El abogado Gustavo Soria, ha emprendido una maquinaria de presión contra el colegio Católico Instituto Valle de Mexicali, debido a que -considera- su hijo fue víctima de discriminación al ser expulsado por su condición autista; Ignacio Parra, director del plantel asegura que no fue ese el motivo de la expulsión, sino sus constantes agresiones a compañeros, docentes y hasta a su maestra sombra, los que motivaron esa decisión. La CEDH y el SEE ya investigan el caso
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Gustavo Soria tiene 6 años de edad, un promedio escolar dentro del parámetro. Fue de los primeros niños en su clase que aprendió a leer, y hasta hace unas semanas formaba parte del colegio particular de formación católica Instituto Valle de Mexicali, en la colonia Villafontana.
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El niño era uno de los más de 840 alumnos del plantel que cuenta con educación que va desde el preescolar hasta medio superior en el mismo sitio, aunque perfectamente separados para evitar cualquier conflicto.
La única característica diferente de Gustavo es que es parte del 7 por ciento del colegio que presentaba alguna condición especial; en su caso era el autismo nivel 1 que le fue detectado desde hace dos años.
Gustavo llevaba una vida regular dentro de sus capacidades, aunque tanto su padre -del mismo nombre- como el director Ignacio Parra, reconocen que en ocasiones golpeaba y empujaba a otros niños.
Según su padre, hace dos semanas el menor estaba en su pupitre a escasos minutos de salir, cuando una niña se acercó a ayudarlo para recoger sus cosas; la reacción del pequeño fue de darle un golpe para alejarla de sus pertenencias.
Gustavo Soria, padre del menor
Aunque el acto parece injustificado, el padre y abogado aseguran que el niño no lo hizo con dolo, por su condición se altera cuando alguien toma sus cosas, sobre todo cuando están perfectamente ordenadas. A raíz de este incidente, se levantó un reporte y fue expulsado del plantel educativo.
Según el director Ignacio Parra, quien además es sacerdote, el motivo de la expulsión no se debe a su trastorno de espectro autista, sino a los constantes ataques que el pequeño Gustavo realizaba contra sus compañeros, la docente y hasta a su maestra sombra (la persona especialista que lo acompaña para apoyarle en la adaptación social), a quienes golpeaba de manera recurrente.
El sacerdote justificó que la expulsión no fue un tema personal, sino para proteger al resto de los estudiantes. Así comunicaron a sus padres la invitación de acudir a otro plantel educativo donde hubiera mejores herramientas de integración y aprendizaje.
El padre de Gustavo considera que la expulsión no fue un acto pensado por los docentes o directivos del plantel educativo, sino que respondió a la presión de los padres de familia de dos niñas que fueron agredidas. A este señalamiento, el director de la escuela lo respetó, pero negó que hubiera ocurrido así.
Días después de la expulsión, el señor Gustavo Soria acudió al plantel para buscar una explicación más clara, pero no se la otorgaron. Solicitó le recibieran un documento para que le respondieran por escrito los motivos de la decisión, pero en un primer instante se negaron.
El plantel está localizado en la colonia Villafontana, en Mexicali
“Tenía una maestra sombra pagada por nosotros, si necesitaban algo más para mantenerlo, sólo debieron pedirlo; habríamos hecho lo necesario para que pudiera seguir en la escuela”, comentó el padre del menor.
Posteriormente del plantel notificaron al SEE que el motivo de la expulsión fue su conducta y no su condición; negaron que se hubiera realizado de manera irregular, pues se cumplió todo el proceso, que va desde los reportes, la suspensión, hasta que se tomó la decisión final.
Medida que fue rechazada por el padre, quien señaló no hubo aviso previo sobre la situación en la que se encontraba el menor, aunque reconoció que ya había sido suspendido.
Gustavo Soria reclamó que cuando lo inscribieron en ese plantel educativo, se le aseguró que era una escuela incluyente con herramientas para atender a su hijo con espectro autista nivel 1, pero no fue así.
De hecho el director Ignacio Parra aseguró a ZETA que invitó al padre del menor para que este recibiera atención en una escuela especializada en el tratamiento de este tipo de casos, aunque igual se consideró incluyente.
La ley protege, las instituciones no siempre
Aunque existe una Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo en Baja California, la realidad es que tanto para las instituciones educativas como para la sociedad, es letra muerta.
En el caso concreto del sector educativo para los menores, la ley es clara en los artículos 9 y 13, donde precisa que los profesionales de la educación están obligados para alcanzar la habilitación debida a las personas con espectro autista y que además queda estrictamente prohibida negar una inscripción o reinscripción en un plantel educativo -sea público o privado- a una persona con este trastorno. Así como que se debe velar por la integración a la sociedad y que los planteles educativos deben contar con mecanismos para brindarles atención debida.
Directora del Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali, Sandra Irene López Martínez
Sin embargo, para la directora del Centro de Atención al Niño Autista de Mexicali, Sandra Irene López Martínez, la atención de los menores con este espectro se vuelve complicada, pues son pocas las escuelas que cuentan con docentes especializados y los mecanismos para brindar la atención requerida por el menor.
De hecho afirmó que no porque esté escrito en la Ley quiere decir que pueda cumplirse de esa forma.
Aseguró que la expulsión o suspensión de menores por conductas violentas es muy frecuente, más de lo que se cree, y se debe a la falta de herramientas para atender estos casos por parte de los docentes, aunque también los padres juegan un rol importante en ello.
López Martínez aseguró que el autismo no es una enfermedad, sino un trastorno que complica la comunicación y la interpretación de los acuerdos en los que se desenvuelve una sociedad. Es por ello que especialistas en la materia deben entrenar a las personas con espectro autista para volverlos lo más funcionales posible para entornos definidos.
Además, es incierto el número de menores que muestran este tipo de condición en los planteles educativos, pues muchos de ellos son funcionales y nunca fueron diagnosticados.
Hay casos de jóvenes con autismo nivel 1 que pueden culminar una carrera universitaria sin saber del trastorno.
En el caso de Gustavo, asegura que la expulsión de un menor por este tipo de conductas sí podría considerarse un acto de discriminación, pero habría que revisar a detalle, pues quizá el menor no cuenta con la estimulación suficiente para sobrellevar una vida al interior de un plantel educativo, o por lo menos no por determinado tiempo.
Aseguró que cuando se atiende a un menor con esta condición, el trabajo previo al ingreso a la escuela es lo más importante, debe aprender a tolerar este tipo de entornos y desarrollar un interés a integrarse.
En algunos casos el niño puede tener un buen nivel educativo -como el caso de Gustavo, quien está dentro del promedio- pero sus habilidades sociales puede que no sean las mejores, por lo que es necesario trabajar en esta área y ser muy concretos en las órdenes que se le dan.
También se necesita una maestra sombra, con la cual contaba. Otra opción es integrar al menor a clases de manera intermitente, no todos los días, con la intención que aprenda a desenvolverse poco a poco.
La especialista sugirió que no se pueden atender los casos en un estándar, pues cada uno es diferente y se deben definir programas para cada menor en específico, pues sus conductas, respuestas y estímulos varían por cuestiones de personalidad y la edad misma.
Sobre su estímulo violento a raíz del cambio de profesora de Gustavo, aseguró que este tipo de cuestiones si no se tratan de la manera adecuada, pueden llegar a perturbarlo y desencadenar este tipo de conductas, por lo que los padres deben poner atención especial y trabajar en ello.
SEE y CEDH, se incluyen en el tema
El Sistema Educativo Estatal (SEE) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ya tienen conocimiento sobre el caso de Gustavo, su padre los enteró a través de un documento formal y una denuncia ante el organismo autónomo. De la Secretaría de Educación, enviaron un posicionamiento para afirmar que en Baja California siempre buscarán la inclusión de personas con autismo, por lo que se inició una investigación.
Mientras en la CEDH se le brindó apoyo para buscar una nueva institución educativa de carácter privado, otorgándole cuatro opciones a elegir, además de dar seguimiento a la queja interpuesta.
De manera paralela, del SEE dieron instrucciones para una revisión de los procesos del plantel para atender a jóvenes con capacidades diferentes, además de brindar capacitaciones y conferencias para que los docentes aprendan a detectar y atender a niños y jóvenes con esta condición.
Al respecto de denuncias, durante 2019 se han recibido trece quejas contra la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) por perjudicar a personas con capacidad distinta, la mayoría de ellas en el municipio de Tijuana.
En los últimos dos años se han recibido 363 querellas contra dicha dependencia por diversas violaciones a derechos humanos, convirtiéndose en una de las entidades con más quejas. Sobre el caso de Gustavo, no pudieron emitir una posición, pues todavía se encuentra en investigación.
