo operativo.
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificio PGJE y usos para la implementación del NSJP en Tijuana
* Dictamen 62, APP-ORD2-2016-01. Aprobado por el Comité Estatal de Proyectos de Asociaciones Público Privadas en la segunda sesión ordinaria del 22 de abril de 2016.
* Dos inmuebles, Edificio A de estacionamiento, con 2 mil 645 metros cuadrados de construcción, y Edificio B, con oficinas de 5 mil 916 m2 de construcción que debía concluirse en marzo de 2018.
* Periodo de inversión a 25 meses. Seis meses de proyecto ejecutivo, trámites y autorizaciones, más 19 meses de construcción: 10 meses en el edificio de oficinas, uno de pruebas y ocho meses de construcción del estacionamiento.
* La empresa Relogar, SAPI de CV, integrada por el consorcio Fuerza de Apoyo Constructiva de Occidente, SA de CV y Vaher Inmobiliaria, SA de CV, será responsable de la operación y mantenimiento por 25 años y durante ese tiempo recibirá mensualmente 2.5 millones de pesos del Gobierno del Estado.
* Propuesta económica. Inversión inicial de $154’346,584.49 (ciento cincuenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro Pesos 49/100 moneda nacional) que generaría una contraprestación mensual de $1’852,521.58 (un millón ochocientos cincuenta y dos mil quinientos veintiún pesos 58/100 moneda nacional) sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), los cuales se pagarán durante 25 años.
* La obra completa entraría en operación en noviembre de 2018.
* El beneficio es seguridad para un millón 641 mil 570 habitantes del municipio de Tijuana.
* En el acuerdo AR/PGJEBC/DSA/01/2017, el Gobierno del Estado de Baja California clasificó como reservada la información que la Dirección de Servicios Administrativos de la Procuraduría tiene de esta APP y proyecto.
Fiscalía General del Estado
1. Hiram Sánchez Zamora: Fiscal Central.
2. Pedro Ariel Mendívil García: Fiscal Regional Mexicali.
3. Jorge Alberto Álvarez Mendoza: Fiscal Regional Tijuana.
4. José Antonio Ramírez Gómez: Oficial Mayor.
5. Carlos Alberto Flores: Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación.
6. Cristian Cosío Lule: Fiscal de Contraloría y Visitaduría.
7. José Fernando Sánchez González: Director del Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria.
8. David Fernando Rodríguez Robledo: Coordinador delCentro de Inteligencia.
9. José Antonio Cruz Medina: Coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad.
10. Luis Flores Fierro: Coordinador de la Agencia Estatal de Investigación.
