Así, a pesar de estar facultados para presentar un recurso de inconformidad, como ya lo hicieron los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Presidencia de la República no lo hará, con todo y que es lo que corresponde a derecho y que ambos, el Presidente de la República y el Consejero Jurídico, en voz de este último, están en desacuerdo con la Ley Bonilla.

Fuera de esas recientes expresiones de Julio Scherer Ibarra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho más, de aquellas ambiguas expresiones sobre lo que resolverá la Corte, las conferencias mañaneras posteriores a la toma de posesión de Jaime Bonilla en Baja California, a fustigar a quienes disienten de su pensamiento y sus acciones en redes sociales –como si fuera un delito o una acción prohibida-, a señalarlos por nombre y apellidos para el escarnio público que despierta, y a intentar, de una y otra forma de justificar lo injustificable, la creciente inseguridad y violencia que se vive en el país en su administración, la cual está por cumplir un año de ejercicio. De Baja California se ha olvidado, y raro en el Presidente, tan dado en el pasado a luchar por la democracia.

Olga Sánchez emitió un comunicado donde –otra vez- intentó justificar sus declaraciones en Baja California sobre la legalidad de la norma de la Ley Bonilla, dijo que eran “malas interpretaciones”, pero la realidad se oye y se ve en los dos videos que existen en la red. El primero sobre las declaraciones que ofreció a los reporteros, el segundo en la oficina del gobernador. Ni ingenua ni mal interpretada, fue muy firme la posición de la Secretaria de gobernación, lo dijo clarísimo en dos ocasiones y frente a cámaras distintas. Su sentir ya cambió, es legal… aunque la haya llamado inconstitucional.