Hace aproximadamente un año se publicó la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California (29 de octubre de 2018) en la que se instituye el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación a las víctimas en los ámbitos estatal y municipal.
Implementar las leyes en materia de víctimas es una tarea pendiente e imperante desde el año 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas (9 de enero de 2013), ya que con esta norma recayó la obligación para las Entidades Federativas de integrar las Comisiones de Atención a Víctimas Estatales en los siguientes 90 días; plazo que se superó en Baja California por aproximadamente cinco años.
A más de un lustro de nacer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y a casi un año de instrumentarse el Sistema Estatal, este sigue sin instalarse; ello en perjuicio de todas las personas víctimas de violaciones a Derechos Humanos y del delito. Aunque recientemente se publicó la convocatoria para ser titular del órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas (la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas), este es solo un paso hacia el camino que se emprende para llegar a la reparación integral del daño.
La reparación integral del daño es una de las fases imprescindibles del acceso a la justicia que permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto victimizante y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera cometido; y de no ser esto posible, el pago de una indemnización justa, como medida resarcitoria.
Esta comprende las diferentes maneras de cómo los gobiernos pueden hacer frente a la responsabilidad institucional en que han incurrido, alcanzando las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. La reparación es una obligación del Estado y se encuentra consignada en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como defensora de Derechos Humanos, siempre he observado las dificultades que atraviesan las víctimas para que les sea reparado el daño de manera integral, especialmente las derivadas de violaciones a Derechos Humanos. Lo anterior es claro cuando se pasa del discurso al plano fáctico; por ejemplo, en un caso de desaparición forzada, como medida de satisfacción por antonomasia, el Estado debería determinar el paradero de la víctima o identificar y entregar sus restos mortales.
El caso de Rosendo Radilla Pacheco fue emblemático para México, por ser derrotero de la importante reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, al haberse dictado una sentencia por parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que estableció la responsabilidad estatal por su desaparición forzada (ejecutada por militares en 1974); aunado a ello, a más de 45 años de su desaparición, el Estado no ha dado con su paradero.
Podría plantear muchos otros casos de desaparición o en los que, para lograr la reparación del daño se requiere de instrumentar medidas de no repetición o compensación, las cuales, para su formación, requieren de políticas y recursos públicos; por ello la urgencia para la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas en Baja California.
Por otra parte, es vital observar la experiencia del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, de lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas identifica que no opera plenamente debido a la falta de atención y coordinación de las instituciones públicas, lo que considero deberá de atender el Estado para evitar esta situación. Aprender de la experiencia nacional ayudará a mejorar los procesos locales.
Esta falta de atención y coordinación se debe de resolver a nivel federal, por lo que considero sustancial el diálogo y la sensibilización institucional como camino para reparación integral del daño.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
