Existen cientos de expedientes en la PGJE con denuncias del comportamiento criminal de agentes que por años han permanecido en proceso de integración, la mayoría no consignados. Tal impunidad genera la integración de células policiacas de delincuencia organizada que se dedican hacer “jales”, a realizar operativos para robar dinero y droga. O usan la información de las áreas de Inteligencia para extorsionar a traficantes menores
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Casos en contra de elementos de la PGJE
Policías capacitados oficialmente y aprobados en los exámenes de Control y Confianza, siguen siendo detenidos en flagrancia por secuestro o posesión de droga.
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Previa denuncia, también destacan elementos que son sometidos a procedimientos administrativos por abusos y torturas.
Oficialmente, en Baja California se ha depurado a mil 541 agentes en el sexenio a punto de terminar, cifra por debajo a la del sexenio anterior (2007-2013), donde 2 mil 952 elementos fueron removidos de sus cargos por desconfianza.
No son poco comunes los robos de droga o de dinero producto del ilícito, cometidos por policías y contra traficantes que han sido detectados por las áreas de Inteligencia como miembros de alguna célula criminal.
Los agentes recurren a dos estrategias para cometer el delito:
- Realizan operativos de los cuales no informan a superiores u otras corporaciones policíacas. Los hacen solo para robar la droga y/o el dinero, esperanzados en que como se trata de suyo de un delito cometido por otros -dinero de la venta de droga o droga-, no serán denunciados por los afectados.
- Cuando sí informan sobre el operativo realizado contra narcomenudistas, manipulan el Informe Policiaco Homologado (IPH) y reportan menos dinero o menos drogada de la asegurada, para quedarse con una parte.
Tales conductas ilícitas se han vuelto una constante entre las corporaciones policíacas en BC.
Un integrante de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y Seguridad (antes mesas de seguridad) explicó a ZETA que actualmente los oficiales deshonestos aprovechan la ausencia de controles y el caos que prevalece para cometer esos delitos, además, “como la droga se entrega por consigna, en sus operativos delictivos afectan el traficante especifico del que roban, no a los jefes criminales o a las células delictivas”.
Tal forma de actuar está acreditada en por lo menos 150 denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Hay más: usualmente los policías ladrones visten de negro, de civiles, encapuchados y con chalecos tácticos para cometer sus fechorías. Los vehículos que utilizan son usualmente un pick-up blanco y un auto tipo sedán.
Sin órdenes de cateo, allanan las casas, a veces llegan directamente a los domicilios. Siempre dicen que existe una denuncia y van buscando droga. Si no encuentran droga o dinero para robar, se quedan con documentos importantes de los residentes de las casas y los amenazan con entregarlos a la Fiscalía General de la República (FGR), de paso los extorsionan y les piden desde 2 mil dólares hasta 200 mil pesos.
De acuerdo con investigadores consultados, es común que realicen sus crímenes en grupos. Así como los policías estatales preventivos Jorge David Herrera Macklis, Martín Germán Fernández Ojeda; el agente municipal de Tijuana, Esteban Leonel Castillo Rodríguez, detenidos y vinculados a proceso el 16 de octubre de 2019 por el delito de secuestro exprés cometido cinco días antes. En este caso, incluso reportaron complicidad entre corporaciones.
Aunque también reportan que hay policías que delinquen solos, como Ever Gerardo Ortiz Reyes, policía de Mexicali arrestado en enero de este año cuando intentaba cruzar hacia Calexico, en su auto, 41 libras de metanfetamina, 12 libras de cocaína y cinco libras de heroína, acompañado de su esposa y sus dos hijos, menores de edad.
SECUESTRADORES Y LADRONES
La madrugada del miércoles 9 de octubre, las víctimas de Castillo, Herrera y Fernández, fue una familia: madre, padre e hija de 10 años de edad. Los policías que ese día estaban de descanso, llegaron alrededor de las dos de la mañana en un pick-up blanco. Con golpes, amenazas, amagos y balazos, además encapuchados portando chaleco táctico y armados, “ejecutaron un operativo” del que no notificaron a sus superiores. Buscaban dinero o droga.
Una de las víctimas dijo que escucharon ruido, ni al perro ladrar y que les apagaron las luces. En dos ocasiones marcaron al 911 sin éxito. El padre dijo a la mujer que junto a la niña se encerrara con llave en el baño. Armado con una espada, fue a averiguar lo que sucedía.
Cocaina que se robaron los PEP
Una vez en el patio, se topó de frente con los tres policías y un cuarto hombre no identificado. Con todas sus fuerzas el residente de la casa invadida ilegalmente se fue contra el sujeto que tuvo al frente, el agente municipal Esteban Leonel Castillo, y le hizo una herida grande en la cabeza. Al mismo tiempo, el oficial le disparó en dos ocasiones a las piernas. Al interior de la casa, la mujer fue sorprendida por los policías, le quitaron el teléfono celular y les amarraron las manos con cinchos. Amenazaron con matarlos.
Los policías que estaban delinquiendo sabían que la mujer había llamado a emergencias, que los balazos seguramente serían reportados por los vecinos, sin embargo, permanecieron en la casa y preguntaron al hombre que yacía con ambas rodillas heridas y dos laceraciones de arma punzocortante en la cara, “por el dinero”. También le pedían las llaves de los cuatro carros clásicos -de los años 60- que tenía estacionados en una plancha de cemento en el patio. Los salteadores creían que había dinero enterrado en ese aparcadero y escarbaron para buscarlo.
No queda claro cuánto tardaron las autoridades en responder a los llamados de emergencia, lo suficiente para que al llegar y asegurar la casa, uno de los participantes en el operativo criminal lograra escapar. Junto a la plancha de cemento, debajo de los autos, el Ministerio Público solo encontró cintas autoadhesivas de papel de las usadas para organizar fajos de billetes.
La solidez del IPH fue cuestionada por otros cuatro hombres detenidos con los agentes. Germán Campos, cuñado del policía municipal y Fernando Muñoz, primo de la esposa del mismo agente, aseguraron desconocer del delito. Comentaron que acudieron al lugar porque Castillo Rodríguez les habló por teléfono para que lo ayudaran, pues estaba herido. José Iribe y Javier Aguilar, residentes de la colonia Artesanal, desconocieron los hechos y a los agentes implicados, además que fueron detenidos en lugares diferentes.
Jorge Ayon, Capitan, Secretario de Seguridad Publica de Tijuana
En la indagatoria aún está pendiente aclarar la presencia de otros dos hombres que de acuerdo al IPH, arribaron en una camioneta Dodge Ram frente a la casa donde se cometía el delito, al mismo tiempo que los policías que hicieron la aprehensión. Aseguraron llegar de Tecate luego que la esposa de uno de ellos le llamó para decirle que se habían metido a robar a la vivienda que tienen en Tijuana.
Al día siguiente de la irrupción, se realizó un cateo en la casa de la colonia Artesanal (las 24 horas previas el inmueble fue resguardo por la Policía Municipal), se ejecutó por la insistencia de los integrantes de las Mesas de Pacificación para buscar el dinero. Originalmente el Ministerio Público se negó al cateo porque se trataba de la casa de la víctima, no del victimario. En el procedimiento hubo representantes de seguridad de todos los órdenes de gobierno. No encontraron nada.
El secuestro y la ausencia del dinero generaron desconfianza entre las corporaciones policíacas. La versión extraoficial indica que los altos mando presumen que el ladrón que escapó es un policía estatal, que no se llevó todo el efectivo que había en el lugar, y algunos de los policías municipales o ministeriales que intervinieron en el operativo de captura pudieron haber sustraído algo del dinero, del cual la víctima y dueño de la casa no ha confirmado su existencia.
Previo a su consignación, dos de los uniformados detenidos querían obtener beneficios de Ley a cambio de delatar a otros uniformados corruptos, “hay más” afirmaron, pero el MP no atendió la petición, argumentando que sería muy difícil que la información les permitiera consignar al resto.
SEÑALAMIENTOS NO INVESTIGADOS
No es la primera vez que se genera desconfianza al interior de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y la Seguridad. La tarde del 21 de agosto, con información procedente de Ciudad de México, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) vigilaban un domicilio en las inmediaciones del Bulevar Rosas Magallón en Tijuana. La intención era capturar en flagrancia delictiva a Octavio Leal Hernández “El Chapito Leal”, operador criminal en Baja California para Fausto Isidro Meza López “El Chapo Isidro”. Pero fueron descubiertos y atacados a balazos para generar una persecución que permitiera la fuga del capo.
Como resultado de esa acción, en dos operativos aseguraron tres autos, uno en el Libramiento Rosas Magallón en Tijuana, a la altura del Centro Comercial Pacífico, y los otros dos en la colonia Camino Verde. Detuvieron a tres hombres y aseguraron armas y equipo táctico.
Las capturas generaron operativos paralelos. Uno fue el cateo en una casa en la zona colindante de Tijuana y Rosarito. ZETA preguntó a personal de la FGR e informaron que no existe registro del hecho. De acuerdo con la versión de operadores en el sistema de justicia, en el lugar los agentes de la PEP encontraron varios kilos de cocaína etiquetada con el logo de la marca Toyota, droga que no reportaron y -sospechan- después vendieron.
El hurto se trató de manera extraoficial al interior de las fuerzas coordinadas, pero no se dio seguimiento ni se investigó.
En septiembre, después que se hiciera público un video en el que encapuchados impidieron el acceso de motociclistas en una zona cerrera de Tecate, se acusó de manera extraoficial que el líder de los escoltas desconocidos sería un comandante de la Policía Ministerial de la zona de Mariano Matamoros, que protegían la propiedad del integrante del Cártel Arellano Félix, de nombre Manuel Martínez González “La Mojarra”, liberado el año pasado.
El entonces recién estrenado procurador, Cristian Colosio Lule, solo reubicó al personal sin ordenar alguna investigación.
PGJE ENCUBRE A LA PEP
Rafael González Cervantes fue delegado de la entonces PGR de julio de 2012 a julio de 2014. Antes de retirarse integró un álbum y lo presentó ante el Grupo Coordinación. Contenía las carpetas de denuncias contra agentes de la PEP señalados por robar droga, allanamientos injustificados y actos tortura. González presentó los casos después que falleció una de las víctimas de tortura cuando fue lanzada de un segundo piso para que dijera dónde guardaba el dinero. El acuerdo fue que la PGJE revisaría y daría seguimiento.
Cinco años después, en la PGJE solo cumplieron una parte de su compromiso. Recopilaron en una lista información numérica de los casos, pero no la suficiente para imputar a los policías estatales acusados. Salvo casos excepcionales, más del 90 por ciento de los expedientes contra policías permanecen impunes.
La lista negra incluye 18 casos abiertos en Rosarito entre 2011 y 2016. Ninguno presenta avance. De nueve expedientes iniciados en Ensenada en 2016, solo uno aparece como judicializado y es un abuso de autoridad cometido contra una mujer.
En Tecate son 55 expedientes iniciados contra agente estatales entre 2011 y 2017. Durante 2015 y 2016 se cometió el mayor número de violaciones por parte de policías. Algunos de los acusados fueron Efraín Prado, Raúl Sánchez Rebolledo y Roberto Cervantes.
Solamente una denuncia por robo, tortura y abuso de autoridad presentada en 2013 fue consignada. La realizó Antonio Ramírez Medina contra los agentes Marco Antonio Alfaro Piñón, Manuel Avenas Rojo, Irving López George y José Antonio Martínez Díaz, ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y en la PGJE Tecate.
Fotos: Cortesía.- Policía Municipal Esteban Leonel Castillo Rodríguez / PEP, Martín Germán Hernández Ojeda / PEP, Jorge David Herrera Madis
De Tijuana se consignan 51 carpetas solo de 2016, 28 iniciadas antes de junio con el viejo sistema y 23 con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La mayoría de los denunciantes fueron presentados a la FGR en posesión de arma, dinero o droga y el modus operandi fue similar.
Las víctimas presentaban traumatismos superficiales de abdomen, pelvis y tórax. Las denuncias son por robo de pertenencias, extorsión, “siembra” de droga, ingresos ilegales, violencia física, lesiones y torturas. Los más graves datan de 2017, cuando la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales inició indagatorias por separado contra los agentes Ulises Guizado y Luis Armenta por posesión de droga.
En Mexicali, de una lista con 18 expedientes, la Subprocuraduría informó la resolución de un caso de secuestro agravado de 2004, otro por desaparición forzada de 2011 y dos contra la salud de 2016, con 13 policías sentenciados.
MINISTERIALES Y ASUNTOS INTERNOS
Si en la PGJE no hay seguimiento puntual a las denuncias contra agentes de la PEP, menos sucede tratándose de sus policías ministeriales. Si acaso se inicia algún procedimiento, los expedientes se remiten a Asuntos Internos, área que usualmente niega la información y es poco lo que se conoce de las 124 bajas que reporta la SSPE en el sexenio.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- María Elena Andrade Ramírez, Directora de la Policía Municipal de Mexicali.
El ejemplo más reciente, es la sustracción de material de la Bodega de Evidencias de la PGJE en Mexicali, en la colonia Guajardo, información que se hizo pública al concluir la primera quincena de octubre, cuando el hurto sucedió a inicio de mes. Fueron extraídas armas, herramientas y diversos objetos registrados como elementos de prueba en carpetas de investigaciones activas. Los investigadores sospechan de la intervención de por lo menos un empleado de la PGJE, pero no habrá más información, ni de lo robado ni de los casos afectados, hasta que se concluya la investigación.
Existen otros casos a los cuales no se ha dado seguimiento.
En 2017, cuando no le exigieron al ex coordinador de Homicidios, José André Cato Pico que justificara los más de 30 mil pesos y 2 mil dólares que llevaba el día que fue atacado a balazos -de manera extraoficial fue acusado de recibirlos para liberar a una mujer detenida por homicidio-, no solo no se le investigó, sino que este año se le asignó una pensión humanitaria de 25 mil 565 pesos mensuales.
Recientemente, elementos de las Mesas de Coordinación han sido informados de expedientes por delitos que involucran el uso de armas. Las autoridades han detectado que pistolas y rifles asegurados y puestos a disposición, algunos ante el Ministerio Público del Fuero Común, otras remitidas al Ejército para su destrucción, no han cumplido su ciclo de custodia y han sido entregadas de nuevo a delincuentes. Su uso se ha detectado en crímenes cometidos recientemente.
POLICÍAS Y EX POLICÍAS INVOLUCRADOS EN RED DE TAXIS CLONADOS
El 10 de octubre, en conferencia de prensa, acompañado de un representante de la Secretaria de Seguridad y de Jorge Álvarez, subprocurador de Justicia en Tijuana, Román Antonio Aboytes, secretario de Movilidad de Tijuana, declaró que once personas encabezadas por policías controlan y protegen una flotilla de taxis pirata que circula con un “amparo clonado”.
El funcionario municipal aseguró que este grupo administra por lo menos el 50% de las 3 mil 500 unidades clonadas que sabe, existen. También que acordó con la PGJE para interponer la denuncia.
El Capitán Jorge Ayón Monsalve, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, comentó:
“Ahí sí difiero mucho, creo que no nos debemos adelantar a hablar de muchos, porque no tenemos detectados esos elementos. En el momento que me llegue una queja directa y haya señalamientos por nombres de personal, se hará la investigación pertinente y quedarán fuera de sus actividades policiales en lo que se lleva a cabo la investigación. Estamos trabajando coordinadamente para que si existen esos elementos, podamos ubicarlos y proceder conforme a Derecho”.
ANDRADE Y AYÓN TRABAJANDO EN LA DEPURACIÓN
Entrevistados por ZETA, Jorge Ayón Monsalve y María Elena Andrade, directora de la Policía Municipal de Mexicali, responsables de las corporaciones más numerosas en el Estado, señalaron que aunque de entrada ofrecen un voto de confianza a la corporación que encabezan, trabajan cuidadosamente en la depuración.
Durante el trienio anterior, en Tijuana fueron depurados 259 oficiales, 159 salieron por recomendaciones del C3 -responsable de los exámenes de Control y Confianza- y el resto por incumplimiento de obligaciones. Siguen pendientes 359 procesos contra agentes en la Comisión de Desarrollo Policial.
En Mexicali se tramitaron 188 bajas, pero además de remociones, la cifra incluye fallecimientos, renuncias, pensiones e invalidez.
De la depuración, el Capitán Monsalve manifestó: “Estamos solicitando los controles de Confianza, vamos ir haciéndolos poco a poco, sobre todo los que no están certificados actualmente o están por vencerse sus certificaciones”.
Al recordar el caso del agente Leonel Castillo, involucrado en un secuestro, agregó: “Para evitar que se inmiscuyan vamos a quitar áreas de confort, evitar que el personal dure mucho tiempo en un área, necesitamos moverlos constantemente para que conozcan toda la problemática que existe en todas las zonas de Tijuana”.
De la posibilidad que la corrupción involucre a un equipo más amplio de oficiales, dijo:
“Se está haciendo una investigación en el área de Inteligencia, el distrito donde estaba designado este elementos, para ver si existe otro elemento que haya estado en participación directa con ellos. Hasta ahorita no hemos detectado, incluso su pareja no estaba involucrado con el asunto. Si se detecta otro u otros, se va a proceder legalmente en contra de ellos, y que sea la instancia que le corresponda la que defina su situación.
“Hay una consejería jurídica del Ayuntamiento que se está encargando de ver los resultados de los exámenes de Confianza y esos temas para las recontrataciones de personal dado de baja por recomendación de C3. Vamos estar informando al presidente municipal sobre las personas que pensamos no deben estar, o que por Ley no deben de regresar”, concluyó el Capitán Ayón.
La directora de la Policía en Mexicali compartió: “Sí escuche del estudio, sin embargo, no me he enfocado porque, como le dije a la comunidad policial, son mis policías con los que voy a trabajar, empezamos la administración y vamos para adelante, porque también hay gente muy valiosa. Pero están las instancias correspondientes y la política es de cero tolerancia”.
30 elementos de la PGJE consignados y cinco sentenciados
Solicitar pagos indebidos por prestar servicio, cohecho, extorsión, robo, abusos de autoridad, entre otros, “son las causas principales por las que se inician expedientes de responsabilidad tanto administrativa como penales”, afirma Edith Villalobos, visitadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California.
— Entre nuevo y viejo sistema se iniciaron mil 837 investigaciones o expedientes, pero solo 69 elementos fueron dados de baja, ¿Por qué la diferencia en los números?
“Podemos recibir denuncias, pero se llevan procesos a través de los cuales tenemos que acreditar la responsabilidad del servidor público”.
Dentro de esos 69 despedidos, 30 fueron consignados ante el Ministerio Público del Fuero Común por diversos delitos, y cinco fueron sentenciados. Otras sanciones impuestas en el sexenio: 24 suspensiones, 10 apercibimientos, 129 correctivos y 682 recomendaciones para ejecutar o evitar acciones y no ser sancionados.
— ¿Significa que son los únicos que pudieron acreditar causas para la separación de sus respectivos cargos?
“Así es”.
El personal de la PGJE dado de baja en el sexenio a punto de concluir, fueron 53 policías ministeriales, nueve agentes del Ministerio Público, tres peritos y cuatro servidores públicos correspondientes a otras labores.
— En noviembre de 2015, el General Gabriel García Rincón denunció al interior del Grupo Coordinación en Tijuana que varios agentes ministeriales habían robado un camión que presuntamente contenía droga y entregó un video. No hubo una denuncia oficial, ¿qué puede hacer y hasta dónde puede llegar la Visitaduría en casos como este?
“La Visitaduría General puede iniciar de oficio por lo que salga en redes sociales y tenga conocimiento. En el caso particular existe abierta una carpeta de responsabilidad penal y de responsabilidad administrativa. Sin embargo, es bueno que aclare que se tiene que lograr la comparecencia de la parte ofendida para que presente a manifestar lo que a su derecho convenga, se han hecho los requerimientos pero no han querido comparecer, eso no quiere decir que no se vayan a realizar todas las diligencias necesarias para deslindar responsabilidades”.
— ¿Qué sucede en casos como el de José André Cato Pico, ex coordinador de agentes del Ministerio Público de Homicidios Dolosos, quien al ser atacado a balazos en abril de 2017, estaba en posesión de una cuantiosa suma de dinero y su padre, otro empleado de la PGJE, fue a decir que era de él? ¿Hay una investigación más a fondo de la procedencia del dinero?
“Si se realizan investigaciones, sobre todo cuando se tiene en duda que ese dinero pueda ser motivo de un acto de corrupción, incluso la Visitaduría constantemente intenta evitar que se cometa ese tipo de actos. Todos los servidores públicos son enviados al Centro de Control y Confianza para ser certificados, hacemos vistas de inspección a las unidades de investigación de la institución, revisamos expedientes buscando irregularidades, hacemos exámenes toxicológicos”.
— Teniendo como ejemplo el robo de una bodega de evidencias en Mexicali a principios de octubre, considerando que sucedió en sus oficinas, que ustedes controlan los accesos e implica a su personal, todo es interno. ¿Cuánto tiempo lleva resolver una investigación como esa?
“Depende del tipo de diligencias, pero esa investigación está en integración, estamos trabajando, claro que va a haber responsabilidades para servidores públicos. Esperamos pronto dar respuesta a esa pregunta”, concluyó Villalobos.
Y mientras se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los uniformados, reiteró que abordarían con todo el peso de la Ley a los malos elementos que, considera, son los menos, de acuerdo a lo que pudo identificar conforme a un diagnóstico que empezó desde hace ocho meses.
“Sé dónde está la problemática, estamos trabajando con Sindicatura y con la Comisión para ver los expedientes, todo conforme a Derecho”, finalizó María Elena Andrade.
Liberan a sospechoso de colocar amenaza a policía en Ensenada
Se reintegró a las actividades de la corporación Alonso “N”, elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada, amenazado de muerte el miércoles 9 de octubre. En el patio de su vivienda en el fraccionamiento Punta Banda, le dejaron una corona de flores con su fotografía, un casquillo .225 y una dedicatoria: “Descanse en Paz” junto a su nombre.
Aldo Asair, joven de 18 años que fue sorprendido en el patio del uniformado por dos vecinos a las 4:20 am, momentos antes de que se registrara el hallazgo, solo fue imputado y vinculado a proceso por el delito de allanamiento de morada y seguirá su proceso en libertad, aunque con ciertas medidas de restricción, al no haber mayores pruebas que lo relacionen con el hecho.
La detención se registró cuando un vecino de Punta Banda lo identificó como la persona que estaba dentro del patio frontal de la casa del agente.
Durante la audiencia también se dio a conocer que días antes, en hechos por separado, le incendiaron dos unidades al mismo policía municipal, por lo que este antecedente también se agregó a la carpeta de investigación.
Separan del cargo a ministerial por abandonar arma en vía pública
Daniel Íñiguez, agente de la Policía Ministerial del Estado en Ensenada, fue separado de su cargo por descuidar su arma de fuego al dejarla sobre el techo de un vehículo junto a latas de cerveza la madrugada del lunes 21 de octubre.
El suceso se reportó al C4 a las 6:42 am por parte de un ciudadano que afirmó que en calle Octavio Paz del fraccionamiento Aeropuerto, donde horas antes asesinaron a una pareja en un puesto de comida callejera, encontró el revólver en la vía pública. El domicilio donde se localizó el arma corresponde al del ministerial en investigación.
La DSPM fue el primer respondiente del reporte y dio parte a las autoridades de la Policía Ministerial, quienes se hicieron cargo de recoger el arma y emprender las debidas indagatorias.
La Visitaduría General de la PGJE abrió un proceso administrativo contra el elemento y confirmó que la pistola corresponde al arma de cargo del agente Íñiguez, quien de acuerdo a información relevada a ZETA por policías ministeriales, apenas cumplió un año en la corporación y estaba asignado al área de Robo de Vehículos.
Agentes de la PEP denunciados por abuso de autoridad (2011-2017)
Viejo sistema
Eliud Jiménez Gómez
Sergio González Hurtado
Domingo Joel Huerta Lozano
Jesús León Beltrán
Edgar Felipe Razo Martínez
Ricardo Filemón Flores Gallegos
Salvador Téllez Girón Martínez
Carlos Norberto Lara López
Marcos Guadalupe Rayas Luna
Efraín Ayala Javier
Jaime Enrique Ruiz Hernández
Raúl Aviña Cruz
