La Auditoría Superior de Fiscalización de Baja California remitió a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Tijuana en febrero de 2018, omitiendo las respuestas con las que el ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí, intentó solventar las observaciones al último año de su gobierno y en las que señaló al gobierno de Juan Manuel Gastélum de omitir información. En esas condiciones, veinte meses después el Congreso del Estado revisó el dictamen y tronó la cuenta pública. Caso que el diputado Luis Moreno considera “debe ser investigado y sancionado”
La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Baja California (ASEBC), analizó y dictaminó la cuenta pública de ingresos, egresos y patrimonio 2016, el último año de gobierno de Jorge Astiazarán Orcí, sin considerar la respuesta que este hizo en su defensa.
Así se observa en el informe de resultados emitido a la Comisión de Fiscalización y Gasto Público de la XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California el 28 de febrero de 2018, en el que da cuenta de los oficios de respuesta del XXI Ayuntamiento de Tijuana, en el que se omitieron las respuestas del ex alcalde.
En esas condiciones, veinte meses después, el 24 de octubre de 2019, la actual XXIII Legislatura optó por reprobar las cuentas de ingresos, egresos y patrimonio, detectando “presuntos daños al erario por millones de pesos”, anotó Eva Griselda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Foto: Isabel Mercado.- José Manuel Noriega.
Según la legisladora, las 24 observaciones y 52 salvedades serían remitidas a su vez a la Sindicatura Procuradora de Tijuana “con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Hasta el cierre de esta edición, la Sindicatura Procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de María del Carmen Espinoza Ochoa, no había recibido la notificación respecto a la cuenta pública 2016 del Municipio de Tijuana.
“La cuenta pública fue tronada porque el ORFIS pasó el informe omitiendo los reportes en los que solventamos todas las observaciones”, señaló el ex alcalde Jorge Astiazarán Orci.
No obstante, el último presidente municipal priista en gobernar Tijuana se declara tranquilo: “Si hay cosas que no se solventan, pues que se actúe en consecuencia”.
ACUSAN AL “PATAS” DE RESTRINGIR INFORMACIÓN
Desde mediados de septiembre de 2017, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) emitió oficios para notificar a Jorge Astiazarán Orcí y a José Manuel Noriega Moreno como alcalde y tesorero que fueron del XXI Ayuntamiento de Tijuana, respetivamente, un pliego de observaciones la cuenta pública de ingresos, egresos y patrimonio del ejercicio 2016, cuya auditoría el Orfis inició una semana antes de que el doctor entregará la administración.
Entonces los ex funcionarios requirieron al gobierno en funciones, presidido por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, un listado de documentos en copia certificada para solventar las observaciones del Orfis.
“Por ya no ser autoridad, no tenía a disposición esa información, por lo que la solicité al XXII Ayuntamiento presidido por Juan Manuel Gastélum”, indicó Noriega Moreno
La respuesta a la petición de su antecesor no solo fue lenta, sino incompleta, por lo que obligó a los ex funcionarios a realizar nuevas peticiones, enlistando la documentación que, siendo requerida formalmente, no fue proporcionada.
La administración de Gastélum volvió a responder con demora: “La información la entregaron un día después de la fecha límite que tenía para responder al Órgano de Fiscalización”, subrayó José Manuel Noriega.
Tal situación se asentó en el escrito de comparecencia presentado por Noriega ante la ASEBC, entonces representada por Carlos Padilla Villavicencio.
En ese documento sellado y firmado de recibido por el ASEBC el 6 de diciembre de 2017 se asentaron respuestas de solventación no consideradas en el oficio DTCF/129/2018, de fecha 28 de febrero de 2018, en el que el Orfis emitió su opinión de la cuenta pública anual de Tijuana por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
En el informe entregado a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, el Orfis asentó que las observaciones “fueron solventadas y aclaradas a satisfacción, excepción de lo siguiente…”, dando cuenta de prácticamente todo el listado que fue remitido en octubre de 2016 a los ex funcionarios.
Foto: Isabel Mercado.- Solicitud reiterada por información incompleta.
IGNORADOS
“Fue como si no hubiéramos dado respuesta a sus observaciones, todo lo solventado por oficio en la comparecencia de confronta fue ignorado, nada de eso se integró en el documento que se entregó a los diputados que tronaron la cuenta pública del último año de mi gobierno”, expuso a ZETA el ex alcalde Jorge Astiazarán Orcí.
“No les dieron a los diputados de esta Legislatura nuestras respuestas para que ellos las consideraran antes de resolver si aprobaban o no la cuenta pública, siento que ellos nomás levantaron la mano, no fueron ellos los que revisaron, no tienen la evidencia de que nosotros contestamos”.
Observó que casualmente “las cuentas públicas de 2014 y 2015 sí se aprobaron, cuando nosotros éramos gobierno y teníamos acceso a la información para solventar todas las observaciones; pero el último año de gobierno es auditado durante 2017, con otro gobierno, que no nos facilitó la documentación completa para solventar las observaciones del Orfis”, expuso.
DIPUTADOS APRUEBAN SIN INVESTIGAR
Otra de las inconsistencias observadas por el ex alcalde, es que a pese a haber estado a disposición de los diputados de la XXII Legislatura la cuenta pública concerniente al último año de su gobierno desde el 28 de febrero de 2018, no fue hasta el jueves 24 de octubre de 2019 cuando la Comisión de Fiscalización del Gasto Público la sometió al pleno del Congreso del Estado.
“El dictamen fue en febrero de 2018, estaba la otra Legislatura, todo 2018 y parte de 2019 la XXII Legislatura anduvo ocupada en otros temas”, dijo.
“La cuenta pública 2016 se revisa cuando ya estaba otra Legislatura que, imagino, llegó y vio muchas cosas atrasadas y dijo ‘vamos a sacarlos’, y confiaron en los dictámenes del Órgano de Fiscalización para votar”, analizó.
Por su parte, el ex tesorero José Manuel Noriega Moreno advirtió que “en legislaturas anteriores los diputados hacían preguntas en lo corto, este no fue el caso”, y que muchas de las observaciones se pudieron haber solventado en la administración pasada, “acuérdense que la cuenta pública del Ayuntamiento es general, por eso muchas de las observaciones que se hicieron, contestamos se corrigieran por la nueva administración.
El nuevo gobierno tendría que haber actuado, y se ve que no hicieron nada”, remató.
NO FUIMOS ENTERADOS DE INCONSISTENCIAS: MORENO
Luis Moreno, actual integrante de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, también formó parte de esa Comisión en la Legislatura anterior, a la que el Orfis turnó el dictamen de opinión de la cuenta pública de Tijuana correspondiente a 2016.
El legislador admitió que la revisión del último año de gobierno de Astiazarán se realizó de acuerdo a la información proporcionada por la ASEBC en 2018, entonces a cargo de Carlos Padilla Villavicencio como auditor superior de fiscalización.
Indicó que las respuestas para solventar las observaciones enumeradas por el Orfis se hicieron del conocimiento a la Comisión de Fiscalización, como tampoco los diputados supieron que el gobierno presidido por Juan Manuel Gastélum Buenrostro no entregó toda la documentación requerida por ex funcionarios del XXI Ayuntamiento de Tijuana.
Para el legislador de Transformemos, por no haber entregado la documentación requerida a los ex funcionarios o no haber solventado por cuenta propia estas observaciones contando con la documentación para dar respuesta, el gobierno del “Patas” habría incurrido “en una omisión que debe ser investigada y, en caso de corroborarse, amerita sanción”, por lo que se comprometió a revisar el caso.
CUMPLIMOS CON DAR INFORMACIÓN A ASTIAZARÁN Y AL ORFIS: EX TESORERO
“Hasta donde tengo entendido, se les proporcionó toda la documentación que ellos pidieron, salvo las aclaraciones pertinentes de cuando querían un documento y no se encontraba en los expedientes. Nosotros entregamos esa información al tesorero de aquel entonces”, argumentó Ricardo Chavarría Morales, quien fuera tesorero municipal en el gobierno de Gastélum Buenrostro.
Afirmó que por cuenta propia, la administración del panista solventó al Orfis “observaciones de ellos que nosotros pudimos rastrear, dado que es un interés público, no de una administración; lo que menos queremos es que haya observaciones para Tijuana, nosotros cumplimos y les entregamos la información que vía oficio ellos nos solicitaron”, insistió Chavarría.
Foto: Isabel Mercado.- Solventación enterada que el Orfi s omitió.
INCONSISTENCIAS
Entre las inconsistencias observadas en el dictamen con el que el Congreso del Estado desaprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 de Tijuana, destaca el convenio que el gobierno de Jorge Astiazarán firmó con el despacho G&G Asesores Patrimoniales.
De acuerdo a la observación del Orfis, “no existe evidencia documental sobre el trabajo realizado por la empresa”, estableciendo que la firma fue contratada para proveer el servicio de timbrado fiscal, “cuando no estaban contratados para timbrar, sino para asesoría y gestión porque el SAT nos rechazaba la devolución del ISR-Impuesto Sobre la Renta”, anotó el ex tesorero José Manuel Noriega Moreno.
En ningún momento a la empresa se le pagaron 49 millones de pesos como se señaló públicamente, sino que esa cantidad requerida en pago al Municipio de Tijuana, quedó registrada como pasivo dentro de la cuenta pública 2016.
Pero no se le pagó porque la empresa requirió el cobro el 28 de noviembre de 2016, “dos días antes de que entregáramos la administración, proporcionando para ello documentación en 14
Ratifica González Cruz convenio con Mauricio Fernández; elimina intereses de la deuda pendiente con Roma Food
El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, ratificó el convenio con Roma Food, empresa de Mauricio Fernández Margain que recibirá un pago de 228 millones de pesos por:
* Establecer el reconocimiento de deuda con Roma Food a un monto fijo, sin la aplicación intereses.
* Actualizar el avalúo de los seis inmuebles puestos en venta para el pago del adeudo de 228 mdp que, de no ser comercializados, la empresa podría recibir a cambio de efectivo, pero con un 30 por ciento de su valor.
Con este nuevo acuerdo, el “ahorro” o “beneficio” para el Municipio fue que Fernández Margain desistiera de exigir la aplicación de intereses al monto pendiente por liquidarle.
Pero el acuerdo, aprobado por la mayoría del Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana el viernes 25 de octubre, no redujo el monto del pago al que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo condenó al Municipio de Tijuana, el cual se fijó en 228 millones de pesos.
El ex alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la ex síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde y el ex consejero jurídico Leonardo Martínez, acompañados de la ex oficial mayor María de los Ángeles Olague y el ex tesorero Ricardo Chavarría, firmaron el 23 de noviembre de 2018 un convenio con Roma Food Enterprise de México, SA de CV sin el aval del pleno del Cabildo, el cual supo del acuerdo un mes después, al tener “El Patas” a consideración de la asamblea edilicia, la desincorporación de seis predios para ponerlos en venta pública de remate que le permitiera cumplir con el compromiso de pago con la empresa de Mauricio Fernández Margain.
Entonces el avaluó conjunto por los seis inmuebles fue fijado en 113 millones 542 mil 356 pesos, monto menor a su valor real en el mercado -según la investigación realizada por ZETA-, lo cual se corroboró con el nuevo avalúa efectuado por la Comisión de Avalúos de Bienes del Municipio de Tijuana. Instancia que determinó que la suma del valor de cada uno de los terrenos por 148 millones 748 mil 360 pesos.
De los 228 millones cobrados por Roma Food, Juan Manuel Gastélum pagó 115 millones, dejando un adeudo reconocido por 113 millones 185 mil 928 pesos, a los que se sumarían intereses millonarios de no pagarse conforme al calendario de pago establecido en el convenio con el ex presidente municipal, así como más condenas por liquidación de intereses pendientes.
El convenio de Arturo González Cruz respetó el calendario de pago de su antecesor, al abonar el jueves 31 de octubre, 5 millones de pesos más, reduciendo la deuda a 108 millones de pesos.
Al igual que “El Patas”, González convino que, de no comparecer postores a la venta pública de los inmuebles, estos “le serán adjudicados en dación de pago a la empresa Roma Food Enterprise de México, SA de CV con una rebaja del 30 por ciento, conviniendo las parte que con lo anterior se dará por totalmente liquidados los adeudos que derivaron del expediente 1220/2009”, se lee en el convenio modificatorio.
Eso fue lo que aprobó el Cabildo del XXIII Ayuntamiento de Tijuana. El investigar y castigar a los ex funcionarios de las tres administraciones anteriores que permitieron que por un fallido compromiso de compraventa por el que la parte demandante depositó un millón de pesos en 1995, al no concretarse la transacción demandara al Gobierno del Estado en 2009 -juicio por el que se condenó al Municipio de Tijuana a un pago de 228 millones de pesos en 2018-, quedaron solo en declaraciones. Isabel Mercado Juárez
carpetas, situación que fue observada al gobierno del ‘Patas’ en el oficio de entrega-recepción”.
La información la corroboró el ex tesorero del XXII Ayuntamiento, Ricardo Chavarría, quien al analizar la documentación de G&G consideró que no se justificaba el cobro, por lo que también optó por dejar registrada la cobranza de 49 millones de pesos como pasivo.
Respecto a las afectaciones patrimoniales, se hicieron observaciones por 200 millones de pesos por avalúos desproporcionados, venta de inmuebles con precios por debajo de su valor y una diferencia entre la información de contabilidad sobre los bienes propiedad del Ayuntamiento y el padrón de bienes del gobierno municipal.
Sobre los avalúos mal calculados, el gobierno de Astiazarán aclaró que el Orfis basó sus cálculos sin considerar que los inmuebles se ubican en polígonos con dos o más zonas homogéneas, o los decretos de descuento vigentes. Respecto a los otros puntos, aseguró no contar con la información requerida para estar en condiciones de responder.
“ESTOY TRANQUILO”: ASTIAZARÁN
El ejercicio fiscal de Tijuana 2016, desaprobado en las cuentas de ingresos, egresos y patrimonio, el Congreso del Estado lo turnó a la Sindicatura Procuradora del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de María del Carmen Espinoza.
“Confío que la Sindicatura Procuradora haga una revisión más profunda, tema por tema, porque el proceso es muy genérico y toma en cuenta lo solventado al Órgano de Fiscalización”, anotó Jorge Astiazarán.
Cuestionado respecto a si le inquieta la situación, el ex alcalde de Tijuana declaró:
“Estoy tranquilo, estoy muy tranquilo, porque estoy seguro de que hicimos lo correcto. Sigo trabajando, estoy aquí”.
Muestra de ello, dijo, “es que hasta ahorita no he sido requerido por el Ayuntamiento, ni siquiera durante los 45 días que (el gobierno de Gastélum) tuvo para revisar en el proceso de entrega-recepción. Los señalamientos han sido mediáticos, como el tema en que fue la síndico (Ana Marcela Guzmán) y el consejero jurídico (Leonardo Martínez) a hacer la denuncia de juicio político ante el Congreso”.
El ex tesorero José Manuel Noriega se mostró en el mismo ánimo: “Estamos tranquilos, el que nada debe, nada teme, se van a cometer errores en muchas cosas, por supuesto que sí, pero no va a ser con dolo”.
Citan a comparecer a ex funcionarios del gobierno del “Patas” para aclarar dudas
El martes 29 de octubre, la Consejería Jurídica del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Salvador Gómez, dio inicio a las comparecencias de los ex funcionarios de la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro para dar cuenta de omisiones e inconsistencias detectadas por la actual administración municipal en las carpetas de entrega- recepción.
De no ser solventadas del todo las inconsistencias durante la comparecencia de cada ex funcionario, la Consejería Jurídica turnará los casos a la Sindicatura Procuradora, la cual deberá requerirlos nuevamente y, de ser necesario, fijar responsabilidades; procedimiento que al ex tesorero Ricardo Chavarría Morales, uno de los primeros en comparecer, dice no preocuparle y está dispuesto a acudir “donde la instancia me lo requiera, siempre vamos a estar ahí”.
“No nos preocupamos de la parte legal, a lo mejor ellos lo están utilizando de manera mediática, pero en la parte legal consideramos que cumplimos con lo que debíamos hacer, habrá algunas inconsistencias o falta de información que se debieron más que nada por el propio formato del sistema de las actas de entrega-recepción, pero en ningún momento de mala fe”, subrayó.
Además de Chavarría, fueron convocados 14 ex funcionarios más, entre ellos la ex oficial mayor María de los Ángeles Olague; la ex directora de Comunicación Social, Diana Escalante; la ex administradora de Presidencia, Ana Isabel López; y la ex titular de Atención Ciudadana, Mayda Maldonado Alcocer.
De los 15 citados, la mayoría atendió el llamado, excepto dos: Everardo Lona López y Melissa Sansores Martínez, quienes ocuparon los cargos de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y directora de la Unidad de Transparencia, respectivamente.
Lona López informó a ZETA que no acudió por estar fuera de la ciudad, pero se presentó el miércoles 30 de octubre para que le asignaran una nueva cita para la próxima semana, comprometiéndose a ir el miércoles 6 de octubre; mientras que Sansores Martínez aseguró no haber recibido el citatorio.
El consejero jurídico del gobierno de Arturo González Cruz indicó que conforme concluya la revisión de la documentación recibida por la anterior administración, se continuará convocando a comparecer a los ex funcionarios para que solventen las dudas que la información genere. Lo que no sea aclarado en estas comparecencias, se turnará a la Sindicatura Procuradora. Isabel Mercado Juárez
