En la moda de la mal entendida austeridad -y respondiendo a un compromiso de campaña- fue presentada en la Cámara de Diputados Federal una iniciativa de reforma al Artículo 41 Constitucional, con el propósito de reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades.
Actualmente, el monto a asignar para dicho financiamiento se obtiene al correr una fórmula que multiplica el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El 30 por ciento de dicho monto se distribuye de manera igualitaria entre los partidos políticos nacionales con registro, y el restante 70 por ciento en atención a su competitividad electoral mostrada en las urnas.
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La iniciativa aprovecha el auténtico -y también el patrocinado- descontento ciudadano hacia los partidos políticos y propone reducir el porcentaje del valor UMA de sesenta y cinco por ciento a treinta y dos punto cinco.
Con independencia del debate de la bien o mal ganada desconfianza en el sistema de partidos, aun y con la reciente irrupción en el andamiaje constitucional electoral de las candidaturas independientes, lo cierto es que la experiencia reciente demuestra que los ciudadanos siguen apostando más a estos que a dichas candidaturas, que en buena medida suelen ocupar personajes estrechamente ligados a partidos políticos, quitándole lo atractivo a esa novedosa opción.
De ahí que toda medida legislativa que se pretenda realizar al marco constitucional de los partidos políticos, no debe perder de vista que estos son considerados por la doctrina como instrumentos protectores de la Constitución, en tanto que su correcto funcionamiento implica garantizar la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, hacer posible el acceso del ciudadano al poder público y, como recientemente lo indica nuestra Constitución, fomentar el principio de la paridad de género.
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Contrario al sentir popular, el presupuesto asignado a los partidos políticos es altamente fiscalizado por la autoridad electoral; tiene incluso porcentajes etiquetados que se deberán destinar a ciertas actividades, como la promoción de la participación de la mujer en política. Es auditado permanentemente tanto en periodo ordinario como en los de campaña; existe un estricto control de proveedores, comprobaciones, gastos, compulsas y, para rematar, varios delitos electorales.
Apostar a la reducción del financiamiento público resulta, en el mejor y más ingenuo de los casos, abrirle la puerta al financiamiento privado, donde prevalecerá en el debate público -y en la contienda electoral- quien más apoyos consiga entre los diversos sectores de la sociedad civil, empresariales o no. Convertirá las contiendas electorales en rally’s de preparatoria.
En el escenario más perverso, sobre el que se debate, la disminución del financiamiento público no viene aparejada con ningún ajuste al financiamiento privado, lo cual implica la prevalecencia en la escena pública del partido dominante en espacios gubernamentales; por consiguiente, aplastando la presencia de la oposición, quien dejará de percibir ingreso público y no podrá mejorar sus ingresos privados.
Este debate es muy popular, aunque preocupante. Por lo general viene aparejado de otras fórmulas pegajosas, pero que en el fondo rompe equilibrios, como la disminución o desaparición de la representación proporcional, cuya consecuencia seria la inminente ausencia de plurarismo en el diseño de nuestras leyes.
Tanto las fórmulas de asignación de financiamiento, el sistema de representación proporcional y el acceso de partidos políticos a radio y televisión establecido por la Constitución, constituyen la garantía de elementos mínimos de equidad en la contienda, de presencia en el debate público y de garantía de representación plural. Estos esquemas fueron un logro de todos los partidos políticos de nuestro país, y por lo mismo resulta preocupante que se pretendan modificar sin el consenso de todos.
Víctor Iván Lujano Sarabia es subsecretario Jurídico del Estado y fue director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (2007-2009).
