Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, ordenó de nueva cuenta la aprehensión de siete elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -de todos los militares por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y contra tres de ellos por homicidio-, soldados que ya habían sido absueltos de la matanza de 22 personas ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Los acusados por ambos delitos son: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, los únicos que en caso de ser detenidos y procesados no podrían obtener su libertad, ya que el homicidio contempla la prisión preventiva en los dos sistemas de justicia vigentes.
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Mientras que, Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama estarían acusados solo por ejercicio indebido del servicio público, cargo con el que podrían gozar de un juicio en libertad provisional.
Este caso fue reactivado por la Fiscalía General de la República (FGR) casi tres años y medio después de que Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides quedaran en libertad, luego de que el mismo Tribunal –en ese entonces a cargo del magistrado Adalid Ambríz Landa- revocó la formal prisión.
En dicho proceso, los tres oficiales fueron presos por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, mientras que sus otros compañeros estuvieron sujetos a juicio por ejercicio indebido del servicio público.
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El pasado 14 de noviembre, el ascenso del general de Brigada, José Luis Sánchez León -quien estuvo al frente de la 22 Zona Militar cuando se registraron los hechos de Tlatlaya, Estado de México, en 2014- fue frenado por la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, que preside el legislador de Morena, Félix Salgado Macedonio.
En un hecho inédito, los integrantes de dicha Comisión anunciaron que solicitaría información adicional al entonces titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el perfil del general, quien en la actualidad se desempeñaba como Comandante de la VI Región Militar, con sede en Veracruz, y capacidad de acción en Puebla y Tlaxcala.
Ese mismo día, el entonces presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado ratificar 187 ascensos militares (del Ejército y la Fuerza Aérea), entre los que se incluía el de Sánchez León. Todas las peticiones fueron avaladas, con excepción del ascenso del general de Brigada.
En su momento, el mando militar fue señalado por supuestamente haber retrasado el arribo de personal de la Procuraduría de Justicia del Estado de México al lugar donde se registraron los hechos violentos en Tlatlaya, que dejaron un saldo de 22 muertos. Además de la presunta alteración de la escena del crimen.
Sánchez de Léon fue citado a declarar sobre las posibles omisiones, sin embargo, no se le acreditó ninguna responsabilidad. El general de Brigada fue relevado de su cargo como titular de la 22 Zona Militar tres meses después, y en agosto pasado asumió la titularidad de la Sexta Región Militar.
El pasado 12 de agosto, 12 Agosto, el titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, resolvió reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya, ante el recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
Además, el juzgador federal ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la orden de matar a un grupo de 22 presuntos delincuentes.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 soldados. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó la recomendación 51/2014.
No obstante, un juez ordenó en octubre del 2015, liberar a cuatro de los soldados implicados en la matanza, tras considerar que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados. Luego, el 14 de mayo del 2016, otro juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyos abogados llevan la defensa de las víctimas, recordó que hasta la fecha no hay ninguna persona detenida y que tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución, además de que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena de la posible ejecución extrajudicial.
“Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la matanza, tal como lo consiguió documentar el Centro Prodh, que tuvo acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa.
Las pruebas fueron presentadas el 2 de julio de 2015 en un informe de la organización no gubernamental, que informó que al analizar el juicio de amparo 545/2017 -interpuesto el 15 de junio de 2017-, el juez Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación “defectuosa” de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia, así como a ejercer la coadyuvancia.
-Con información de Reforma.
