El ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, señaló que para llevar a cabo la consulta ciudadana sobre la ampliación de mandato en Baja California, se recurrió a la compra o renta de credenciales de elector así como al apoyo de servidores públicos.
Señaló directamente al próximo secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, a quien acusó de haber operado “tras bambalinas” el ejercicio de sondeo, con la introducción o depósito de boletas sufragadas previo a la celebración de la consulta, práctica que se conoce como embarazo de urnas.
También se refirió al delegado del gobierno federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, de quien dijo que se valió de personal y funcionarios adscritos a la dependencia que encabeza para operar durante la jornada realizada el 13 de octubre.
Martínez Veloz anunció que con el soporte de audios, videos y testimonios interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, según dijo “para que actúe en contra de estos malos servidores públicos, cuya actividad se realiza en sentido contrario a lo que el propio presidente de la república (Andrés Manuel López Obrador) ha venido señalando a lo largo y ancho del país”.
Criticó que “el desaseo, la falta de rigor técnico, la escasísima participación, decenas de casillas sin instalarse, la informalidad para que votara quien quisiera y las veces que quisiera, la inducción para votar por la opción de 5 años (de gubernatura, en lugar de dos) por parte de los funcionarios” resultaron ser “el común denominador” de la consulta ciudadana organizada por una comisión especial encabezada por la diputada local de Morena Miriam Cano Núñez.
También reclamó que como requisito para votar no se haya solicitado de manera rigurosa la identificación del Instituto Nacional Electoral, “lo que permitió que pudieran votar sin credencial de elector sin saber si eran o no ciudadanos de BC”.
Tampoco se utilizaron mamparas para resguardar la secrecía del voto, “lo que permitía que las personas que acarrearon votaran frente al funcionario de casilla, para permitir certificar, que votaran por la opción de 5 años”, deploró.
Otro de los aspectos a los que se refirió el denunciante fue que no se utilizó tinta indeleble, “permitiendo que las personas votaran en más de una ocasión”.
Finalmente sostuvo que con la consabida consulta se pretendió suplantar la voluntad popular en aras de que el gobernador electo pueda prolongar su gestión.
Sobre el procedimiento implementado, remató: “ni fue consulta, ni fue ciudadana, fue un acto de vulgaridad que pretende utilizarse como acción legitimadora de la ambición bonilllista por ampliar su mandato, que, de concretarse por algún artilugio legaloide, trastocaría las reglas básicas que los mexicanos nos hemos dado en esta materia”.
