Esta semana, integrantes de las cámaras empresariales del país manifestaron su preocupación por la miscelánea fiscal que acompaña el Paquete Económico 2020, al considerar que inhibirá la inversión y el crecimiento económico, impondrá mayor carga fiscal a los contribuyentes y es riesgosa, al dar a la autoridad facultades que puede usar discrecionalmente.
A ese posicionamiento se sumaron organizaciones empresariales de Tijuana como el CCE, la Coparmex, Canaco, CMIC, Index Zona Costa y el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, quienes en voz de sus representantes, urgieron a modificar las iniciativas en materia fiscal y penal que “criminalizan” a los empresarios.
El asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Adolfo Solís Farías, señaló que la iniciativa más riesgosa se aprobó el 11 de septiembre por el Senado y está discutiéndose en San Lázaro. El dictamen eleva la defraudación fiscal, el contrabando y la compraventa de facturas a delincuencia organizada, con lo que un contribuyente podría ser acreedor hasta de 40 años de prisión.
En conferencia de prensa, el líder del CCE Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, manifestó que en los próximos días buscarán reunirse con doce legisladores federales por Baja California, en aras de modificar los dictámenes antes de la fecha límite que tiene el Congreso de la Unión para aprobar el Paquete Económico 2020 (31 de octubre para LIF y 15 de noviembre para PEF).
Por otro lado, el abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña externó a NEGOCIOZ su preocupación por la disposición de que asesores fiscales y contadores sean obligados a reportar cualquier esquema considerado como beneficio fiscal, desde una deducción hasta un acreditamiento.
Sobre las expresiones del sector productivo y especialistas, la morenista Rocío Barrera Badillo indicó que en el Congreso “hay sensibilidad para escuchar” y analizar las propuestas vertidas (incluidas las de Concamín y la Asociación Mexicana de Bancos).
“No queremos perjudicar ni a los ciudadanos, ni aquellos sectores que le aportan al país. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva (…) dejar un presupuesto acorde a las necesidades sin afectar a terceros”, prometió en medios nacionales, a la vez de estimar que el 17 de octubre, el pleno en San Lázaro aprobará la Ley de Ingresos.
Por su parte, Ruiz de la Peña calificó como “preocupante” la propuesta para eliminar la condonación, pues era “común” que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acordara con el contribuyente que este pagara los impuestos a cambio de la condonación de multas y recargos.
Del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, el Gobierno Federal condonó 247 mil millones de pesos a gobiernos, paraestatales, empresas y personajes de la política, el deporte y la farándula. Entre ellos el senador por Movimiento Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, con poco más de un millón 896 mil pesos; y la aún presidenta de ese instituto político, Yeidckol Polevnsky, por 16.4 millones de pesos. Ambos defendieron la condonación argumentando que fue “legal”.
Polevnsky se excusó diciendo que se debió a “un error de su contador”, pese a que por norma cada contribuyente tuvo que solicitar el beneficio fiscal. Tras justificar el actuar de la dirigente partidista, en un doble discurso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la iniciativa presentada el 24 de septiembre, que modificará el Artículo 28 Constitucional “se acabó el mal sueño y la pesadilla” que fue la condonación fiscal.
