Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza se desempeñaba desde marzo del 2015 como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo al que ahora renunció. Antes fue embajador de México ante los Estados Unidos (del 2013 al 2015), por designación de Enrique Peña Nieto. Pero su carrera en la administración pública la inició en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1991 a 1993.
En el 2005, al ocurrir el accidente donde perdió la vida el Secretario de Seguridad Pública federal, Ramón Martín Huerta, el presidente Vicente Fox Quesada lo designó para sustituirlo. Ya en el cargo, realizó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, Estado de México, contra pobladores que se oponían al Aeropuerto de Texcoco. El saldo: dos personas fallecidas y al menos 26 mujeres que sufrieron abusos sexuales de parte de policías.
También fungió como titular de la Procuraduría General de la República (PGR, de diciembre del 2006 a septiembre del 2009), propuesto por Felipe Calderón Hinojosa. Con Medina-Mora Icaza en el cargo, Jacinta, Teresa y Alberta, tres mujeres indígenas, fueron detenidas y encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos acreditaron falta de pruebas y violación de derechos, Jacinta, Teresa y Alberta salieron libres tras tres años presas. En 2017, el entonces el procurador Raúl Cervantes Andrade reconoció la inocencia de las indígenas hñahñú y admitió no sólo que fueron encarceladas de forma injusta, sino que la PGR incurrió en actos indebidos.
Medina-Mora Icaza renunció a la PGR y el 12 de noviembre de 2009 el Senado de la República lo ratificó como embajador de México ante el Reino Unido, cargo que desempeñó hasta enero del 2013. Antes, del 1 de diciembre del 2000 al 20 de septiembre de 2005, fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Según la periodista Linaloe Flores, del diario digital SinEmbargo, en 2008 el Gobierno de Calderón Hinojosa consiguió que el Congreso de la Unión reformara el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se concediera a las averiguaciones previas un carácter de estricta privacidad, lo cual ayudó a Medina-Mora Icaza a clasificar como “estrictamente reservada” todas las investigaciones -incluso las concluidas- que estaban relacionadas con funcionarios públicos y la guerra contra el narcotráfico.
“Esta modificación a la ley también ha ayudado a que se mantenga en reserva el nombre de la empresa que en 2008 vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds, con un costo de 200 millones de dólares, cuya compra fue autorizada por el mismo Medina Mora.”, abundó la periodista de investigación, al citar un ejemplo de todos los nombres y casos que el ahora ministro ayudó a proteger.
“Entre los nombres protegidos por la reserva, se encuentra Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, y que estuvo a cargo de la estrategia más beligerante contra el crimen y que una vez concluido el sexenio desapareció de México, más tarde reapareció, en 2018, para presentar su libro Seguridad y bienestar.”
A pesar de su larga trayectoria de 18 años en la administración pública, Medina Mora sólo presentó 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal, en el periodo de 2000 a 2015. Pero en ninguna hizo público su patrimonio ni sus conflictos de interés, indicó la periodista, en una investigación titulada: ‘Medina Mora: cancerbero de los secretos del Estado mexicano’, publicada el pasado 7 de noviembre.
Días antes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna en la que asegura que una investigación del reportero Francisco Gómez revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces SIEDO en el sexenio de Calderón Hinojosa, estaban en la nómina del Cártel del Sinaloa.
Riva Palacio aseguró que El Universal publicaría dicho reportaje, pero al pedir reacciones a la PGR, que en ese entonces estaba bajo el cargo de Medina-Mora Icaza, este pidió a Juan Francisco Ealy Ortiz, detener la publicación para poder tener acceso al expediente. El presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del rotativo accedió y le concedió un mes de prórroga.
Sin servicio de carrera, ni experiencia o trayectoria en el Poder Judicial, el 10 de marzo del 2015 el Senado de la República votó para que Medina-Mora Icaza cubriera la vacante del fallecido ministro Sergio Valls Hernández, por un periodo de 15 años, hasta el 2030.
Con 83 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una parte de Acción Nacional (PAN) –el entonces senador Javier Corral Jurado votó en contra–, así como los otros partidos satélites del Gobierno federal, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Medina-Mora Icaza fue electo ministro de la SCJN.
Medina-Mora Icaza obtuvo el cargo de ministro de la SCJN por votación del Senado, a pesar de que más de 54 mil ciudadanos se manifestaron en contra, mediante la plataforma Change.org, para denunciar la crisis de derechos humanos durante su gestión al frente de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El 29 de octubre pasado, Medina-Mora Icaza admitió la impugnación presentada por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo federal para suspender “toda investigación e imputación penal” en contra del ahora ex presidente Peña Nieto, por el presunto desvío de 270 millones de pesos del PRI durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, durante la llamada “Operación Zafiro”.
La suspensión tuvo efecto luego de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el ahora ex consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, en contra de órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía de dicha entidad gobernada por Javier Corral Jurado, en contra de funcionarios federales, que fue ampliada el 16 de octubre para incluir a Peña Nieto.
La controversia se presentó bajo el argumento de que el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 7 del Código Penal estatal son inconstitucionales. Con dicha determinación, los gobiernos de los estados sólo están facultados para denunciar delitos del fuero común y no del federal.
Fue entonces que el Gobierno de Chihuahua pidió que Medina Mora abandonara el caso, ya que alegaba existe una íntima amistad entre él y Peña Nieto, lo cual la SCJN determinó como improcedente, al establecer que en controversias constitucionales, “no se debe ventilar intereses personales sino problemas competenciales”.
“Esto por la relación intima de amistad que tiene Median Mora y Peña Nieto, ademas que el Ministro Eduardo Medina Mora fue subordinado de Peña, razón por la cual tiene impedimento legal para conocer de la controversia”, afirmó la consejería jurídica chihuahuense.
“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la figura del impedimento es improcedente tratándose de una controversia constitucional, ya que a quien en realidad se está demandando es propiamente al Estado y no a la persona en quien recae esa representación, pues no estamos en presencia de una acción o de un interés de carácter personal”, detalló la SCJN en un comunicado de respuesta al Gobierno de Chihuahua.
Según el diario Reforma, basado en fuentes del Gobierno Federal, la carpeta de investigación contra Medina-Mora Icaza, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, fue iniciada con motivo de una denuncia ante el Ministerio Público de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y cuyo titular es Santiago Nieto Castillo.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR, a cargo de Juan Ramos López, ya ha llevado a cabo diversas diligencias para corroborar los hechos denunciados contra el también ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), abundó el rotativo.
La indagatoria comprende los movimientos bancarios personales, de varios familiares y de razones sociales en las que Medina-Mora Icaza tendría algún tipo de relación, interés o beneficio, indicaron las fuentes conocedoras del caso, quienes pidieron al Reforma no ser citadas.
El pasado 18 de junio, Medina-Mora Icaza aseveró que la información de los montos de las transferencias bancarias relacionadas de las investigaciones de autoridades de Estados Unidos y de Reino Unido fue obtenida de forma ilegal.
A través de una carta enviada Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, Medina-Mora Icaza aseguró que es falso el monto de las transferencias, ya que, dijo, 12 de las 32 que reportó el diario El Universal, están en pesos y no en dólares o libras esterlinas.
En su misiva, el ministro de la SCJN detalló que la cantidad de los traspasos a sus cuentas foráneas de HSBC entre marzo de 2016 y noviembre 2018, fue de 7.5 millones de pesos, cifra que, según añadió, es acorde a sus ingresos, y no los 103 millones que se había reportado el rotativo de circulación nacional.
Medina Mora explicó que dicho diario habría violado sus derechos a la privacidad y al honor, ya que revelaron información “sin su consentimiento” y de forma ilegal. El ahora ex ministro habría recibido al menos 102 millones de pesos en transferencias bancarias hechas desde México a bancos de EE.UU. e Inglaterra, según reportes de “actividad sospechosa” realizados por la Agencia de Investigación Criminal de Gran Bretaña (NCA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro estadounidense.
Todo ello fue revelado por el periodista Salvador García Soto en su columna ‘Serpientes y Escaleras’, publicada en diario El Universal el pasado 5 de junio. El columnista señaló que el ahora ex ministro de la SCJN recibió en sus cuentas bancarias transferencias por dos millones 383 mil 526 libras esterlinas en los últimos dos años.
Sin embargo, Medina-Mora Icaza explicó que la información expuesta en la nota es falsa e inexacta, ya que como ministro de la SCJN, percibía alrededor de 4.2 millones de pesos netos anuales, y en cartas previas sobre este caso, ha mencionado que su esposa recientemente fallecida, también recibía dividendos como accionista de la empresa Compusoluciones y Asociados, una compañía familiar.
La carta de Medina-Mora Icaza no detalló los ingresos que el ahora ministro incluyó en sus declaraciones patrimoniales ante la Contraloría de la SCJN, a partir de 2015, o ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2000, cuando ingresó al servicio público.
La UIF es la que investiga a Medina-Mora Icaza en México, pero el ministro manifestó que la información confidencial sobre sus operaciones bancarias y declaraciones patrimoniales “solo pudo obtenerse a través de una conducta ilegal”.
“Como integrante del Poder Judicial de la Federación, y especialmente como ciudadano, me parece alarmante que se efectúen señalamientos en los que se tergiverse información que, además, fue obtenida de manera ilegal”, dijo el ahora ex ministro en su carta.
Sin embargo, una investigación publicada en el diario digital SinEmbargo, realizada por la periodista Linaloe R. Flores, indicó que entre 2006 y 2018, cuando gobernaron Calderón Hinojosa y Peña Nieto, Compusoluciones y Asociados SA de CV recibió 102 millones 107 mil 156 pesos a través de 26 contratos de millones y miles de pesos para suministrar licencias y capacitación en la operación de software como Oracle, o cursos sobre el uso de Excel o Power Point en las oficinas del Gobierno Federal.
De estos, 25 contratos fueron conseguidos por adjudicación directa; es decir, sin que mediara concurso o competencia con otras compañías del ramos de la informática. Lo anterior, según una revisión de la periodista en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y los datos relevantes de los contratos en la plataforma Compranet.
Ayer jueves 3 de octubre, el columnista Salvador García Soto publicó en el diario El Universal, que Medina-Mora Icaza no se vio favorecido por apoyar a Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, ex vicepresidente de Televisa señalado por operar desde 2006 y hasta 2018 la red de empresas que llevaron a cabo las “campañas negras” contra Andrés Manuel López Obrador.
El periodista aseguró que Medina-Mora Icaza habría trabajado con jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de las cuantas de su amigo Quintero Iñiguez, como pidió la UIF. Para ello, el equipo del ahora ex ministro exhibió los nombres de agentes encubierto de Estados Unidos que participaron en la investigación.
“Una vez que la UIF congeló las cuentas de Alejandro Quintero, el aún ministro operó ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo. También ayudan con ese tema a Quintero el ex director del CISEN en el pasado, Alberto Bazbaz [Sacal], y el ex consejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez”, aseguró García Soto.
Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del Buró Federal de Investigaciones y la Administración para el Control de Drogas (FBI y DEA, por sus siglas en inglés), el equipo de Quintero Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos estadounidenses involucrados en la investigación.
“Algo que nunca les perdonaron en las respectivas agencias de los Estados Unidos”, abundó el periodista, quien señaló, además, que este hecho habría causado que al Gobierno Federal encabezado por López Obrador comenzara a llegar información sobre las cuentas bancarias en el extranjero de Medina-Mora Icaza, mismas que el ahora ex ministro no pudo explicar de manera convincente.
“El problema es que a las autoridades financieras también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de los montos de esas transferencias de esas empresas, nunca cuadraron con los recursos reportados en sus declaraciones patrimoniales”, aseguró García Soto .
En mayo pasado, Medina-Mora Icaza fue autor de una tesis de jurisprudencia que permitiría a los jueces suspender los bloqueos de cuentas que dicta la Unidad de Inteligencia Financiera, misma que fue aprobada por los cinco ministros de la Segunda Sala. Sin embargo, ya se había declarado inconstitucional la facultad de bloqueo de la UIF.
Pero la rápida publicación de la jurisprudencia en el Semanario Judicial parece haber molestado al actual Gobierno encabezado por López Obrador, ya que pareció encaminada a favorecer a personas bajo investigación, entre ellas el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, actualmente preso por lavado de dinero, y a quien Medina-Mora Icaza había acompañado en la boda de su hija, celebrada ese mismo mes.
– Con información de Reforma, SinEmbargo, Proceso, El Universal y La Jornada.
