México no solo es un país de tránsito; las condiciones de desigualdad y de violencia que tiene, hacen de este país uno que expulsa mexicanas y mexicanos todos los días. Pero nuestra nación también acoge a muchas personas que ven en esta tierra un lugar menos amenazante para su subsistencia. Poco más de un millón de personas que viven en México nació en otro país, 0.84 por ciento de la población nacional; 42.6 por ciento de dichas personas tiene nacionalidad mexicana y 46.8 por ciento solo tiene nacionalidad extranjera.
En otras palabras, cuatro de cada 10 personas extranjeras en el país son mexicanas y mexicanos nacidos en el exterior; se estima que alrededor de 12 millones de mexicanos residen en el exterior, la gran mayoría -más del 95 por ciento- en Estados Unidos, según los datos del Inegi del 2015. Pero dentro del universo de personas en contexto de movilidad humana que atraviesan estas tierras, hay un grupo de la población que está en mayor desventaja: las niñas, los niños y los adolescentes. Y este grupo ha crecido.
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El número de personas menores de 18 años presentadas al Instituto Nacional de Migración muestra un aumento sistemático a partir de 2012. En 2015 la cifra superó la de 2014 por un tercio: 35,704 y 23,096, respectivamente. El grupo de niñas y niños migrantes no acompañados de 0 a 11 años tuvo un crecimiento sin precedentes en 2015: 13,730, al superar en más de 50 por ciento la cifra de 2014 (8,941). Cinco de cada 10 niñas migrantes en tránsito tenían entre 0 y 11 años de edad. En los niños, esta cifra llega a tres de cada 10 (CONAPO 2015).
Si bien todas las personas migrantes deben gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano -como son el derecho a la nacionalidad, al libre tránsito, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la atención consular, a no ser discriminado o discriminada, al asilo, al refugio, a la diversidad cultural y a la interculturalidad, a la protección de la unidad familiar- las niñas, los niños y adolescentes deben de gozar de una protección especial por sus condiciones de vulnerabilidad física y psicológica.
Todas las personas en contexto de movilidad humana enfrentan retos y están expuestas a múltiples amenazas a sus derechos, a su vida y a su seguridad e integridad personal; son personas que están más propensas a violaciones sexuales, tráfico, trata, secuestros, arrestos ilegales, deportaciones y abusos policiales, accidentes graves. Pero las niñas y niños migrantes están más expuestos y requieren que el Estado mexicano les proteja, atendiendo a estándares de Derechos Humanos establecidos en los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño entre otros.
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Afortunadamente, existen diversos instrumentos y protocolos que desde diversos contextos se han elaborado para intentar brindar mayores protecciones a quienes más lo necesitan; como ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el ICBF presentaron a final de 2016 la Guía para autoridades sobre identificación y abordaje de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en riesgo de trata de personas, por mencionar un documento. Ahora, nuestro país debe fortalecer sus políticas públicas en la materia y poner en marcha esos y otros protocolos.
La primera tarea -y de carácter permanente- es la capacitación de las personas en el servicio público; y, desde la trinchera que ahora ocupo, haré lo que corresponde para que la garantía de los Derechos Humanos de las niñas y los niños migrantes sean prioridad. Ellas y ellos se van, se mueven, se desplazan por necesidad; difícilmente lo hacen por elección.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
