El senador Germán Martínez Cázares presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito en calidad de amicus curiae (amigo de la corte), con el que pide que se declare inconstitucional la reforma para la ampliación de mandato de dos a cinco años de la próxima gubernatura en Baja California, denominada “Ley Bonilla”.
El legislador por el partido Morena y ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, planteó que la Ley aprobada por el Congreso de Baja California, que aprueba la ampliación de mandato de Jaime Bonilla Valdez, violenta los derechos humanos.
En el escrito, el senador de Morena expresó que la llamada “Ley Bonilla” es “un atropello a la soberanía y a la dignidad cívica de las bajacalifornianos y bajacalifornianos”. El senador añadió que su solicitud tiene el objetivo de proporcionar elementos a los ministros que demuestren que dicha reforma vulnera la Constitución.
Martínez Cázares justificó que la misma Constitución federal señala que el Senado de la República es y debe ser garante del respeto, protección y promoción de los ciudadanos de Baja California a elegir a sus autoridades en las condiciones de certeza y regularidad que exige un régimen de gobierno democrático, mismo que se ha puesto en riesgo en Baja California.
“En efecto, las reformas bajacalifornianas en comento buscan negar la periodicidad cierta, alterar la legalidad vigente, poner en riesgo el régimen interior de su mandato, alterar el pacto federal igualitario para las entidades federativas y pervertir el espíritu fundacional del derecho humano a decidir libre y ordenadamente al gobierno”, abundó.
“Baja California no puede ser experimento político ni ensayo electoral, ni es la isla de legalidad, que se sustrae elásticamente de nuestra ley fundamental”, indicó el senador de Morena, quien añadió que lo sucedido en Baja California, constituye una violación flagrante al Estado de derecho y a los derechos humanos, en especial a los político-electorales consagrados en la Constitución federal, así como en los tratados internacionales en la materia, suscritos por el Estado.
Martínez Cázares señaló que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Carta Democrática Interamericana, instrumentos internacionales suscritos por México, se ven vulnerados por las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso bajacaliforniano.
“La reforma a la Constitución local de Baja California, que amplía el mandato del gobernador, viola la garantía de acceso al poder y vulnera su ejercicio al ser ilegal y contraria al Estado de derecho, vulnerando la separación e independencia de los poderes públicos, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [TEPJF] ya había emitido con anterioridad una sentencia mediante la cual determinó la improcedencia de la prolongación del mandato”, detalló.
El legislador se refirió, además, a la consulta popular que se llevó a cabo el 13 de octubre pasado, fue “ilegal y violatoria de los derechos humanos”, además de que resulta cuestionable la legitimidad de la misma a partir de que participaron solamente 53 mil ciudadanos, el equivalente a 1.9 por ciento del electorado del estado, y de éstos, 84.25 por ciento votaron por un mandato de cinco años.
“Es decir, que sólo poco más de 1 por ciento de la población de Baja California apoya la ampliación del mandato”, se cuestionó el senador, quien pidió a la SCJN que se resuelva inconstitucional la modificación que se hizo la Constitución de Baja California, a fin de ampliar el próximo mandato de gobierno a cinco años, por resultar inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de los derechos humanos de los que el Estado mexicano”.
El pasado viernes, los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) promovieron, cada uno por separado, acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN y el lunes el Gobierno de Baja California hizo lo mismo.
Además, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), adelantó que la institución a su cargo acudirá a la Suprema Corte para interponer también una controversia constitucional contra el decreto No. 351, por medio del cual se reformó el artículo Octavo Transitorio de la Constitución bajacaliforniana, y con el que se amplía el mandato de Bonilla Valdez de dos a cinco años.
“Ya hay varias acciones [de inconstitucionalidad] que están presentándose. En el Instituto Nacional Electoral estamos analizando cuál es la ruta jurídica para también ser copartícipes de una impugnación a dicho intento de atropellar la democracia constitucional”, refirió Córdova Vianello.
Asimismo, el ministro Fernando Franco Salas será el encargado de analizar y presentar un proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada “Ley Bonilla”, que han sido presentadas desde el pasado viernes, cuando entró en vigencia la reforma constitucional del estado de Baja California.
