La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este miércoles 6 de noviembre, por “notoriamente improcedente”, la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la llamada “Ley Bonilla”.
El ministro José Fernando Franco González-Salas notificó el acuerdo en el que desechó la acción de inconstitucionalidad 124/2019, con la que el INE buscaba revertir la reforma a la Constitución de Baja California que establece la ampliación del mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 124/2019, promovida por quien se ostenta como Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad”, indica el acuerdo.
El pasado 31 de octubre, el INE presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, en contra de la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el mandato de la próxima gubernatura en Baja California.
El órgano electoral argumentó que dicha legislación contraviene la Constitución Federal, ya que se pretende que tenga efectos retroactivos cuando fue expedida con posterioridad a las elecciones de junio pasado.
Este es el segundo recurso legal interpuesto por el INE para salvaguardar la certeza del proceso electoral en Baja California. El primero fue presentado el pasado 24 de octubre y se trató de una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.
El INE consideró que de manera implícita si tiene facultades para interponer la acción de inconstitucionalidad, ya que el recurso se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
La Constitución expresamente señala, en su artículo 105: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
En la nueva Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.
La norma vigente en materia electoral establece claramente las etapas de los procesos electorales y el periodo del mandato de quienes resultaran electos, de modo que su incumplimiento viola los derechos de los participantes en el proceso electoral, quienes acudieron a las urnas bajo unas reglas sobre las cuales se desarrolló y concluyó.
A través de un comunicado, el INE indicó que la llamada “Ley Bonilla” pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en el país.
El órgano electoral señaló que continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía bajacaliforniana y de todo el país, sobre el cumplimiento de los principios con que se desarrolla el sistema democrático nacional.
Ayer 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador de Baja California.
Dicha acción se acumuló con los medios de control constitucional que presentaron los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de Baja California (PBC), que buscan que el mandato de Jaime Bonilla Valdez dure solo dos años.
Los recursos fueron asignados para su estudio a la ponencia del ministro José Fernando Franco González-Salas, al igual que la controversia constitucional que promovió la administración de Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de la entidad.
Además, la SCJN autorizó la solicitud del promovente, en el sentido de que se autorice el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que obren en los autos del actual medio de control constitucional.
Ello, aclaró la SCJN, “bajo apercibimiento al peticionario para que haga uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones y constancias existentes en el presente asunto”.
“[…] excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa”, indicó la SCJN.
Asimismo, la Suprema Corte determinó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo bajacalifornianoa para que rindan su informe dentro del plazo de seis días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo.
El pasado lunes 4 de noviembre, Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “totalmente” en contra de la llamada “Ley Bonilla”.
“El presidente López Obrador ya se pronunció en términos de lo qué pasó en Baja California y el presidente López Obrador dijo que está totalmente en contra de lo qué pasó en Baja California”, expresó el funcionario federal durante una entrevista con la cadena televisiva La Octava, de Grupo Radio Centro.
Sin embargo, Scherer Ibarra indicó que a pesar de estar en contra de la llamada “Ley Bonilla”, el titular del Poder Ejecutivo Federal no interpondrá un recurso ante la SCJN, para evitar que se genere presión sobre la decisión que deberán tomar los ministros ante las cuatro acciones de inconstitucionalidad que habían sido presentadas por diversos actores.
“Pero el presidente López Obrador también es respetuoso del Poder Judicial y sabe el peso que tiene el Ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el Judicial. Entonces, el presidente, sabiendo que hay cuatro acciones ya en el Poder Judicial, dice ‘¿para qué cargo una quinta acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial, con el peso que tiene todo el Ejecutivo Federal, que eso puede hacer que el Judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar”, abundó el Consejero Jurídico de la Presidencia.
“Yo ya me pronuncié, en lo personal, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en Baja California, que ellos decidan lo que quieran decidir […] Yo creo está muy largo lo que ya pasó, no creo que tenga mayor discusión. Estoy cierto de que hay una Constitución sobre la que se votó y punto”, acotó el funcionario federal.
¿Dos años?, le preguntó un conductor del programa ‘Los Periodistas’. “Como debe ser”, respondió Scherer Ibarra
