Empresarios, comerciantes, políticos e inmobiliarios; entre los evasores del predial


 
Destacados viernes, 29 noviembre, 2019 11:40 AM

Sentenciado a devolver más de 8 millones de pesos a contribuyentes que se ampararon contra el pago del impuesto predial, el gobierno de Arturo González Cruz dice recurrir “a la buena voluntad” de los evasores, conminándolos a que accedan a no cobrar lo que ganaron en juicio.

La acción del alcalde es “legalmente improcedente y podría ser sujeto a una sanción. No hay nada que negociar, la sentencia es de orden público y se debe respetar y eso implica la devolución de las cantidades pagadas, si no se devuelven la responsabilidad permanente queda para el presidente municipal que los negó y se puede llegar hasta la destitución y consignación del propio funcionario”, advirtió el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

Al respecto,  Solís Farías expuso que este tipo de amparos es una práctica recurrente que deriva del “error técnico” de la Ley de Ingresos para el municipio de Tijuana que permite una diferenciación de la Tabla de Valores Unitarios en terrenos con construcción, construidos parcialmente y sin construcción.

“El gobierno pudo haber corregido y no lo ha hecho, le ha apostado al camino fácil, a que solo unos cuantos se amparan, al camino de la omisión en donde espera a ver qué pasa”.

En 2019 el gobierno municipal deberá retornar el impuesto pagado a 80 empresarios, comerciantes, políticos y desarrolladores inmobiliarios que han recurrido al amparo federal, entre ellos se ubica a nueve integrantes de la familia Fimbres Hernández, a quienes se les tendrá que devolver alrededor de 6 millones de pesos. El resto del recurso sentenciado se regresará a otros contribuyentes, entre los que figuran la familia Guakil y José Galicot.

El ex presidente de Coparmex, Gilberto Fimbres Hernández, uno de los contribuyentes que han recurrido al amparo federal para no tributar al municipio, expuso que “la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué funciona el amparo? Funciona porque está mal hecha la Ley; como consecuencia, el ciudadano tiene la facultad de decir que está mal y tiene el derecho de ampararse. Básicamente ese es todo el mitote”.

Entonces, “normalmente nos amparamos”, situación que está en Ley, concluyó.

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