Ángel Heladio Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 26 de octubre del 2014, compareció durante cinco horas este martes 1 de octubre, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
El ex mandatario estatal respondió entre 60 y 70 preguntas que le realizó el Ministerio Público de la Federación, por ejemplo, sobre su relación con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y la esposa de éste, María de Los Ángeles Pineda Villa.
Al salir de su comparecencia, a la cual acudió en calidad de testigo, Aguirre Rivero aseguró que en sus respuestas reiteró que no impulsó la candidatura de Abarca Velázquez, ni recibió dinero del político actualmente preso, y que siempre se opuso a su proyecto político.
El ex gobernador guerrerense subrayó que no tiene vínculo con la delincuencia organizada, y que la investigación que iniciaron las autoridades estatales tras la desaparición de los 43 estudiantes, es “sólida”, prueba de ello, dijo, es que ninguno de los 30 detenidos por la Procuraduría local ha obtenido su libertad.
“Se retomó mi declaración original y algunas aportaciones que hicimos a la luz de los últimos acontecimientos. Por ejemplo exigí que se consigan las actas que se levantaron en las reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, que encabezaba el propio Gobernador y que forman parte, entre otros funcionarios, el comandante de región militar, el comandante de la región naval, el delegado de la PGR, el delegado de la PF y algunos funcionarios de carácter estatal”, señaló Aguirre Rivero, quien reveló que tuvo oportunidad de entrevistarse con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
El pasado 17 de septiembre, el ex mandatario estatal que el Gobierno de Enrique Peña Nieto lo quería encarcelar, ya que Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), trató de vincularlo con un grupo criminal.
El también ex senador y ex diputado federal, aseguró, además, que Alberto Bazbaz Sacal, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de él y de sus familiares por tres años (del 2014 al 2017), por supuesto lavado de dinero.
Además, indicó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) comenzó una investigación que se extendió hasta 20 años atrás, lo cual, dijo, es violatario de la ley. Asimismo, aseveró que existe un personaje político “con influencia regional” -del cual no dijo su nombre-, que “operó” para que no continuara al frente de la gubernatura.
El pasado 26 de junio, Aguirre Rivero y el ex procurador estatal, Iñaki Blanco Cabrera, se reunieron, por primera vez, luego de cuatro años y nueve meses, con los padres de los normalistas, quienes reclamaron al ex mandatario estatal que no hubiera dispuesto de los recursos para prevenir los hechos.
Sin embargo, Aguirre Rivero argumentó que hizo todo lo que estaba a su alcance, y reiteró que desconoce el paradero de los estudiantes, ya que si lo supiera, lo hubiera dicho. El ex gobernador confirmó, además, que el martes 17 de septiembre se reuniría de nueva cuenta con la Comisión que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
