El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, calificó de “desafortunadas” las iniciativas legales que pretenden equiparar la defraudación fiscal a delincuencia organizada, así como la aplicación de leyes de lavado de dinero que acompañan el Paquete Económico 2020 y que están siendo discutidas en el Congreso de la Unión.
Ante ello, la ABM –que agrupa a 51 instituciones financieras- está trabajando en una propuesta que estaría discutiendo con el Congreso y con el Ejecutivo. “Sí estamos dialogando y vamos avanzando por buen camino, hay una buena disposición para escuchar los argumentos que estamos presentando”, sin embargo, “¿qué va a pasar al final? No sabemos, pero están escuchando planteamientos”.
En conferencia de prensa, el líder de los banqueros externó su preocupación por dichas modificaciones a leyes fiscales y penales al considerar que eliminan garantías individuales y causarán un impacto en la vida nacional “muy grande y delicado”.
Indicó que aun cuando la ABM respalda al “100 por ciento” al gobierno federal en el combate a la corrupción y en su lucha para acabar con la defraudación fiscal para propiciar el crecimiento del país, hay detalles en las propuestas que los legisladores están revisando que envían una señal “muy negativa” para los inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales “tanto necesitamos para el crecimiento económico”.
Niño de Rivera detalló que incremento del impuesto al ahorro del 1.05 al 1.45 del capital representa 39 por ciento de aumento, lo cual afectará más a las personas con menores ingresos.
“Las personas que ganan 400 mil pesos o menos anualmente no están obligados a presentar una declaración anual, por ello no pueden deducir este impuesto o compensarlo como lo hacen los contribuyentes que ganan por encima de 400 mil pesos anuales”.
Por lo que si una persona que una inversión de 10 mil pesos, con una supuesta tasa de interés nominal del 6 por ciento y una inflación del 3 por ciento (meta del Banco de México), el rendimiento real de los intereses de esa inversión sería de 3 por ciento o 300 pesos, pero al incrementar el impuesto a 1.45% esa persona estaría pagando 145 pesos o 48% del rendimiento real de su dinero.
“Esto es mucho mayor que el impuesto más alto que pagan las personas que más ingreso tienen, que es del 35 por ciento; esto es, a las personas de bajos recursos las están castigando con este incremento de manera desproporcionada”, afirmó.
El tema de la deducción de los intereses limitarla para los créditos de mayor valor al 30 por ciento a personas morales, lo que implica pagos de impuesto mayores a los actuales, debido a que de aprobarse los cambios legislativos habrá menos deducción.
“Están penalizando a las empresas y, por otro lado, le están cobrando a los acreedores el Impuesto Sobre la Renta porque reportan esos intereses en su estado de resultados”, de modo que existirá doble impacto en la misma actividad, que “indudablemente” provocará que los inversionistas “piensen dos veces” si deben hacer una inversión o no a un costo mayor.
“El país está en una posición de alentar la inversión, y no de desalentarla o de frenarla”, consideró Niño de Rivera.
Finalmente, destacó que las reformas sobre defraudación fiscal y de extinción de dominio permitiría una “incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados”.
