Marihuana, negocio gubernamental; no garantiza pacificación

Foto: Ramón T. Blanco V.
 
Edición Impresa lunes, 7 octubre, 2019 01:00 PM

Anteproyecto de reforma pretende terminar con el mercado negro de la droga, asegura diputado federal Mario Delgado. Morena propone la constitución de una empresa estatal que compraría la producción de cannabis al mayoreo y la vendería, a través de franquicias, al menudeo. Investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, estima que al industrializarse la producción “este sería el gran negocio de su vida de algunos políticos”. Aprobar la Ley General para el Control de Cannabis no garantiza la pacificación del país, las disputas de los cárteles son por otras drogas

La iniciativa que propone reformas legales para permitir el autocultivo de marihuana para consumo de sus adictos, también lleva implícita la creación de una empresa estatal dedicada a la compra y venta de la sustancia, que convertiría la llamada regulación de cannabis en un lucrativo negocio para el gobierno mexicano.

Así lo considera el investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, quien señaló que esta medida no logrará el propósito que originalmente se planteó y que sería desalentar las luchas violentas que vive el país, pues estas disputas no son por la marihuana, sino por otras drogas de mayor envergadura y que dejan más margen de ganancia al crimen organizado.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados por el coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo. Propone reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que además se expida la Ley General para el Control de Cannabis.

Delgado Carrillo asegura que “con este esquema terminarías con el mercado negro de esta droga; no tendría ningún sentido que la delincuencia organizada pudiera vender marihuana cuando puedes comprar los productos de manera legal, está pensado para desplazar al mercado negro de la marihuana”.

El documento propone crear una Comisión Reguladora del Cannabis con carácter interinstitucional, adscrita a la Secretaría de Salud. Esta comisión expediría licencias para el cultivo, producción y venta de la planta y de sus derivados, incluida la importación y exportación de marihuana y sus semillas, pero también impulsa la creación de una empresa pública propiedad del Gobierno Federal, que estaría encargada de la compra y venta de cannabis y sus derivados.

El legislador señala en la exposición de motivos del anteproyecto de reforma: “Estamos acatando el mandato explícito de salvaguardar los derechos humanos del país, especialmente el del libre desarrollo de la personalidad, mismo que ya ha sido interpretado -tanto en lo general como en lo específico- por nuestro máximo órgano de justicia”.

En el documento se asegura que con una correcta regulación de la droga, el Estado se está haciendo cargo de minimizar los riesgos y daños en que incurren los usuarios, pues también se brindaría protección a ámbitos de seguridad y se rompería la espiral de violencia que la política prohibicionista ha legado al país.

Se subraya que se pretende entrar a un régimen que permita la creación de un mercado legal de cannabis que procura -como finalidad- el respeto y garantía de los derechos fundamentales de usuarios y no usuarios, el derecho a la salud, y no tanto maximizar la generación de riqueza o las utilidades de quienes participan en la producción y comercio de la droga.

Sánchez Cordero, gran impulsora de la legalización de la marihuana

Foto: Tomada de Internet.- Olga Sánchez.

 

Desde que era senadora, antes de ser titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa de Ley para despenalizar el uso de la marihuana con fines personales, científicos y comerciales, con el objetivo de disminuir la violencia asociada con el crimen organizado, bajo una regulación “responsable”, dado el “momento histórico” por el que atraviesa el país

El 6 de noviembre del 2018, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, entonces senadora por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó ante el pleno de la Cámara alta un proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que despenalizaría el uso de dicha sustancia con fines personales, científicos y comerciales.
De ser aprobada, dicha Ley establecería los mecanismos -licencias o permisos- para cultivar, cosechar, procesar, producir y vender productos de marihuana bajo la vigilancia del Estado mexicano, por un plazo de cinco y diez años. Además, se realizarían programas de comunicación social para informar a la población sobre los riesgos relativos al consumo del cannabis.
“El modelo que se propone impulsar es el de regulación legal estricta; es decir, el punto medio entre prohibición absoluta y el libre mercado”, señala la propuesta de la ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció jurisprudencia para normar la producción, comercialización y distribución de esta droga.
Asimismo, la iniciativa pretende determinar las medidas para comercialización como etiquetado, canales de venta, transporte, distribución y promoción, con un enfoque de salud pública y como una medida para disminuir la violencia asociada al crimen organizado.
La propuesta aclara que desde la Constitución no se debería imponer un ideal de excelencia humana, sino “permitir que cada individuo elija su propio plan de vida”. A través de esta regulación, el Estado mexicano tendrá la capacidad de acompañar el mercado con información, estándares mínimos, monitoreo, verificación y evaluación.
“Esta iniciativa propone un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana que opta por el cambio y que reconoce el momento histórico que nos apresta a emprenderlo”, se lee en la propuesta presentada por Sánchez Cordero Dávila.
También se enlistan siete ejes rectores: Respetar la autonomía de las personas; Proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo; Minimizar la alteración de potencias de componentes del cannabis con efectos inciertos; Promover la información basada en evidencia sobre etiquetado y condiciones de consumo.
Por otra parte, contempla la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, instancia que tendría la atribución de otorgar licencias hasta por cinco años para fines terapéuticos, de investigación o recreativos.
Dicho Instituto será un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud federal y entre sus objetivos destaca el crear la regulación que garantice que el enfoque de salud pública, de reducción de riesgos y de daños relacionados con el consumo de marihuana, esté sobre el interés del comercio y otros intereses creados por la industria del cannabis.
En el documento se explica que el mayor reto a enfrentar será equilibrar el enfoque de salud pública con el interés del comercio, pues mientras el primero busca minimizar los riesgos y daños relacionados con la marihuana, el segundo buscará obtener mayores ganancias.

De aprobarse el dictamen, esta Ley prohibiría el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de marihuana a menores de edad, así como emplearlos en estas actividades.

Además, la iniciativa considera la emisión de un permiso especial para producir más yerba cuando se padezca alguna condición de salud. La marihuana podría ser fumada en espacios públicos, excepto los que sean 100 por ciento libres del humo del tabaco.
En lo que respecta a comercialización, la iniciativa autorizaría la emisión de licencias para producir marihuana con fines médicos, recreativos e industrial, y establece medidas para su exportación. Sin embargo, se prohibiría comercializar productos comestibles derivados del cannabis o su mezcla con otras sustancias como nicotina, alcohol o cafeína.
Para su venta al público, la iniciativa contempla que se emitirían permisos para abrir tiendas, pero únicamente podrían ofrecer marihuana y sus derivados. Plantea que se permita sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta veinte plantas de cannabis en floración, destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando la producción no sobrepase los 480 gramos por año. Cualquier excedente debería ser donado a instituciones cuyo objetivo sea la investigación científica.
Por último, la iniciativa de Ley General para la Regulación y Control de Cannabis contempla la emisión de licencias para la producción de marihuana en cooperativas integradas por un mínimo de dos y un máximo 150 personas. Los usuarios tendrían que registrar sus plantas ante el Instituto, en un padrón anónimo. (Carlos Álvarez Acevedo)

DEL AUTOCONSUMO AL NEGOCIO ESTATAL

Este proyecto, refiere la motivación presentada, “contempla la posibilidad de que mexicanas y mexicanos puedan tener la facultad de cultivar su propio cannabis. Sin la necesidad de licencia o permiso, podrán poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar hasta seis plantas de cannabis, siempre y cuando sean destinadas para consumo personal, permitiéndose también el compartido en el hogar”.

Prevé que el consumo y autocultivo sean realizados por personas mayores de edad y prohíbe que el uso se haga en espacios públicos, incluyendo aquellos privados donde existe acceso al público, “con lo cual atendemos de manera más pacífica y prudente la situación controversial que envuelve al cannabis actualmente en nuestro país”.

En la propuesta, la polémica se encuentra en la propuesta de crear la empresa pública denominada CANNSALUD, la cual estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los permisos de industrialización correspondientes para ese fin.

Se destaca que la empresa será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, contando con una autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin primordial, el cual es tener el monopsonio (estructura de mercado en donde existe un único demandante o comprador) al mayoreo del cannabis y sus derivados, para posteriormente darlos en venta a los franquiciatarios que venderán al menudeo.

Los propósitos fundamentales de la creación de esta empresa, señalados en la iniciativa para que se expida la Ley General para el Control de Cannabis son:

*Abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos.

*Registrar y sistematizar la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, etcétera, del producto.

*Evitar, al menos temporalmente, la integración vertical de la industria, a fin de que los grandes intereses comerciales no estén en posición de avasallar o captura al regulador.

La constitución de CANNSALUD sería un primer paso “para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone una empresa pública como intermediario obligado, a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”.

La referida compañía estatal tendría como actividades:

*La compra de las cosechas de cannabis a cultivadores autorizados.

*Realizar pruebas que determinen los niveles de sustancias accesorias al cannabis y sus derivados adquiridos.

*Vender cannabis o sus derivados a los franquiciatarios autorizados.

*Vender cannabis o sus derivados a la industria farmacéutica para la constitución de medicamentos.

*Realizar actividades de consulta y estadística en materia.

“UTOPÍA EXTREMA”: INVESTIGADOR

El investigador de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, estima que una parte de la regulación de la cannabis es positiva; sin embargo, el planteamiento de que es la solución para disminuir la violencia y las actividades del narcotráfico no es real, puesto que la marihuana, pese a ser la más producida y consumida, no es el problema grueso de la producción y trasiego de drogas ilícitas por las que se están matando los grupos delincuenciales.

El entrevistado lamentó que en México “se hagan las cosas exactamente al revés”, pues cuando participó en las mesas de trabajo a nivel nacional -convocadas por la Presidencia de la República- creyó que se trabajaría en su aportación de que primero habría que realizarse una campaña informativa, dirigida principalmente a los jóvenes, para que conozcan sobre “lo que ocasionan las drogas, cada una de ellas; su consumo, sus efectos, las consecuencias, para después liberar, entonces sí, lo que algunos llaman la legalización del cannabis”.

“Sabemos que, en este momento, la marihuana es ilegal en su portación, más no su consumo. Cinco gramos para consumo personal, así como otras cantidades para otras drogas que maneja la Ley General de Salud. Pero el gran problema que nos dejaron las pasadas legislaturas fue que no nos dijeron a quién se le va a comprar la droga”, señaló el académico.

Para Jiménez Reynoso la iniciativa llega a destiempo, pues ahora -además del autocultivo para consumo de los usuarios- sí se plantea quién la va a vender y quién va a manejar los controles de calidad. “El gobierno está adoptando la propuesta que en su momento hizo, y la tendencia que traía el expresidente Vicente Fox Quesada, que le urgía la legalización de algunas drogas para comercializarlas”.

“Parece ser que esta administración y este partido que domina el país, políticamente hablando, ya compró la idea para lucrar y para industrializar las drogas. Primero la marihuana, y después quién sabe cuáles otras, para -ahora sí- dar paso a lo que algunos ya veíamos venir, que este sería el gran negocio de su vida de algunos políticos; en este caso, los de esta administración”, enfatizó el doctor en Derecho.

La justificación de la iniciativa de reforma no convence al investigador. Desalentar la venta como negocio ilícito de la marihuana, debido a los altos índices de violencia que tenemos en las calles, no es lo que ha sido motivo de noticia internacional, dice Francisco Jiménez. “Desaparecidos, descuartizados, cementerios clandestinos, casas de seguridad, bolsas con restos humanos enterradas, al aire libre o en el fondo de cuerpos de agua y ejecuciones en la vía pública a la vista de todos, no son por una guerra de cannabis”.

“La guerra o lucha violenta, fraticida, la estamos viviendo los mexicanos por el dominio de las plazas o territorios de parte de los grupos que conforman el narcotráfico y que realizan otros delitos vinculados con la delincuencia organizada -multiplicando sus actividades- tiene que ver con otras drogas. Es una utopía extrema la que está siguiendo esta administración; no viene a resolver el problema. Estas luchas no van a cesar con esta medida que se está adoptando”.

Jiménez Reynoso aseguro que Estados Unidos ya tomó medidas desde hace tiempo; “al menos seis años, y ya es autosuficiente con el tema del autoconsumo en su nación del producto que más consume el estadounidense: la marihuana. Ellos ya son autosuficientes. Tienen sus cultivos de marihuana de calidad, la que ellos quieren, a su gusto. La realidad es que los estadounidenses, que son los primeros consumidores del orbe, ya no están demandando marihuana mexicana”.

Hacia el monopolio gubernamental de la marihuana en México

En México no se ha legalizado el uso medicinal ni recreativo de la marihuana. Pero Morena, el partido mayoritario en el Congreso, está impulsando una serie de iniciativas de Ley encaminadas a la creación de una empresa estatal que monopolice la compra y venta de la sustancia psicoactiva. Sin embargo, en países como Canadá y Estados Unidos, la producción y comercialización está en manos de particulares, bajo licencia gubernamental.

En Estados Unidos, donde el negocio es de particulares, la industria emergente obtuvo casi 9 mil millones de dólares en ventas en 2017. Hay 9 mil 397 licencias activas para los negocios de marihuana (incluye cultivadores, fabricantes, minoristas, dispensarios, distribuidores y laboratorios de pruebas) y 121 mil personas trabajan alrededor de la planta de cannabis, un número en crecimiento.

El mercado de la marihuana legal en la Unión Americana podría alcanzar un valor de hasta 23 mil 400 millones de dólares para 2022, según Arcview Group, una firma de inversión e investigación centrada en la industria del cannabis.

Los beneficios económicos de esta industria emergente han ayudado a los más de 30 estados donde la marihuana ha sido legalizada, al canalizar los ingresos tributarios de la venta del medicamento a campos como educación e infraestructura. En 2017 se generaron mil 400 millones de dólares en impuestos estatales pagados por la marihuana.

En Canadá entró en vigor la legalización de cannabis recreativa con un proyecto presentado por los liberales del Primer Ministro Justin Trudeau y aprobado por los senadores en 18 de octubre de 2018. Entre otros puntos, la normatividad canadiense establece que la hierba será producida por compañías privadas bajo licencia gubernamental.

En junio del año pasado, la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy, Argentina, sancionó la Ley que establece la creación de Cannabis Avatara, una empresa estatal que se encargará del cultivo, producción, industrialización y comercialización de cannabis con fines científicos, medicinales y/o terapéuticos.

Esta norma argentina abría las puertas al negocio privado en el cultivo de cannabis, ya que habilitaba al acuerdo con multinacionales extranjeras en la producción. La aprobación de la legislación se dio en el marco de que la Organización Mundial de la Salud, dictaminó que la planta de marihuana no es peligrosa y destacó su uso médico.

El 10 de diciembre de 2013, en Uruguay se aprobó  una legislación que regula el mercado de esta planta, producción  que es controlada por el Estado, así como la comercialización, tenencia, usos recreativos y medicinales, y las utilizaciones con fines industriales.

El país sudamericano se convirtió en la primera nación del mundo en legalizar la venta y cultivo de marihuana. En diciembre de 2018, el gobierno uruguayo anunció que realizaría un nuevo llamado a licitación para contratar empresas que produzcan cannabis recreativo legal para venta en farmacias, hasta dos toneladas por año. (Carlos Álvarez Acevedo)

Drogas y adicciones en México

En México, la marihuana es la droga que tiene el mayor número de adictos experimentales o cautivos, además de ser la sustancia con mayor número de aseguramientos por parte de las autoridades policiales, de acuerdo con informes rendidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y con datos de encuestas o reportes realizados por la Comisión Nacional de Adicciones de la Secretaría de Salud.

La Oficina Nacional de Política de Drogas de la FGR, advierte que el cannabis -en sus diversas variedades- ocupa el primer lugar en incautaciones, seguido por la metanfetamina y la cocaína. El importante volumen de estas acciones policiales está relacionado con la posición estratégica que tiene el país en las rutas de narcotráfico.

Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a falta de cinco meses para concluir su periodo, se rindieron cuentas sobre el aseguramiento de más de cuatro mil toneladas y media de marihuana, en poco más de cinco años y medio, mientras que otras drogas estuvieron muy por debajo –comparativamente- en su incautación.

 

Drogas incautadas del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2018 en México:

 

Por su parte, durante el primer semestre de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras de drogas ilícitas también posicionaron al cannabis como el más encontrado en operativos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con más de 61 toneladas incautadas del enervante.

Un periodo comparativo entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019 del sexenio lopezobradoristas y los mismos meses entre 2017 y 2018, deja en claro no solo la posición que guarda el tipo de droga que se trafica en el país, sino también el cambio en la política contra estas sustancias prohibidas, pues se registró una baja en los aseguramientos de las autoridades en general.

 

Drogas incautadas del 1 de diciembre al 31 de mayo de los dos últimos años en México:

 

Por su parte, el Primer Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México, -realizado por la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud y presentado en 2019 por el actual Gobierno de la República- advierte que la marihuana es la droga ilegal más consumida a nivel mundial, y México no es la excepción.

Encuestas realizadas bajo diferentes denominaciones por las autoridades sanitarias, muestran la evolución en el consumo de la marihuana en las personas de 12 a 65 años de edad, aunque sea alguna vez en su vida. Las cifras y su incremento son las siguientes: en el año 2002, dos millones 430 mil personas; en 2008, tres millones 146 mil 796; en 2016, siete millones 374 mil 195.

Este informe, que pone en primer lugar del organigrama de la investigación a Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud, advierte que las causas del aumento en adictos y experimentadores del consumo de marihuana se deben a factores sociales e individuales, entre los que destacan:

*El aumento en su disponibilidad.

*Las actitudes tolerantes hacia su consumo (normalización).

*La desinformación sobre sus efectos nocivos, entre otros.

Un informe que contradice, como investigación científica, la postura de la iniciativa de reformas de ley recientemente presentada por el diputado federal, Mario Delgado, del partido Movimiento Regeneración Nacional. (Luis Carlos Sáinz Martínez)

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