El 8 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, la Ley Federal de Austeridad Republicana. Iniciativa que establece que los altos funcionarios públicos del Gobierno Federal que dejen su puesto, no puedan emplearse en el sector privado en un lapso de 10 años.
Durante la sesión, el diputado morenista Erasmo González Robledo justificó la modificación de cinco a diez años al dictamen que había sido avalado por el Senado de la República en mayo, al indicar que la prohibición se debe a que se considera que los altos funcionarios públicos (secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y jefes de unidad) tienen acceso a información privilegiada.
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Lo anterior, por casos como el del ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien luego de cuatro años como secretario de Energía fungió como consejero independiente de la compañía Avangrid; sin embargo, legisladores de los partidos PRI, PAN y PRD juzgaron la prohibición como una medida exagerada que atenta contra los derechos de los trabajadores.
La Ley de Austeridad también establece que desaparecerá la contratación con recursos públicos de regímenes especiales para el retiro, jubilaciones o cualquier otro esquema de separación individual o colectiva, así como seguros de vida o pensiones.
Adicionalmente, determina que solo los titulares de las dependencias contarán con un secretario particular y un chofer, desaparece la figura de directores generales adjuntos, en tanto los gastos por telefonía celular, combustibles, viáticos, remodelación de oficinas y mobiliario, entre otros, no podrán exceder el monto autorizado en el ejercicio fiscal.
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Con la nueva norma que en próximos días será publicada por el Ejecutivo, también se pretende que en la adquisición de bienes muebles e inmuebles se privilegie la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, por lo que las compras y arrendamientos deberán que hacerse por licitación pública.
