El rastro de desolación y desamparo con olor a humo, con cuatro de sus cinco municipios enfrentando los desastres provocados por incendios, será la situación más urgente que encuentre al asumir como gobernador el 1 de noviembre de 2019, el ingeniero Jaime Bonilla Valdez, literalmente su prueba de fuego.
Cifras aún preliminares, porque las autoridades continúan unificando criterios para contabilizar los daños. Conforme a datos proporcionados de forma separada por los ayuntamientos, en cuatro municipios se incendiaron 13 mil hectáreas, más de 420 personas resultaron afectadas y 362 casas se calcinaron, la mayoría con daños totales.
Ensenada, Tecate y Rosarito tienen declaratorias de emergencia y desastre, mientras que Tijuana está en “prealerta preventiva”, una sección extraordinaria propuesta dentro del Consejo de Protección Civil.
Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en el Estado declaró a principios de semana que como las zonas afectadas eran rurales en tres de los municipios, podrán acceder al Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales y “ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil”. Incluso ya hablaron de trabajar con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la reconstrucción de viviendas.
Pero Tijuana no está en la misma posibilidad. En respuesta, el recién estrenado alcalde morenista Arturo González Cruz, expresó a los ciudadanos en las zonas afectadas el 31 de octubre, que igual buscará acceder a 20 millones de pesos del Fonden, porque considera que las circunstancias están dadas. Por ahora activó el seguro del Impuesto Predial, mediante el cual los primeros 150 mil propietarios, de un total de 614 mil cuentas del padrón entre inmuebles habitacionales y comerciales, podrán ser beneficiados con un seguro de 100 mil pesos para reconstrucción, pero se reitera, deberán ser de los primeros que acudieron a pagar.
En medio del desastre natural, acompañado de autoridades municipales de su mismo partido pero poca o nada de experiencia en la administración pública, Jaime Bonilla Valdez empezará a gobernar sin tiempo para los pleitos políticos, para repetir sus discursos de campaña o para echar la culpa a sus antecesores. La naturaleza decidió que al ingeniero le tocará llegar a reconstruir.
Más allá de la entrega de agua, alimentos perecederos y ropa usada que las personas sin hogar agradecen, la llegada crucial de Bonilla al poder Ejecutivo estatal pondrá a prueba su gobierno y la realidad de los discursos de la 4T, que advierte como prioridad a los pobres y los desamparados.
Los damnificados lo han dicho: no quieren estar durante semanas en los albergues para que los alimenten. Desean y lo ha manifestado, reconstruir sus vidas, y que en la medida de los fondos establecidos, el gobierno los apoye. Saben que no recuperarán lo que habían construido a través de los años, solo quieren un empujón para empezar porque se quedaron sin nada.
Desde el 29 de octubre, el ahora gobernador Bonilla dijo que sería “la próxima semana” cuando los recursos federales llegarían a la entidad. Pero no especificó cuánto, ni de qué tipo, ni para cuáles acciones. Será importante confirmar si la Federación realmente cobija su primera semana como mandatario.
Conocer qué harán de manera inmediata por los bajacalifornianos afectados el gobernador y su secretario de Finanzas, Adalberto González Higueras; la secretaria de Bienestar Social, Cynthia Gissel García Soberanes y quien sea responsable de Protección Civil. Saber de qué manera trabajarán todos para atender a los residentes de las áreas siniestradas. Cuáles serán los criterios para analizar los daños, cuántos recursos podrán generar, a cuántas familias podrán apoyar, qué tipo de beneficios recibirán.
Hoy, Bonilla Valdez está obligado a reconstruir lo que devastaron los incendios mientras sigue gobernando, y cumplir lo que en campaña y una vez electo, prometió. Pagar a los maestros, investigar y castigar a los funcionarios corruptos del gobierno saliente. Indagar la legalidad de las Asociaciones Publico Privadas, reducir la incidencia delictiva, solventar deudas con maestros, con la UABC y otras entidades. Avanzar en la solución del problema del abasto de agua en la Zona Costa de Baja California, entre muchas otras. Todo esto mientras él y los integrantes de su gabinete se desempeñan con honestidad y transparencia.
En medio del hartazgo político que dejó fuera a los panistas, las expectativas de la mayoría de los votantes bajacalifornianos son altas, aunque la vara que Francisco Vega de Lamadrid dejó para medir, es por demás baja.
Para Bonilla no es pequeño el reto en este período de dos años para los que fue electo, pero tiene el apoyo de un Congreso, cinco ayuntamientos y de la Federación de mayoría morenista para allanarle el camino. Para que sus logros como gobernador se traduzcan en éxitos, crecimiento y desarrollo para todos los bajacalifornianos.
