La tarde del 27 de septiembre de 2019, 36 días antes que tomara posesión de la administración pública del Estado, Einar André Hernández Garza, secretario particular de Cynthia Gissel García Soberanes, quien ya se había anunciado, sería la Secretaria de Integración y Bienestar Social, fue inspeccionado por elementos militares en el retén de El Centinela, en el auto de la funcionaria, el joven transportaba 3 millones 700 mil pesos que aseguró, eran propiedad del Gobierno del Estado.
Sin informar a sus superiores, el militar a cargo, confirmó lo dicho por Hernández Garza, habló con la hoy secretaria de Bienestar, García Soberanes, entonces le dieron “la cortesía” y lo dejaron ir, pero levantaron un acta circunstanciada que se incluyó en el papeleo diario, sin mayores consecuencias.
La primera semana de noviembre, los datos de ese traslado de dinero y otra información que exponía la presunta solicitud irregular de por lo menos 24 o 28 millones de pesos, hecha por funcionarios estatales a empresarios locales, llegó al escritorio del gobernador Jaime Bonilla Valdez. Entre los elementos de prueba se incluyó la declaración de Rosendo Colorado, ex colaborador de García Soberanes, la misma que se dio a conocer a través de las redes sociales esta semana.
De acuerdo a los datos recabados que se encuentran en investigación, por lo menos el oficial mayor Jesús Núñez, la secretaria de Bienestar Gissel García, y el secretario General Amador Rodríguez Lozano, habrían estado presentes en las negociaciones con los proveedores del gobierno para futuros contratos, convenios y licitaciones.
En la denuncia, se destaca el mencionado acuerdo de los funcionarios con el empresario avícola, Humberto Valadez García, quien habría entregado 20 millones de pesos a cambio de contratos millonarios como proveedor de alimentos a penales de Baja California y a los desayunos escolares
Con esta información en mano, Jaime Bonilla ordenó a la secretaria de Honestidad y Función Pública Vicenta Espinoza Martínez, que iniciara una investigación y llegar hasta las últimas consecuencias. Al mismo tiempo, dándoles el beneficio, el mandatario habló con todos los funcionarios mencionados en el audio de Colorado, y les ordenó que regresarán el dinero.
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