Una Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, determinó este lunes 14 de octubre, el auto de vinculación a proceso en contra de Marisol Macías Gutiérrez, por su probable participación en el homicidio de su esposo y juez federal, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a tres años de ocurridos los hechos, las investigaciones se retomaron con las aportaciones de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos, así como con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Centro Nacional de Información.
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Este mismo día se logró la ubicación de la viuda del juez, en la ciudad de León, Guanajuato, por lo que se solicitó a la orden de aprehensión correspondiente. Elementos de la PFM dieron cumplimento a la orden de captura y pusieron a disposición de la autoridad a la indiciada, por el delito de homicidio calificado.
El Ministerio Público Federal presentó la imputación con argumentos en testimoniales, reconocimientos de personas, informes de investigación, videograbaciones y diversos peritajes. Ante ello, la Juez de Control dictó auto vinculación a proceso en contra de Macías Gutiérrez, a quien le fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un término de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria.
La imputada quedó interna en el Centro de Reinserción Social “Santiaguito”, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, además de que se determinó la inmovilización de sus cuentas bancarias por 60 días naturales.
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La víctima era titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, y fue ejecutado el 17 de octubre del 2016, mientras realizaba ejercicio en la calle Árbol de la Vida, entre 5 de Febrero y Adolfo López Mateos, en Metepec, por un sujeto que lo sorprendió por la espalda y le disparó en la cabeza.
Ese día, paramédicos de la Cruz Roja atendieron la emergencia y trasladaron aún con vida al juez de 37 años de edad, a la clínica número 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde falleció. Asimismo, por instrucción del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que atrajo la investigación del homicidio del juez federal.
“Por instrucciones de la titular de la PGR, Arely Gómez González, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal y el delegado de la Institución en la entidad mexiquense, Noé Rodríguez Cervantes, se reunieron con el Procurador General de Justicia del Estado, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a quien comunicaron la determinación de atraer la indagatoria y establecer los plazos para la pronta recepción del expediente de investigación, iniciado por la autoridad local”, señaló la entonces PGR en un comunicado.
La tarde de ese mismo día, el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reveló en un acto público celebrado en el municipio de Chicoloapan, que existía un video de la agresión que sufrió el Juez Quinto de Distrito en Materia de amparo y juicios Civiles Federales con sede en Toluca.
El video fue captado por las cámaras de seguridad del fraccionamiento donde ocurrió la agresión contra el juzgador federal. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) condenó la filtración del video del asesinato del juez federal y advirtió que “infringe la obligada reserva legal de la investigación, compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas, en este caso su familia”.
El CJF agregó que “recurrir a la filtración de una prueba tan importante como ésta, revela un interés distinto, y ciertamente repudiable, al de preservar un elemento valioso que permita la oportuna detención de los probables responsables”.
LA POLÉMICA TRAYECTORIA DEL JUEZ FEDERAL ASESINADO
En marzo del 2015, cuando Bermúdez Zacarías aún se desempeñaba como juez Sexto Penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, arraigó por 40 días, sin una orden de aprehensión de por medio, a Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En septiembre del 2015, el mismo juez conoció la demanda de amparo presentada por el presidente del diario UnoMásUno, el empresario Naím Libién Kaui, para frenar la orden de aprehensión que tenía en su contra, por una presunta defraudación fiscal de 11 millones 413 mil 886 pesos.
Asimimso, llevó el juicio de Miguel Ángel Treviño Morales, alias el “Z-40”, sobre un recurso jurídico impulsado por los abogados capo, ex líder del cártel de Los Zetas, mismo que buscaba desechar cualquier intento por trasladarlo a otro penal de máxima seguridad.
Otros juicios de amparo que estaban bajo el análisis del impartidor de justicia fueron los que en su momento presentó Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ahora en libertad- supuesto lugarteniente de “Guerreros Unidos, y presunto responsable del secuestro de 43 estudiantes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
Al momento de su muerte, Bermúdez Zacarías tenía tres años como juez de Distrito, y como juez de amparo, conocía de demandas de este tipo contra actos de jueces penales, tanto federales como locales, entre ellos órdenes de aprehensión y autos de formal prisión. Originario de León y egresado de la Universidad de Guanajuato, también fue secretario en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito, en su estado natal.
